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Además de la actualización catastral decretada el año pasado sobre toda la ciudad, a la comuna de El Poblado le ha llegado por partida doble un nuevo impuesto llamado valorización; una factura de $458.362 millones por unas obras que afirman, mejorarán la movilidad, mientras otros señalan que ver pasar más carros no generará plusvalía sino que, por el contrario, los puentes desvalorizarán edificios y apartamentos además de causar contaminación por ruido y material particulado.
Invocar como referente que desde el año 1938 el 80 % de la red vial arterial de Medellín se hizo posible, gracias a la contribución de valorización, es un argumento peregrino que desconoce que eran otros los tiempos y circunstancias que justificaban su aplicación; épocas en que grandes extensiones de suelo urbano en las comunas de Guayabal, La América, por ejemplo, carentes de infraestructura de servicios necesaria para ser incorporadas a procesos urbanísticos o el caso de El Poblado. Comunas que disponían de precarias vías, y el Municipio hubiese decidido emprender las acciones necesarias para decretar y ejecutar las obras necesarias.
Eran épocas en que el sistema no tenía resistencia porque al final, los valores resultantes de la tierra por causa de la ejecución de las obras, terminaban siempre superiores a los valores facturados por concepto de contribución de valorización.
Pero es que hoy ya no aplica el sistema en sectores de la ciudad que ya cuentan con servicios públicos esenciales como energía, acueductos, alcantarillados, vías, canalización de quebradas etc., donde el aprovechamiento económico ya está al límite o está consolidado y en tales casos, difícilmente el municipio podrá demostrar que la construcción de obras para resolver problemas de movilidad sean factores que generarán plusvalía; la filosofía en la cual está sustentado y radica el sistema es que el mayor valor de los inmuebles causado por las obras que emprenda el Municipio tiene que ser real, demostrable y concreto para hacer efectivo su cobro.
Así de claras y sencillas son las leyes y decretos en las cuales está sustentada la legalidad del sistema de la valorización y las resoluciones distribuidoras que expidan los municipios no deben exponerse a que prosperen las demandas de nulidad del pago de valorización cuando pretendan cobrar obras como intercambios o ampliaciones de vías para que pasen más vehículos, cuyos beneficios son para toda la ciudad.
No en vano los estudios encomendados por la administración municipal a la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, para intentar predecir los valores del suelo mediante el uso de un modelo matemático que analizara las variables ambientales y la movilidad, una vez desarrollados los proyectos, concluyeron al final que los resultados no serían confiables.
Preocupante que el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial para los próximos doce años haya contemplado la contribución de valorización como una de las principales fuentes de financiación de las obras públicas; sería como entregar una "patente de corso" a la administración para abusar del sistema sin antes demostrar la factibilidad económica y social de un proyecto.
Preocupante que una ciudad que tiene una cartera morosa de $696.000 millones ($402.000 millones de industria y comercio y $238.000 millones de impuesto predial) a septiembre de 2014, haya determinado expedir la resolución que grava una población de más de 70.000 propietarios sin antes haber agotado otras fuentes de financiación como los impuestos, pues no hay duda en que las obras de El Poblado son de interés general y beneficio común.