Tribunales definirán el futuro de Porce IV

Agotado todo recurso gubernativo ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), ahora Empresas Públicas de Medellín (EPM) dará la pelea en los estrados judiciales para no pagar una multa de 23.680 millones de pesos ante la imposibilidad de construir la central hidroeléctrica Porce IV, en el norte de Antioquia.

Así responde EPM a la decisión de la Creg, oficializada mediante la Resolución 124 del 22 de diciembre de 2011, de la que fue notificada el jueves pasado y a la que tuvo acceso este diario (ver facsímil).

Con este acto administrativo de 45 páginas respondió el ente regulador uno a uno los argumentos que expuso EPM en su recurso de reposición presentado en atención a la Resolución 104 del 19 de agosto del año pasado.

Allí la Creg considera como "un incumplimiento grave e insalvable" de EPM la suspensión indefinida del proyecto que participó en la subasta de 2008 y que para diciembre de 2015 debería estar en operación con una capacidad instalada de 400 megavatios de energía.

Razones de fuerza mayor...
Desde diciembre de 2010, EPM alega con múltiples pruebas, que no existen las condiciones sociales ni de seguridad para construir el proyecto energético, cuyas obras se tasaron en 800 millones de dólares, a precios de diciembre de 2007.

La viabilidad del proyecto se vio herida de muerte con el crecimiento exponencial de la población asentada en el área de influencia del proyecto, sobre todo de mineros, que pasó de 2.799 personas en 2006 a más de 15.000 personas en 2010. Y eso sin contar con la notable presencia de grupos armados al margen de la ley y de cultivos ilícitos en la zona.

EPM no haya explicación lógica en que la Creg no se considere competente para reconocer que son razones de fuerza mayor las que llevaron a la suspensión del proyecto, pero que sí lo sea para sancionarla económicamente.

"Desde finales de 2010 hemos mantenido informada a la Creg de la situación en la zona", manifestó a este diario en noviembre pasado Jorge Mario Pérez, gerente de Generación de Energía.

Tampoco le parece razonable a EPM que el Gobierno exija mediante uno de sus entes unas garantías dentro de una subasta para la asignación de Obligación de Energía en Firme, en 2008, cuando el mismo Estado no ofrecen garantías necesarias en materia de orden público para asegurar la construcción de la central en las condiciones que fue presentada en la subasta.

La Creg se pronuncia
El director Ejecutivo de la Creg, Javier Augusto Díaz Velasco, es enfático en señalar que la Resolución 184 es extensa en sus consideraciones y exponiendo por qué no prosperan los argumentos de la contraparte.

Palabras más, palabras menos, la resolución le recuerda a EPM que sabía de antemano al presentarse en la subasta cuáles eran las condiciones para hacer efectiva la garantía de cumplimiento, aún en condiciones adversas al proyecto.

Sobre los motivos de fuerza mayor que alega el dueño del proyecto, agrega el funcionario que "la Creg fue muy clara durante la actuación administrativa que culminó con la Resolución 104 de 2011, llegando al punto de preguntar mediante auto, ¿si era el interés de EPM que dicha argumentación fuera considerada? Dicha petición no tuvo respuesta por parte de EPM".

Agregó el director de la Creg que de ninguna manera se afecta la confiabilidad del sistema eléctrico nacional con la no entrada de Porce IV. Esta eventualidad fue tenida en cuenta en la subasta de energía por Cargo de Confiabilidad que se realizó en diciembre pasado.

¿Qué sigue en este pleito?
Ahora, se espera que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie en segunda instancia sobre una tutela que EPM interpuso como recurso extraordinario alegando la violación del debido proceso por parte de la Creg. La tutela fue presentada el 4 de octubre pasado ante el Tribunal Superior de Medellín, el cual la consideró improcedente en noviembre y su fallo fue impugnado.

En el pleito en los estrados judiciales, EPM cuenta con poco menos de cuatro meses para interponer una acción de nulidad ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, cuya decisión puede tardarse entre seis y ocho años. Si la respuesta es negativa, queda como segunda, y última instancia, el Consejo de Estado, donde el expediente reposaría cerca de otros tres años.

Así las cosas, determinar el futuro de Porce IV puede tomarse más de una década en los tribunales, a no ser que la Corte Suprema cambie la historia con un fallo de tutela que EPM espera sea a su favor.