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En la puerta de Bonaire, la parcela ubicada en Macondo, los esperaban su hijo Fidencio y la esposa de este. No hubo mariposas amarillas ni realismo mágico, como se cuenta en los libros, pero sí la realidad como la ocurrida a la mujer del vecino, "la de Chucho", a quien la mordedura de una serpiente, dos noches antes, le quitó la vida esa mañana calurosa.
"Se murió porque el marido no la llevó al médico, diciendo que él sabía quitar el veneno", narra Fidencio. Porque cosas así, y otras parecidas, suceden en Macondo, un caserío de Turbo al que solo puede accederse por Chigorodó, luego de dos horas de caminos polvorientos y empedrados, cercados por plantaciones de banano y teca.
Silda Lara de Calle (así se presenta y así aparece en la cédula), volvió a su finca Bonaire, en el Urabá antioqueño, el 6 de diciembre de 2012, 16 años después de que los violentos la sacaran de las 34 hectáreas y 750 metros cuadrados de tierra que fueron suyos por años, y que ahora reclama junto a su esposo, José María Calle.
—Esto está muy bonito—dice Silda, acercándose al portón—. Enjuga las lágrimas con una toalla que cargó durante el viaje en su hombro izquierdo y llena de bendiciones a Fidencio y a la que sería su mujer hasta el fin de sus días.
El hijo le besa el cabello gris, esa senectud en su cabeza. Se sientan afuera de una caballeriza y hablan de la finca, de las gallinas, de José María y su fortaleza para luchar por lo suyo.
En Bonaire nada ha cambiado, o casi nada. Ahí sigue la quebrada, detrás de la casa. Al fondo se ve el cerro Cuchillo, cuyo pico parece romper el cielo cuando traspasa las nubes, y en la inmensidad del silencio, roto por los perros y el mugir de las vacas, está La Mayoría, la casa principal en la que José María invirtió 9 meses para construirla "y en la que me gasté 107 láminas de zinc. Porque solo yo sé cuántas gotas de sudor pasaron por esta frente para hacer la finca".
Pero ni La Mayoría ni la finca, "por ahora", son de ellos, asevera José María. La casa de tablas grises está habitada por cuatro muchachos "que son los cuidanderos que puso José Vicente Cantero, que me quiere quitar mi tierra, para que no nos metamos a lo que es mío".
Cansado de esperar a que el Gobierno le reconozca lo que él asegura que es suyo, y después de tantas explicaciones a jueces e inspectores de Policía, José María volvió a su propiedad, según lo refrenda un título del 31 de julio de 1985. Lo hizo hace tres años. Como encontró la casa ocupada, adecuó una pesebrera al lado y se quedó con su hijo Fidencio y su nuera, hasta que el 8 de diciembre de 2012 el inspector de Policía, Jacinto Medrano, los desalojó, con el argumento de "perturbación a la posesión".
Aunque ya no están en el predio, José María no desfallece en su lucha. En la Unidad de Restitución de Tierras de Urabá reposa su solicitud, como reposan otras 1.497 con las que los labriegos reclaman 73.049 hectáreas de tierra en Turbo, Necoclí y Mutatá. Tierras de las que alguna vez salieron acosados por la violencia y el terror infundidos con tiros y amenazas.
El dolor del despojo
El 16 de septiembre de 1996, Silda hacía los quehaceres en Bonaire. Llegaron hasta el predio dos hombres. Uno de ellos es identificado por José María como Jorge Mario Ruiz.
—Le compro la finca.
—Yo no la voy a vender, no tengo orden de venderla- respondió Silda.
—Esa finca la necesitamos. La vamos a pagar a $450.000 la hectárea. Dígale a su marido que venga pa’que nos entregue los documentos.
Sometida por el miedo, Silda quiso salir del predio. "Usted no sale de acá hasta que su marido venga a negociar", recuerda que le dijeron. José María, que se encontraba fuera de la región, se aguantó siete días hasta que viajó a Macondo.
"Les dije que esa tierra no tenía ningún precio, porque mi tierra no la voy a vender por esa plata". El campesino recibió, 15 días después, una carta en que le decían que desocupara.
El 30 de septiembre, Bonaire se quedó sola. Quedaron 11 mulas de arriar, dos vacas y "un ganado a utilidad que nos estaba dando leche". Quedaron las gallinas y las crías de carneros. Quedó el sinsabor de salir de la tierra que, dicen ellos, "conseguimos con esfuerzo".
Un año antes del desplazamiento de José María, los paramilitares dispersos en Urabá se agruparon bajo la sigla de Accu y acogieron a Carlos y Vicente Castaño como comandantes. Entraron a la zona por San Pedro de Urabá y Turbo, en 1995. Iban por todo lo que les oliera a guerrilla.
Ese año se perpetraron en Turbo 347 homicidios, según datos de la Fiscalía 17 de Justicia y Paz. Las estadísticas de la Policía cuentan que de 92 homicidios en 1994, pasaron a 383 en 1995.
"Esta gente llegaba arrasando. Una vez iban a matar a uno de mis hijos. Al patrón lo habían asesinado en la carretera. Él se salvó porque el que mandaron a matarlo lo conocía hacía mucho, entonces le dijo que mejor se fuera. Cuando mi hijo salió de la finca, le echaron candela a todo eso", cuenta José María.
No solo Turbo padeció la ola de violencia instigada por los paramilitares comandados por "Raúl Hasbún", "el Alemán", "H.H." y los Castaño. En Necoclí asesinaron a 130 personas entre febrero y abril de 1995 y desaparecieron a 122.
La violencia desatada provocó que de esa región salieran 171.235 personas entre 1995 y el 2011, como está registrado en el Ministerio de Justicia, situación que fue aprovechada por los paramilitares para quedarse con las tierras.
Carlos Páez, líder reclamante de la ONG Tierra y Vida, explica que "cuando empezó la violencia, la gente empezó a salir. Entonces grandes empresarios empezaron a ofrecerles plata por los predios pero a precios irrisorios y así fue como se quedaron con grandes extensiones. Ellos les peguntaban qué iban a hacer con la tierra, y la gente contestaba que no sabía, entonces le decían que les vendieran porque eso se iba a perder".
Fuentes de Inteligencia de la Policía aseguran que en la época, en un sitio de Medellín llamado Portón Rojo, Vicente Castaño se reunió con los jefes paramilitares: "Miren a ver cómo se consiguen la tierra que yo meto la gente y ustedes se quedan con ella". Después de la reunión, los "paras" fueron a los campos con listas de labriegos para asesinar o para obligar a venderles las parcelas.
Ahí se volvió famosa la frase: "o nos vende o negociamos con la viuda". Fue así como grandes extensiones de tierra pasaron a manos de unos pocos a precios bajos que oscilaban entre $80 mil y $150 mil la hectárea.
"H.H." lo reconoció en una versión libre cuando afirmó que los campesinos se desplazaron a los cascos urbanos. "Allá llegaba ‘Monoleche’ y les ofrecía 50 mil pesos por hectárea y les decía que no podían volver a su tierra. Les pagaban de una".
El exjefe paramilitar aseveró que Jesús Ignacio Roldán, alias ‘Monoleche’, recluido en la cárcel de Máxima Seguridad de Itagüí, fue uno de los paramilitares que más adquirió predios entre San Pedro de Urabá y Turbo para los Castaño. "H.H." enfatizó que las tierras fueron robadas a los campesinos a través de testaferros o apoderados que utilizaron artimañas para despojar y desplazar.
En los estudios adelantados por el Incoder en el norte de Urabá para la restitución de tierras, quedó reseñado que en varios predios actuaron las mismas personas como apoderadas y las tierras terminaron en manos del mismo comprador.
"Tenemos una gran concentración de la propiedad en personas diferentes que han sido cuestionadas, como Zulma Yibi Moreno Cerquera ", afirma un funcionario de la Super Intendencia de Notariado. En los documentos, Moreno aparece como compradora de 18 predios.
Tambien está el caso de Sor Teresa Gómez, mujer cercana al clan Castaño, condenada a 40 años de cárcel por el asesinato de la líder reclamante Yolanda Izquierdo, quien figura como apoderada de los predios El Faro, Así es la Vida, La Unión, La Zulia, La Esperanza, El Martirio, El Campamento, todos vendidos al Fondo Ganadero de Córdoba. Según el Incoder, en el poder dice "mi apoderado queda ampliamente facultado para firmar la escritura de venta a la persona que él elija".
En diciembre pasado, el superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez, anunció que 107 predios que al parecer fueron adquiridos de manera irregular, y terminaron en el Fondo Ganadero de Córdoba, serían devueltos a los campesinos.
"Según la ley no puede haber más de dos predios en manos de una misma persona", explica Vélez. El Super Intendente asevera que los más beneficiados son los labriegos "que fueron obligados a firmar traspasos y poderes, la gran mayoría hechos de manera alterada".
Esta decisión generó inconformidad en el Fondo Ganadero de Córdoba, tanto que apelaron y pidieron la nulidad de esa decisión, como lo confirma a este diario Carlos Sotomayor, gerente de la entidad.
"Esa tierra es para dar trabajo al pueblo de Turbo. Tenemos un proyecto con Caucho San Pedro, que es una empresa que se creó con desmovilizados, desplazados y erradicadores de coca, donde sembramos 250 hectáreas de caucho que van a empezar a dar los primeros resultados", cuenta Sotomayor.
Las irregularidades
En julio de 2005, el presunto despojador de José María fue asesinado a tiros. Desde entonces, dice el labriego, quien quedó detrás de sus tierras fue José Vicente Cantero. "Él me puso varias citas con jueces -cuenta- para reclamar lo que dice que es de él, pero que es mío".
Fue así como José María conoció una oficina del Estado, en la que algunos jueces y abogados le insinuaron en varias ocasiones que recibiera primero cuatro millones de pesos, luego seis y luego 10, para que se evitara problemas.
"Yo les dije que ninguna plata valía mi finca. La doctora me dijo que mi esposa había firmado papeles y yo le dije que eso era falso".
Irregularidades como la que vivió José María fueron encontradas en los estudios adelantados por la Super Intendencia de Notariado y Registro en el norte de Urabá. Además de la participación de notarios y funcionarios del Incoder y del Incora que, según Vélez, se prestaron para los fraudes en esas tierras.
"Acá hubo participación de todo el mundo. Hay resoluciones del Incora de 1999 que ya tenían impresa la palabra Incoder y que fueron inscritas. ¿Cómo sabían que se crearía el Incoder?", preguntan en la Super Intendencia de Notariado.
Al respecto, Gerardo Vega, director de la Fundación Forjando Futuro, asevera que en Urabá lo que hubo fue una oficina alterna del Incoder "para expedir títulos falsos. De esto tenemos 700 casos de resoluciones expedidas por el Incoder o el Incora y que fueron revocadas y entregadas a otros propietarios".
Tierra, ¿en manos de quién?
César Acosta, coordinador de la Oficina de Tierras en Urabá, cuenta que la mayoría de los predios que los campesinos reclaman están en poder de los ganaderos. "En algunas zonas agrícolas que fueron sujeto de reforma agraria o parcelaciones del Incora, se han concentrado algunos terratenientes. Hay una tendencia a utilizar las tierras para ganaderías pero no tenemos estadísticas", afirma.
Pero Gerardo Vega dice que la tierra de los despojados "está en manos de ganaderos, palmicultores y empresarios bananeros", argumento que también expone Carlos Páez, cuando afirma que, "desde el 93 para acá, surgió uno de los mayores desplazamientos del país. El 95 por ciento de las tierras quedó en manos de los empresarios ganaderos, bananeros y palmicultores".
Según Páez, los que insisten en conservar la tierra, lo hacen porque saben que con los grandes proyectos "como la carretera Panamericana o las autopistas que nos conectarán con Córdoba, las tierras cobran un valor inmenso, por eso las han quitado".
Los señalamientos a algunos bananeros, como despojadores, han sido una constante entre algunos de los exjefes paramilitares, entre ellos "Raúl Hasbún". En las versiones libres han señalado, incluso, que recibieron aportes de algunos de los productores para "la causa paramilitar".
El empresario bananero Gabriel Harry Hinestroza se reserva su opinión frente a las declaraciones de los exjefes de las AUC y asevera que de lo que "se puede dar fe es que el eje bananero, en lo que respecta a la tenencia de la tierra en fincas de banano, han sido bien habidas y así lo manifiesta la Superintendencia de Notariado y Registro".
Siguen los armados
En muchas de las zonas sobre las que los labriegos piden restitución, la presencia de grupos armados limita el acceso a las tierras. En el norte de Urabá, "los Urabeños" han copado el territorio, manteniéndolo como espacio clave para las rutas y los cultivos de coca.
En el sur, las Farc siguen en el territorio con prácticas como la compra de tierras, denunciada por algunos campesinos que señalan a alias "Manteco" como comprador de terrenos en el pie de monte del Nudo de Paramillo.
Sin embargo, información recolectada por la Oficina de Tierras de Urabá indica que al parecer ninguno de los grupos armados ilegales está interesado en afectar al restitución. "En Urabá hay una tregua al tema de restitución de tierras porque hay grupos armados que participaron en el despojo pero no están contra la restitución", cuenta César Acosta.
Frente a la seguridad, el subcomandante de Policía de Urabá, coronel Víctor Ángel Gutiérrez Ortega, explica que junto al Ejército realizan el acompañamiento "y la seguridad de las comunidades que van a hacer el retorno y de los funcionarios que van a hacer el proceso".
El coronel Gutiérrez muestra cifras: de las 176 personas capturadas en el 2012 de las bandas criminales, "52 estaban directamente relacionadas con casos de desplazamiento o intimidaciones a los reclamantes de tierras".
El 8 de diciembre de 2012, dos días después de ir a Bonaire con los periodistas para hacer este reportaje, José María fue sacado nuevamente de su finca.
El inspector de Policía, Jacinto Medrano, explicó que el procedimiento de desalojo había iniciado desde el 2010.
—Y si el proceso lleva tanto tiempo, ¿por qué apenas lo hace valer?- preguntó un periodista.
—Eso deberían preguntárselo al anterior Inspector que se demoró casi dos años y medio con este proceso. Yo apenas llevo cinco meses.
—Entonces, ¿por qué apenas lo hace usted?
—Teníamos una acumulación de procesos impresionante en la inspección y una cantidad de querellas atrasadas y esto hay que mírarlo con lupa.
José María fue desalojado de la finca. Dejó pocas cosas que usó en la caballeriza. Mientras Medrano le explicaba que era una salida transitoria, recordó la primera vez que fue desterrado.
"Voy a volver porque mi finca es mía. Nadie sabe las gotas de sudor que rodaron por esta frente para construirla", repitió una y otra vez mientras se subía al vehículo que lo sacaría de Bonaire por segunda ocasión.