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UNA NUEVA REFORMA PENITENCIARIA

Por FERNANDO VELÁSQUEZ V. | Publicado el 9 de febrero de 2014

Colombia tiene una población de internos en establecimientos de reclusión y regionales que, según datos del INPEC a 31 de diciembre de 2013, ascendía a 120.032 personas, cuando la capacidad real de esos centros era de 76.066 personas, con un hacinamiento del 57.8 % (http://www.inpec.gov.co/portal/page/portal/Inpec); sin embargo, las cifras de privados de libertad son muy superiores, pues allí no se comprenden los recluidos en estaciones de policía, guarniciones militares, centros provisionales de detención (DIJIN, SIJIN y CTI), cárceles municipales y en sus propios domicilios.

La situación es tan dramática que la propia Corte Constitucional ha declarado el "estado inconstitucional de cosas" (sentencias T-296 y T- 153 de 1998) sin que, pese a los notables esfuerzos del Ejecutivo con grandes inversiones en la infraestructura carcelaria, la situación haya sido superada. Ese mismo tribunal dice no ser competente para tramitar los incidentes de desacato, presentados a raíz del incumplimiento de lo dispuesto, pues ella solo "…se limita a constatar la aparente grave situación en la que se encuentran muchas personas privadas de la libertad, según la información presentada por los solicitantes y a dar traslado de la misma a las autoridades competentes constitucional y legalmente para tomar las medidas adecuadas y necesarias a que haya lugar, para asegurar el imperio del orden constitucional vigente y de los derechos constitucionales que reconoce" (Auto 041 de 2011). ¡Bonita manera de tornarse en Rey de Burlas…

Justo en ese contexto debe ubicarse la expedición de la Ley 1709 de 2014, por medio de la cual se introducen plurales modificaciones al Código Penitenciario, –en plan de modernizar y actualizar la desueta Ley 65 de 1993, despachada cuando el régimen penal era otro, en materias como el trabajo y la resocialización de los internos, la flexibilización de las medidas privativas de la libertad, la seguridad en los centros de reclusión con especial énfasis en las comunicaciones, el diseño de un fondo nacional de salud para los privados de libertad, las audiencias virtuales, previsiones en materia de los jueces de ejecución de penas, la nueva clasificación de los centros de reclusión, las medidas para traslados y permisos, el rediseño del inoperante Consejo Superior de Política Criminal y, en fin, la creación de una Comisión de seguimiento a las condiciones de reclusión– y algunas al Código Penal –en esencia, las atinentes a los sustitutivos penales que tocan con una decena de sus artículos–.

En verdad, se trata de una reforma que no cambia la difícil situación existente, porque la violación crónica de los derechos de los privados de libertad continúa y la tan cacareada resocialización no aparece por ninguna parte, para dejar en el olvido lo dispuesto en el artículo 4° de esa Ley: "En los establecimientos de reclusión prevalecerá el respeto a la dignidad humana, a las garantías constitucionales y a los Derechos Humanos universalmente reconocidos. Se prohíbe toda forma de violencia síquica, física o moral".

Y, así se pueda saludar de forma positiva dicha normatividad, el real y verdadero fin buscado con ella es descongestionar los centros de reclusión, en una cifra estimada en cerca de 9.000 reclusos, algo llamado a generar debates porque los futuros beneficiados son los incursos en delincuencias de menor calado que tanto preocupan al colectivo social. Una renovada forma, pues, de hacerle el quiebre a las órdenes de la Corte Constitucional, a la Carta Fundamental y, por supuesto, de evadir precisas obligaciones en el ámbito internacional.

Así las cosas, el pomposo texto del nuevo art. 10A del Código Penitenciario está condenado a ser música celestial: "El sistema penitenciario velará por el cumplimiento de los derechos y las garantías de los internos; los que sólo podrán ser limitados según lo dispuesto en la Constitución, los tratados internacionales, las leyes y los reglamentos del régimen interno del Establecimiento Penitenciario y Carcelario". ¡Todavía pretendemos, o eso nos hacen creer, que las normas tienen el poder mágico de transformar la realidad…

Interacción y participación

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3 Comentarios - 26 de julio de 2014
  • Antoniojose Comentario realizado el 2/9/2014 2:02:31 PM

    Bien lo que plantea TABOS, pero debe fijarse en su ortografía. escribe ASINAMIENTO en vez de HACINAMIENTO....Cuidemos el lenguaje, por favor....

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  • OSCARFER Comentario realizado el 2/9/2014 12:35:18 PM

    Para "tabos" lo que usted expresa es correcto pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana........y mientras qué?

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  • tabos Comentario realizado el 2/9/2014 5:24:53 AM

    El tema del asinamiento carcelario no debe pasar tanto por las normas regulatorias, que no solucionan el problema, sino por determinar como prevenir que mas personas lleguen a ser enviadas a esos centros penitenciarios. Me refiero a la necesidad de generar mas y mejor educacion, mas oportunidades de trabajo digno, de menos desigualdad economica y social, es decir, la necesaria transformacion de la vision de la sociedad en un pacto social mas equitativo, menos desigual en favor de unos pocos y en contra de la mayoria. No son solo leyes, es verdadera conciencia soacial.

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