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Con las primeras 12 capturas de exconcejales de El Algarrobo y Salamina, en el Magdalena, revivieron dos procesos por parapolítica que parecían estar archivados: el que se adelanta por la firma de los pactos de Chivolo y Pivijay.
La semana pasada, el fiscal General, Eduardo Montealegre , anunció que se harían efectivas unas 60 capturas por estos hechos y en junio vendrían otras por la llamada farcpolítica. Sin embargo, la Fiscalía ha sido hermética frente a estos procedimientos.
El director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte señaló que no se han definido los penales a los que serían trasladados los capturados, pero advirtió que "se les hará un espacio". El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra , indicó que "no habrá medidas especiales" para estos procesados por parapolítica.
Proyecto político de las Auc
Los pactos de Chivolo y Pivijay, firmados en 2000 y 2001, respectivamente, permitieron consolidar la estrategia del bloque Norte de las Auc, al mando de Rodrigo Tovar Pupo (alias Jorge 40) para quedarse con el poder en el Magdalena. Un poder político que, según algunas de las investigaciones de la Fiscalía, también permitió garantizar el desvío de recursos públicos para financiar las actividades de los paramilitares.
El pacto de Chivolo dio origen al movimiento político Provincia unida por una mejor opción de vida, que apoyó la candidatura de José Domingo "Chelo" Dávila a la Gobernación del Magdalena. Además sirvió para concretar las aspiraciones a los concejos y alcaldías de unos 400 candidatos de Plato, Tenerife, Pedraza, Chivolo, Nueva Granada, Ariguaní, Sabanas de San Ángel, Remolino, Zapayán, Salamina, Pivijay, Concordia, Cerro de San Antonio, El Algarrobo y El Piñón.
Dávila fue procesado por la Corte Suprema de Justicia que lo condenó a 90 meses de prisión por sus nexos con las Auc. El tribunal pidió investigar su participación en crímenes de lesa humanidad.
¿Pero cómo se logró el consenso de un candidato único y cómo se logró convocar tal número de personas?
Al igual que en el llamado Pacto de Ralito todo partió de una convocatoria de los paramilitares. En este caso alias "Jorge 40", quien a través de la jefe política de las Auc en la zona, Neyla Alfredina Soto Ruiz (alias Sonia) convocó no solo a los candidatos sino a dirigentes cívicos de la región a asistir el 28 de septiembre de 2000 a una reunión en una choza del corregimiento El Castillo, del municipio de Chivolo.
Pero esa no fue la única reunión. El 23 de febrero, la Fiscalía llamó a indagatoria a 115 dirigentes políticos del Magdalena por la firma, el 21 de noviembre de 2001, en Santa Marta, del Pacto de Pivijay.
Entre los firmantes están los excongresistas Dieb Malof, Jorge Castro , y José Gamarra . quienes ya fueron condenados por sus nexos con las Auc. Malof deberá purgar 7 años y 9 meses; Castro fue condenado el viernes pasado a 7 años y medio de prisión; y Gamarra se acogió a sentencia anticipada.