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Luego que se conociera el fallo de la Procuraduría que lo destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos por 12 años, el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, se mostró decepcionado.
En una corta declaración a los medios, tras la jornada de este miércoles, comentó: "da un amargo. Mucha impunidad disciplinaria y penal con sectores políticos de esta región y mucha celeridad para juzgarnos a otros".
El fallo, en primera instancia, fue presentado por la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño, y como resultado del proceso en contra del excalde por su presunta participación en política durante la pasada campaña electoral.
"El grado de culpabilidad con que actuó el doctor Salazar fue a título de dolo debido a sus declaraciones en el periódico EL COLOMBIANO del 7 de octubre de 2011 y con los trinos que escribió en el Twitter interfirió en el proceso electoral, dejando de lado la prudencia que le era debida que acarreó que se afectaran los bienes jurídicos que se tenían que proteger como era la preservación de la prohibición a participar en política", anunció.
Y posteriormente la Procuradora añadió: "Debe tenerse en cuenta que el doctor (Alonso) Salazar, pese a su jerarquía y mando, decidió influenciar el proceso electoral. Que su grado de participación en la falta se traduce en que él mismo entregó las fotografías y efectuó las declaraciones a los medios de comunicación".
Una vez se conoció la medida, la defensa presentó recurso de apelación. Por esa razón, esa sustentación fue fijada para el próximo viernes a las nueve de la mañana.
Argumentación de la Procuraduría
En su extensa argumentación, Carreño consideró que en la ciudad hubo constreñimiento electoral.
"En las actas de seguimiento del Consejo Electoral se trató el tema del constreñimiento al elector con base en la información que entregó la MOE", explicó.
Así mismo, hizo alusión a las denuncias sobre la supuesta relación algunos candidatos de las elecciones pasadas y los grupos delictivos.
En su exposición, la procuradora delegada consideró que la manera en que actuó el entonces mandatario no era la adecuada "para conjurar" lo que estaba sucediendo.
"El 7 de octubre luego de la publicación (en el periódico EL COLOMBIANO), el señor alcalde hace una serie de requerimientos a las autoridades... prácticamente da a entender que se quedó solo...en este caso el despacho encuentra que en el acompañamiento del proceso electoral estuvo la Fuerza Pública, la Procuraduría con las herramientas que tenemos...", expuso en la argumentación del fallo.
La procuradora indicó que el Ministerio Público se preguntó por qué el mandatario en su momento no reveló las presuntas irregularidades cuando las conoció en septiembre y solo lo hizo hasta el mes de octubre.
"En esta providencia se concluye que la afectación del orden público podía conjurarse con otras acciones", sostuvo.
Así transcurrió el día
La jornada, que comenzó pasadas las 9:30 de la mañana hasta un receso al mediodía y que se reanudó en la tarde de este miércoles, se centró en la explicación de los términos de la providencia por parte de la procuradora delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño.
Posteriormente, se hizo el resumen de los elementos probatorios y un análisis jurídico de la situación.