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El Tribunal Superior de Bogotá le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI), determinar la posible responsabilidad del expresidente Belisario Betancur Cuartas (1982-1986) por las violaciones a los derechos humanos cometidas el 6 y 7 de noviembre de 1985 en la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y la recuperación del mismo por parte de las Fuerza Pública.
Esta determinación del Tribunal fue tomada en el fallo donde ratificaron la condena de 30 años de prisión al coronel Luis Alfonso Plazas Vegas, como autor de los delitos de desaparición forzada de la guerrillera del M-19, Irma Franco Pineda y Carlos Augusto Rodríguez Vera en estos mismos hechos.
El Tribunal le solicitó intervenir a la CPI en este caso ya que a su juicio hay una "inexistencia de pronunciamientos por parte de autoridades judiciales". En este caso, de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, quien en tres oportunidades archivó la investigación contra el expresidente Betancur.
"Se dispone exhortar a Luis Moreno Ocampo o quien haga las veces de fiscal principal ante la Corte Penal Internacional, para que considere presentar el caso ante dicho organismo e impida la consolidación de la impunidad que brinda el fuero que protege al expresidente de la República en el ámbito interno colombiano", dijo el Tribunal.
Dicho fallo, como la determinación, se dio con los votos de los magistrados Fernando Pareja Reinemer y Alberto Poveda. El magistrado Hermes Darío Lara salvó su voto sobre esta decisión.
Jorge Aníbal Gómez, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y quien hizo parte de la Comisión de la Verdad sobre los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia, aseguró que "la CPI como tribunal subsidiario de justicia, sí tiene competencia para juzgar a cualquier persona, incluida un expresidente de un país, cuando la justicia no se ha aplicado, es insuficiente o negligente la investigación por algún delito".
Gómez también indicó que si bien en 1985 no estaba tipificado el delito de desaparición forzada dentro de la jurisprudencia del país, "este delito adquiere vigencia hasta hoy porque las personas continúan desaparecidas, es decir, que la conducta punible sigue cometiéndose".
El recurso de casación
Jaime Granados, abogado penalista y apoderado del coronel Plazas Vega, prefirió no referirse sobre la solicitud que le hizo el Tribunal a la CPI para que investigue a Betancur. Sin embargo, el jurista aseguró que la ratificación de la condena contra su defendido "ha ingresado a las páginas de la infamia de la justicia universal".
"Sin que exista un solo testigo o una prueba en contra de un hombre inocente se le está ratificando una condena que equivale a una cadena perpetua. Además, se tuvo en cuenta el testimonio espurio del testigo Villamizar", dijo Granados quien interpondrá esta semana el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia para que anule el fallo.
El Tribunal Superior de Bogotá ordenó, además, la publicación de la sentencia condenatoria, por un año, en las páginas web del Ministerio de la Defensa y del Ejército Nacional, "para que sirva de ejemplo de lo que no debe hacer la Fuerza Pública".
A su vez, el Tribunal le ordenó al Ministerio de Defensa, a los comandantes de las Fuerzas Militares, el Ejército, la Brigada 13 y de la Escuela de Caballería, para que en un plazo de tres meses "celebren un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá pidiendo perdón a la comunidad por los delitos ejecutados los días 6 y 7 de noviembre de 1985 que llevaron a la desaparición de estas dos personas".