El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, hizo un llamado a los Ministerios de Interior y Defensa, así como a los organismos de seguridad del Estado,
para que adopten las medidas encaminadas a prevenir, neutralizar recientes ataques contra las víctimas del conflicto armado y los líderes sociales en diversas regiones del país.
Esto al expresar su rechazo y preocupación frente a hechos como el asesinato de dos representantes de las comunidades indígenas en Chocó y
la muerte en extrañas circunstancias de un integrante de la mesa de víctimas en el departamento del Quindío.
De acuerdo con la entidad,
a partir de un estudio realizado por su Sistema de Alertas Tempranas (SAT), y entrevistas a líderes sociales, se estableció que actualmente hay
336 representantes de las víctimas a nivel nacional son objeto de amenazas.
“En el caso de Ancízar Ruiz Ceballos, víctima de desplazamiento forzado y cuya muerte no ha sido aclarada por las autoridades, existen
antecedentes sobre mensajes intimidatorios de presuntos integrantes de “Los Urabeños” contra algunos de sus compañeros en la mesa departamental de participación efectiva en el Eje Cafetero”, informó la entidad.
Cabe recordar que durante el último año, la Unidad Nacional de Protección (UNP), realizó 1.848 evaluaciones de riesgo para representantes o activistas
de organizaciones de víctimas, defensoras de derechos humanos, sociales, cívicas y comunales, de las cuales 1.056 fueron catalogadas con nivel extraordinario de riesgo y 643 en la categoría de riesgo ordinario.
Las situaciones evidenciadas por la Defensoría del Pueblo a través de su estudio, están localizadas en 17 departamentos, para los cuales el Sistema de Alertas Tempranas ya había emitido con anterioridad informes de riesgo y notas de seguimiento que cobijaban a 52 municipios ubicados en regiones como el mismo Quindío, Antioquia, Arauca, Bolívar, Córdoba, Sucre, Caquetá, Guajira, Cundinamarca, Meta, Nariño, Santander, Valle del Cauca y Chocó.
Precisamente este último departamento fue escenario, el pasado fin de semana, del asesinato de los líderes indígenas Ernelio Pacheco Tunay y Miguel Becheche Zarco,
quienes fueron interceptados por hombres fuertemente armados cuando se movilizaban en embarcaciones por los ríos Nauca y Baudó, respectivamente, en una zona donde la confrontación entre la guerrilla del Eln y 'Los Urabeños', bajo el nombre de 'Autodefensas Gaitanistas', mantiene atemorizada a la población.
En ese sentido, ante este panorama, el Defensor del Pueblo pidió no confundir la ausencia de recursos con la necesidad de
garantizar la protección de las personas en riesgo, particularmente si se trata de las víctimas y los líderes sociales.
Por otro lado, la Defensoría expresó su preocupación por hechos como el supuesto plan pistola contra miembros de la Fuerza Pública en regiones como Antioquia y Córdoba, d
onde se han presentado ataques contra personal en actividades fuera del servicio y donde, en algunos casos, han significado escenarios de riesgo para la población civil.
En este sentido, Otálora Gómez llamó la atención respecto de acciones como el asesinato de dos contratistas de Ecopetrol en Norte de Santander atribuido al Eln, y
reiteró su reclamo a los grupos armados ilegales para que acaten los principios del Derecho Internacional Humanitario.