¿A quiénes pusieron a cuidar el queso?

Presuntas irregularidades al nombrar a auditores internos del conglomerado municipal le podrían enredar la alcaldía a Daniel Quintero.

La posesión de los funcionarios la hizo el 3 de enero el alcalde (e), Juan Pablo Ramírez, pues Quintero estaba en vacaciones. FOTO tomada de twitter
Decreto en el cual el alcalde nombra al auditor en EPM.

Aunque el secretario de Inclusión Social, Juan Pablo Ramírez, fue quien apareció en la foto posesionando a 22 jefes de control interno de diferentes entidades del Municipio, a principios de este mes, es al alcalde Daniel Quintero el que le tocará responder por las presuntas anomalías que existieron en el nombramiento de los funcionarios. El tema es tan grave que podría incluso costarle el puesto y una inhabilidad para ejercer cargos públicos.

Por esos días el mandatario disfrutaba de unas vacaciones y dejó como encargado a su amigo y miembro de la primera línea de defensa de su administración. Por eso, el acto que se hizo en el auditorio Guillermo Cano de la Alcaldía lo presidió Ramírez, quien esa noche puso en redes sociales varias fotos y una nota de complacencia por la segunda “palomita” de poder que le daban.

“Gracias al alcalde @QuinteroCalle por darme nuevamente el honor de encargarme de la Alcaldía de mi ciudad. Hoy, en desarrollo de esas funciones, presidí la posesión del Secretario de Evaluación y Control, y los nuevos jefes de control interno del Conglomerado público de Medellín”, escribió.

Las oficinas de control interno son las encargadas de vigilar y prevenir riesgos de corrupción, pérdida de recursos públicos o alguna falla en el servicio. Su función cobra especial relevancia en el contexto del conglomerado municipal si se tiene en cuenta que la holding pública —29 entidades controladas por la Alcaldía y 17 asociadas—, maneja activos por $57 billones, cuenta con un patrimonio de $33 billones y dominan una burocracia de 67.000 puestos de trabajo.

Para una administración que ha estado inmersa en serios cuestionamientos por la contratación y el aprovechamiento del presupuesto con fines políticos, las cabezas de las oficinas de control interno son estratégicas si lo que se quiere es borrar el rastro de sus actuaciones.

Antes, a los auditores los nombraban los propios gerentes de cada entidad, pero el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011) dejó esa misión en los alcaldes, gobernadores y el propio Presidente de la República, dependiendo del carácter local, regional o nacional de la entidad.

La norma dispuso también que el periodo fijo de cuatro años se repartiera así: dos años en una administración y dos en la siguiente, en aras de que no fueran “de bolsillo” del gobernante de turno. Pero otra manera de verse es que a un gobernante con inclinaciones non sanctas le dan dos años de gabela con auditores hechos a la medida de sus necesidades.

En 2020, el decreto 403 planteó la necesidad de darle altura a esta tarea y puso cierto grado de exigencia, y que fuera por “mérito”, para llegar a las oficinas de control interno.

Según la pauta, lo ideal es que haya un concurso amplio, pero es opcional. Lo que no se puede soslayar es que sí se cumplan los requisitos mínimos en cuanto a conocimientos y experiencia, algo que justamente está en cuestión en varios de los nombramientos que se acaban de hacer en el Municipio de Medellín y por los cuales el funcionario que firmó los nombramientos se haría responsable.

De acuerdo con el decreto 1083 de 2015, para llegar a esos cargos solo sirve experiencia relacionada con control interno, administración de riesgos y prevención de desastres, pero Quintero y la Secretaría de Gestión Humana y Servicios a la Ciudadanía habrían forzado en muchos casos la norma para poder enganchar a personas que no cumplen el perfil.

Varios concejales y organizaciones sociales están preparando derechos de petición para que los responsables en la Alcaldía les indiquen los parámetros que rigieron este proceso y así ver si se corrobora la sospecha de que no se ajustó a la ley.

Mientras tanto, EL COLOMBIANO accedió a la mayoría de los decretos de nombramiento y a algunas hojas de vida y hay serios indicios de que no cumplen esos requisitos los nuevos funcionarios de control de al menos cuatro entidades que revisten gran importancia, pero podrían ser muchos más. Entre estos están el Secretario de Evaluación y Control de la Alcaldía, Diego Cifuentes; el vicepresidente de Auditoría Corporativa de EPM, Gustavo Alejandro Gallego; el jefe de control interno de Ruta N, Andrés Santiago Arroyave y el de Hospital General, William Alberto Higuita.

En otras dos entidades es casi evidente que el nombramiento obedeció a pago de cuotas o favores políticos, como en el caso del jefe de Control interno del ITM, Juan Jairo García, que fue donante a la campaña de Quintero ($12 millones), y en la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), donde fue designada Paula Andrea Trujillo, hermana del senador Carlos Andrés Trujillo (conservador), aliado del alcalde Quintero.

Lo que se da por casi seguro, según explicaron quienes critican los nombramientos, es que habrá denuncias al respecto en la Procuraduría General de la Nación y de allí podrían derivar medidas disciplinarias.

Un especialista en derecho administrativo consultado por este medio indicó que serían aplicables las leyes 1952 de 2019 y 2094 de 2021, en las cuales la contratación de funcionarios públicos sin el lleno de los requisitos legales es considerada una falta gravísima y para determinar la pena se analiza si esta se cometió de manera intencional o no (dolosa o culposa).

Pero si es concurrente, es decir que hay varios actos ilegales asociados, como aparentemente ocurre en estos casos, se aplica la mayor sanción posible, es decir la destitución con una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos, un golpe duro para alguien como Quintero, que, según se ha conocido, tiene el proyecto de llegar a la Presidencia de la República justo en el transcurso de las próximas dos décadas