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La reforma a la Justicia, que empieza su quinto debate se aleja de su cometido de cambiar la Rama Judicial y se acerca a más a una Reforma Política que pretende cambiar las condiciones de la política nacional.
La Misión de Observación Electoral, MOE, encuentra que en el texto propuesto en un principio, de cada tres artículos, uno correspondía más con normas de funcionamiento del Congreso de la República y del Ejecutivo, que con las necesidades que se había propuesto saldar este acto legislativo, que ya pasó su primera vuelta por ambas cámaras.
"La MOE identificó que de 33 artículos que tenía el proyecto en primera vuelta, 11 tenían que ver con temas, netamente de reforma política o de estructura y funcionamiento del Estado y no específicamente la problemática de la justicia, que tradicionalmente han sido la congestión judicial, la impunidad y el acceso a la administración de justicia", señaló Juan Gabriel Navarrete , coordinador Jurídico de la MOE.
Problemas sin solución
La norma que pretende reformar la Rama Judicial, le da la espalda a los problemas graves de la Justicia en el país y habla de temas como la denominada silla vacía, la investigación de aforados, la pérdida de la investidura, la elección de altos dignatarios, como el Contralor y el Procurador, que a todas luces son de tipo político.
El constitucionalista Juan Manuel Charry , hace una lectura diferente a la de la MOE, reconociendo que, efectivamente, se distinguen algunos apartes de la reforma que son políticos, pero que eso no implica que esta sea en su totalidad política.
"Sí tiene elementos políticos que tienen que ver con las relaciones de la Rama Judicial y otras ramas del Estado, pero yo no la calificaría de reforma política, por lo que comúnmente se entiende. Es decir, una reforma del régimen electoral", indica Charry.
Y agrega, "en efecto toca aspectos políticos y el diseño de las ramas del poder público, pero en mi opinión, no es que esté velada una reforma política con la apariencia de una reforma judicial. Está proponiendo reformar". Enfatiza además que, "está bien presentada como una reforma Judicial, en el sentido que toca decisiones de las altas cortes en relación con las otras ramas del poder público".
El senador y ponente para quinto debate de esta reforma, Juan Carlos Vélez Uribe , es aún más crítico con la posición de la MOE, y agrega que no sólo no es política sino que es absolutamente judicial. "Esta es definitivamente una Reforma a la Justicia" señala el senador por el Partido de la U.
"Creo que tiene ese ingrediente", opina otro miembro de la comisión de ponentes en el Senado, el congresista del Polo Democrático, Luis Carlos Avellaneda. Se pretende "desjudicializar temas que hoy corresponden a la rama jurisdiccional, quitarle competencias para trasladarlas a empleados judiciales, notarios y particulares".
Debate público
Para Avellaneda, lo grave es que si se sigue mirando como una reforma judicial simplemente y no se pone cuidado a una serie de temas, como el régimen disciplinario del Congreso, por cuestiones que llaman más la atención, como el fuero militar, por ejemplo.
Hay temas que a juicio de los ponentes es necesario estudiar como la eliminación de las medidas de aseguramiento de los aforados, que deja a los investigados por parapolítica con posibilidad de seguir votando en el Congreso.
También llama la atención que los congresistas investigados puedan votar las normas disciplinarias que los regirán en el futuro, pues se incluye una especie de "mico" que determina que "no habrá conflicto de intereses a la hora de debatir los proyectos de ley que regulen el presente acto legislativo".
El llamado de la MOE es contundente: "si quieren hacer esas reformas que sea públicamente debatido, pese a que se llama reforma a la Justicia, trata temas de estructura del Estado", denuncia Navarrete.
Y agrega, "esta bien, si quieren hacerlo, háganlo, pero que se hagan con un debate de cara al país".