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Las muertes ocurridas y la ola de represión emprendida contra la oposición por parte de las fuerzas de seguridad y cuerpos paramilitares en Venezuela representa un punto de quiebre, incluso para la convulsa historia venezolana. De la polarización política hemos pasado, en una semana, a la violencia política.
Los llamados al diálogo se multiplican, pero parecen caer en oídos sordos. Un minoritario sector de la oposición le apostó a la radicalización y a la provocación, repitiendo estrategias fallidas en el 2002. Un mayoritario sector del gobierno y de la coalición que sustenta a Nicolás Maduro le apostó a la represión asimismo provocadora. La violencia en Venezuela ha reemplazado las preocupaciones de la gente sobre la ausencia de alimentos y la aguda crisis económica.
Pero lo que empezó como una confrontación violenta entre dos extremos se ha vuelto una clara violencia de un solo lado. El 19 de febrero, fueron los colectivos, tupamaros, guardia nacional y diversos cuerpos policiales los que la emprendieron contra los habitantes de los barrios en donde la oposición es más escuchada y presente. El estado de terror que ello implicó no tiene justificación, como tampoco la muerte de un tiro en la cabeza de manifestantes, la detención de más 130 estudiantes y las torturas a las que se les habría sometido, de acuerdo a organizaciones de derechos humanos.
¿Quién está detrás de la violencia? Para responder esta pregunta debemos revisar la historia reciente de Venezuela. Las elecciones que condujeron al poder a Nicolás Maduro fueron impugnadas por la oposición y reflejaron la estrategia de que el "ganador se lleva todo". La estrategia pacífica de Capriles, aún cuando fundamentalmente correcta, fue cuestionada desde dentro de la oposición por ineficaz. El propio Maduro apareció perdiendo posiciones y poder dentro del gobierno. Incluso los cambios militares parecían estar controlados por otros, y notoriamente por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional y del PSUV.
Adicionalmente, desde hace varios años el gobierno controla absolutamente todas las instancias clave del sector público, incluyendo a la Corte Suprema, la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo. Además, se ha encargado de ir recortando la libertad de expresión, proceso que ha incluido sanciones contra medios opositores y persecución individual contra periodistas. Ha usado también intermediarios para adquirir el control de la línea editorial de algunos medios.
En este escenario, el opositor venezolano oscilaba entre la rabia y la depresión. Las voces de Leopoldo López y la de María Corina Machado empezaron a sonar más atractivas que la de un moderado Henrique Capriles. La calle apareció como la única opción posible y la confrontación fue inevitable.
Sin embargo, escalar la confrontación solo beneficia en el corto plazo al gobierno, que asume el papel de víctima de un complot de los sectores ricos y de los Estados Unidos.
¿Qué se puede hacer? Lamentablemente Venezuela carece de las instituciones y mecanismos que puedan solventar esta aguda crisis. Es tiempo de que la comunidad internacional reaccione, en especial los países latinoamericanos, que se han acostumbrado a mirar a otro lado cuando se trata de temas venezolanos. El colapso de Venezuela será un grave golpe contra la democracia y la paz en todo el continente. Los países latinoamericanos, como Colombia, deben dejar en claro que no tolerarán más violaciones de los derechos humanos ni más violencia. Además, deben propiciar un debate profundo en la OEA, el CELAC o en UNASUR sobre los enormes costos que estas actitudes violentas entrañan para la región.