La Procuraduría General de la Nación anunció que esta semana entregará su investigación sobre las inasistencias no justificadas a las sesiones plenarias del Congreso de la República.
Así lo confirmó la procuradora Delegada para la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, quien hace dos semanas realizó una visita a la Secretaría General del Senado.
"El trabajo ha sido extenso y le entregaremos el resultado al Procurador General, que es quien anunciará los resultados. Confrontamos la documentación recolectada en el Congreso y examinamos si hubo excusas y si son justificadas o no. Además, comprobamos si la Comisión de Acreditación hizo las observaciones y si estudió las mismas", sostuvo la procuradora Carreño Gómez.
En este trabajo del Ministerio Público se revisaron las actas de esta legislatura (desde el 20 de julio pasado).
Ha mejorado la asistencia
Debido al ausentismo en las plenarias, el presidente del Congreso, Javier Cáceres Leal, ordenó hace un mes que se descuente el salario a los legisladores que no justifiquen su ausencia y, por eso, pidió a la Contraloría y a la Procuraduría que le ayudarán con medidas al respecto.
Cáceres mostró su descontento por la poca asistencia a las plenarias y a las diferentes comisiones. Aunque dejó en claro que en las últimas plenarias ha mejorado la asistencia.
Uno de los problemas que destaca ahora la mesa directiva del Senado es la permanencia. "Iniciamos las reuniones con quórum decisorio y a medida que se van votando las iniciativas se desbarata para poder aprobar los proyectos", dice Cáceres.
Esa falta de senadores a la hora de votar los proyectos ha hecho que en el recinto en más de cuatro oportunidades durante el último mes no se haya completado el registro de 52 personas que se necesitan para votar.
Es más, en otras oportunidades no se llegó ni siquiera a 28 asistentes para lograr el quórum deliberatorio y por eso se tuvieron que suspender las plenarias.
Estas ausencias, en una legislatura previa a la campaña electoral, en la que se sabe que los congresistas viajan a las regiones para realizar su trabajo proselitista, hundió, por ejemplo, la aprobación del proyecto de reforma política, que ya no cuenta con tiempo para hacer tránsito en el Congreso.
"Hemos agotado todas las vías para lograr que mis colegas acompañen la discusión de los diferentes proyectos. Aceleramos a fondo el tema de las sanciones y esperamos que en las sesiones que faltan se cumpla la agenda legislativa", comenta Cáceres.
Entre los senadores con mayores ausencias están Claudia Rodríguez, del partido de la U con siete inasistencias; una de ellas sin excusa. También está el senador, también de la U, Enrique Gómez Montealegre, quien cumpliría con el registro de las sesiones, pero no permanece en ellas.
Lo que dice la ley
Para Cáceres, la Constitución y las normas están hechas para que los congresistas puedan burlar las normas.
Según la Constitución Política de 1991, en su artículo 183, "los congresistas pueden perder la investidura, entre otras causales, por la inasistencia, en un mismo periodo de sesiones, a seis reuniones plenarias en las que se voten proyectos de acto legislativo, de ley o mociones de censura".
Sin embargo, como reconoce Cáceres, si ni siquiera hay quórum para legislar, mucho menos lo hay para votar y aprobar. "Por eso esta norma está muy lejos de ser cumplida", agrega.
De otro lado, la Ley Quinta (Reglamento de Funcionamiento del Congreso), en el artículo 271 dice que "la falta de asistencia de los congresistas a las sesiones, sin excusa válida, no causará los salarios y prestaciones correspondientes. Ello, sin perjuicio de la pérdida de la investidura cuando hubiere lugar".
La actual legislatura acabaría el 17 de diciembre, aunque según se conoció, se convocaría, según la voluntad del Gobierno Nacional, a dos días de sesiones extraordinarias.
Como van las cosas, y a la espera del informe que entregue el procurador Alejandro Ordóñez, algunos senadores, según las directrices de las Presidencia del Senado, tendrán que devolver dineros de los días en los que no laboraron o no pudieron sustentar sus ausencias.
Cada congresista gana 21 millones de pesos (700 mil pesos al día). Habrá que ver qué tipo de anomalías encuentra el Ministerio Público y qué tan graves son para hacer que alguno pierda eventualmente su investidura o tenga que responder con su sueldo (que pagan los contribuyentes) por la falta de compromiso a la hora de legislar en favor de los colombianos.