Una reforma pensional como la que requiere el país, es antipopular, empezando por cambios paramétricos que impliquen el aumento de la edad de jubilación, como han sugerido expertos nacionales y extranjeros en los dos últimos años en que volvió a ponerse sobre la mesa un ajuste al Sistema General de Pensiones vigente desde 1994.
Pero esa "papa caliente" puede ser más manejable para el segundo mandato de
Juan Manuel Santos, al no tener que estar en función de la reelección y poder hacer el desgaste político que implicará la discusión en el próximo Congreso de la República.
Ahora no hay trabas como las que se presentaron el año pasado como la caída de la reforma a la justicia, que tensó las relaciones entre Congreso y Gobierno, ni tampoco una reforma la salud compitiendo en los apretados tiempos de la agenda legislativa.
Un buen punto de partida para la discusión es el borrador que alcanzó a ventilar en febrero de 2013 el exministro
Rafael Pardo con trabajadores y empresarios, donde no solo se apunta a ganar mayor cobertura y acabar con subsidios a las altas pensiones, sino que se pondría fin a la competencia actual entre los regímenes público de Prima Media (RPM), manejado por Colpensiones, y el privado de Ahorro Individual (Rais), administrado por las AFP.
Básicamente, lo planteado por Pardo es que afiliados del sistema deban cotizar en RPM lo equivalente a un salario mínimo y por encima de ese monto lo hagan en cuentas individuales en el Rais. Aunque a la propuesta no le han faltado críticas y ha sembrado incertidumbres.
Lo cierto es que con dos regímenes complementarios y con ajustes al esquema público para que los subsidios vayan a los que sí los necesitan, no solo crecerá la cobertura y la equidad, también el presupuesto de la Nación tendrá un respiro fiscal.
En términos internacionales, una reforma pensional también le caería bien a Colombia con su pretensión de ingresar a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), que este año presentará recomendaciones en la materia.