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El Área Metropolitana y el Municipio de Medellín apelarán la decisión del juez que pidió la suspensión del acuerdo 006. Implica que no podrá haber más convenios de colaboración empresarial con los transportadores. Actualmente, hay acuerdos entre el Área Metropolitana y algunos transportadores de Bello, Barbosa, Copacabana y Girardota, que prestan el servicio integrado al metro.
Hernán Darío Elejalde, director del Área Metropolitana, explicó que acatan las normas y que presentarán apelación a la providencia donde se dicta una medida cautelar. “La decisión es lamentable, de todas maneras vamos a seguir trabajando en pos de hacer los acuerdos empresariales. Creemos que estamos actuando en forma legal y transparente”.
Según Elejalde, el acuerdo no es ilegal, en él se busca organizar las rutas que integran los usuarios al metro.
El Metro de Medellín instauró la demanda en septiembre de 2014, pues en su concepto no hubo licitaciones para la selección de las compañías que hicieron parte del acuerdo con el Área Metropolitana.
De acuerdo con Claudia Patricia Restrepo Montoya, gerente del Metro, existe un problema de interpretación de la ley.
El Área Metropolitana tiene una lectura sobre la ley de transporte masivo y la ley de transporte colectivo, y el metro tiene otra interpretación.
Por ello, se solicitará al Gobierno Nacional pronunciamiento sobre el tema.
De acuerdo con Claudia Restrepo, “nos reunimos funcionarios de la Alcaldía de Medellín, el Metro y el Área Metropolitana, y concluimos que se hará una petición ante el Ministerio de Transporte para que dé claridad sobre el tema”.
Mientras el Ministerio se pronuncia, la demanda sigue su curso legal.
Los convenios de colaboración empresarial firmados entre el Área y algunos transportadores de Bello, Copacabana, Barbosa y Girardota ayudan a formalizar la prestación del servicio alimentador al metro, según lo explicó Orlando Pérez, gerente de Masivo del Norte, quien reveló que el convenio de colaboración empresarial fue firmado el 12 de diciembre de 2014.
Aseveró que los empresarios tienen inversiones proyectadas cercanas a los 50.000 millones de pesos en los diferentes proyectos como son formalizar el servicio, mejorar los vehículos en seguridad y comodidad para el usuario, y capacitación, entre otros.
Pérez apuntó también que el acuerdo se basa en normas vigentes del Ministerio de Transporte. Acotó que los acuerdos empresariales entre las empresas que prestan el servicio cumplen los requisitos establecidos en la ley, entre ellos, los ambientales.
El transporte en Colombia tiene unas características especiales, según Juan Gonzalo Merino, presidente de la Asociación de Transportadores del Valle de Aburrá.
Para el vocero gremial, “somos respetuosos y acatamos las decisiones judiciales. Sin embargo, la juez debe conocer más a fondo el tema del transporte pues el país es sui-géneris. Lo decimos con todo respeto”, aclaró el directivo.
La decisión judicial tiene implicaciones negativas para los transportadores quienes se ven afectados. “Hay inversiones cercanas a los 300 mil millones de pesos”, indicó.
El trabajo adelantado con el Área Metropolitana es fruto de una concertación y un ejercicio del que hicieron parte, empresarios, propietarios, autoridades de los municipios involucrados. “Desde hace cerca de 10 años estamos alimentando al metro y no se ha registrado ninguna demanda y los usuarios están satisfechos con el servicio que hemos y venimos prestando”, precisó Juan Gonzalo Merino.