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Por Carmen Elena Villa B.Con la legalización del mercado del cannabis, aprobado la semana pasada por el parlamento de Uruguay, este país se convierte en el primero en permitir el cultivo y la distribución de la marihuana, aún cuando el 63 por ciento de su población se opone a esta medida.
El fin es arrebatar el mercado a los carteles y -paradójicamente- evitar la inclinación del consumo de drogas duras.
En Uruguay, la criminalidad asociada al narcotráfico se ha incrementado en un 30 por ciento en los últimos dos años. Es necesario implementar medidas para que esta cifra no siga en aumento.
Pero es una pena que estas medidas sean el rendirse frente al combate en la lucha contra el consumo de drogas.
La legislación de un país debe estar encaminada a regular el comportamiento de las personas de acuerdo a la ley moral natural y prohibir todo lo que represente un peligro para la sociedad y para la salud pública. Al ver la cantidad de prejuicios que trae la producción y el consumo de la droga, vale la pena que sea penalizada. Pero “hecha la ley, hecha la trampa”, como reza el dicho.
Y la trampa del narcotráfico ha tenido un altísimo costo en vidas humanas en nuestro continente y por ello no son pocos los políticos que prefieren legalizar lo que por ley natural es ilícito -por la cantidad de efectos dañinos que genera- para cambiar los efectos que produce el tráfico ilegal de estupefacientes por las consecuencias que trae la producción, control y consumo legal del cannabis.
¿Por qué prohibir el consumo de marihuana? Pues porque no produce ningún efecto positivo a su consumidor: taquicardia, desorientación, problemas motrices y en varios casos depresión y ansiedad que pueden desencadenar en ataques de pánico. Fumarse un porro de cannabis equivale a fumarse cinco cigarrillos uno detrás del otro. Esto no solo trae consecuencias negativas en el individuo sino en todo su entorno, empezando por la familia, núcleo de la sociedad. No es moralismo ni mojigatería. Es sentido común.
Bien lo dijo el presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU, Raymond Yans: “La decisión de los legisladores uruguayos no tiene en cuenta sus impactos negativos en la salud, ya que los estudios científicos confirman que el cannabis es una sustancia adictiva con graves consecuencias para la salud de las personas. En particular, el uso y abuso de cannabis por parte de los jóvenes pueden afectar gravemente a su desarrollo”.
Me sorprende cómo en Latinoamérica vemos ingenua e ignorantemente como modélico el caso de Holanda, que desde 1976 permite la existencia de los coffee shops en los que se puede consumir hasta 5 gramos de marihuana o hachís por persona. Pero este año, Holanda ha endurecido las políticas de consumo, limitando el acceso a personas registradas para evitar el turismo de drogas. También se han cerrado los establecimientos que rodean los centros educativos. 37 años de consumo legal de drogas les ha enseñado a los holandeses que ahora es tiempo de reducir y controlar mejor esta práctica. De que al consumidor le traerá siempre graves prejuicios y de que el turismo por drogadicción afecta gravemente la imagen de su país y la salud física y mental de sus habitantes.
Uruguay quiere entrar así en el paraíso artificial de legalizar la marihuana, lo que trae un altísimo costo a la salud y al bienestar, no solo propios sino de la sociedad misma por la cantidad de efectos colaterales que trae.