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Así funcionará la nueva regulación para uso de cascos
La puesta en marcha de la política, en enero, según estima el Gobierno, le costaría $1 billón a 7 millones de motociclistas. El objetivo: menos muertos en accidentes.
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Uno de los laboratorios de pruebas de resistencia para cascos lo tiene en Medellín la empresa Inducascos. FOTO Donaldo Zuluaga
25 de septiembre de 2017
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No hay tiempo que perder. Los motociclistas siguen siendo los protagonistas de las muertes en accidentes de tránsito: aportan el 60 por ciento de las víctimas. Las autoridades quieren ponerle freno a esa realidad endureciendo las normas, específicamente las que tienen que ver con el uso del casco.
Es un hecho que los conductores de los vehículos de dos y tres ruedas son vulnerables, de acuerdo con el Gobierno Nacional durante el año pasado 4.295 personas fallecieron en hechos relacionados con la movilidad en motos.
El Ministerio de Transporte pone la lupa en los indicadores de riesgo para usuarios de motos y revela que solo en Bogotá, Cali y Medellín 528 motociclistas y acompañantes murieron en 2016 (61 más que en 2015), un 90 por ciento por golpes en sus cabezas.
Los conductores de carros que perdieron la vida en accidentes el año pasado, según las cifras oficiales, fueron 33.
Los datos muestran una tendencia alarmante para esas tres capitales en lo que va corrido de 2017: 194 personas han fallecido en motos y Bogotá puso la mayor cantidad de muertos, 82.
En Medellín, donde las autoridades de tránsito estiman que circulan más de 700.000 motos, las víctimas mortales ya suman 48.
Ojo a la calidad
Esos números están sobre el escritorio del viceministro de transporte, Alejandro Maya. Bajo la premisa de que la mayoría de casos suceden por la falta de un casco de calidad certificada, él justifica la publicación de la nueva resolución sobre el uso de estos elementos de protección.
“En el país no existe una norma técnica que permita asegurar que lo cascos que usan los motociclistas cumplen con condiciones que puedan protegerlos en un momento de impacto. Hoy una inmensa mayoría de estos conductores usan casco para salvarse de un comparendo por parte de la autoridad de Tránsito, pero no para proteger sus vidas”, apunta.
La resolución sobre el uso de los cascos en Colombia, que está en borrador pero el Ministerio de Transporte espera tener ajustada antes de finalizar septiembre, busca que se admitan tres normas: la nueva Norma Técnica Colombiana NTC 4533; la DOT, que es la del gobierno estadounidense; y la ECE 2205, del británico.
El Gobierno busca que entre en vigencia a principio del año entrante y contempla un periodo de transición (tiempo de gracia para su aplicación y exigencia) de unos 18 meses.
“La consulta pública ya se cumplió. Se está dando respuesta a las observaciones y, una vez tengamos la versión definitiva, el Ministerio de Comercio tiene que publicarlo en un término no inferior de 90 días en un sitio establecido por la Organización Mundial de Comercio para la consulta técnica internacional.
Las normas en que se apoya la nueva resolución colombiana coinciden en la obligación de usar materiales de fabricación como poliéster, fibra de carbono, icopor y acolchado en su interior. Visor de policarbonato y almohadillas en sus laterales.
Así mismo, plantea los tipos de cascos permitidos (ver gráfico).
“Ya publicamos la resolución para recibir las observaciones de los interesados (usuarios, comercializadores, fabricantes e importadores). Ha sido construida con la Superintendencia de Industria y Comercio, el Ministerio de Comercio, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte”, agrega Maya.
Al detalle, el proyecto de resolución está justificado en que “los cascos que se comercializan en el mercado colombiano tienen un alto grado de incertidumbre para los consumidores sobre la seguridad que ofrecen y el Estado no está cumpliendo su rol como garante (...)”.
Explica el documento que el reglamento técnico que se expide “es para cascos protectores sin o con una o más visera(s) para los conductores y acompañantes de motocicletas, motos con sidecar, vehículos a motor de tres (3) ruedas descubiertos, ciclomotores, cuatrimotos y similares”.
La polémica regulación
Tras la publicación, hace un mes, del borrador del proyecto de regulación para los cascos de motocicleta en Colombia, las inquietudes de los usuarios no se han hecho esperar.
La resolución será rigurosa en prohibir los cascos que no cumplan las normas NTC 4533, DOT y EC2205.
También da herramientas legales a los agentes de Policía y Tránsito para que sancionen a quienes usan en sus motos cascos de béisbol, ciclismo u otros deportes. Igual de inflexibles serán con los que no protegen la parte de las orejas hasta el cuello.
Manuel Álvarez Gómez, usuario de moto y habitante de Belén, teme que tenga que sacar de su bolsillo más de 300.000 pesos para un nuevo casco cuando, asegura, tiene uno que compró por 120.000 pesos y es de buena calidad.
“Está bien que uno cuide su vida protegiendo su cabeza. Los motociclistas convivimos con el peligro, pero lo que no puede ser es que esa norma vaya a ser para favorecer a un fabricante y tengamos que sacar plata de donde no tenemos”, señala.
La inminente expedición de la resolución también reviste dudas para Mauricio Flórez, líder de un colectivo de motociclistas en Medellín. Agrega que esta norma ya se tenía, y la nueva reafirma su contenido.
“Es válido que los cascos que no cumplen normatividad no pueden seguir siendo usados, por eso la idea es que cuando los decomisen, los destruyan. Que la ley se aplique con el fin de evitar la mortalidad. Lo que sí se debe vigilar es que la nueva regulación no deje puertas abiertas para más persecución y negocio, como sucede con la marcación de la placa, algo que no sirve para nada”, subraya.
Fabricantes e importadores
Para Nicolás Jiménez, directivo de Inducascos, empresa colombiana productora de cascos, y experto en el tema, la nueva regulación, inicialmente, pone en cintura a los importadores y fabricantes, para que tengan los certificados de calidad de los productos y les realizan las respectivas pruebas de laboratorio.
Jiménez explica que los controles que estipula la nueva regulación propuesta consisten en la revisión exhaustiva de la Dian en las aduanas a los lotes de importación de cascos y la marcación de esos elementos con los certificados internacionales o nacionales.
“La Dian deberá tener herramientas y recursos humanos para hacer el control. Llamar al laboratorio y a la entidad que certifica para preguntar si la documentación es verídica”, comenta.
Pero si bien es claro que la Dian, el Ministerio de Comercio y la Superintendencia de Industria tendrán competencias para la inspección de la calidad de los productos que entren y se fabriquen en Colombia, las dudas surgen sobre la manera en que se haga ese control.
Andrés Villegas Ceballos, gerente de Operaciones de la empresa Riders, importadora de cascos, manifiesta su preocupación por los análisis de laboratorio que exige la norma y se deben hacer.
“Sabemos que hay una intención para mejorar, pero el riesgo es que haya algún tipo de favorecimiento, por ejemplo, a los laboratorios, al exigir que los cascos que cumplen con normas tengan que ser probados en Colombia. Ese proceso nos representaría un costo adicional”, acota.
No obstante ese temor, el viceministro Maya asegura que el proyecto está pensado para evitar generar monopolios con los laboratorios.
“El importador tendrá que tener el certificado de laboratorio del país de origen. Los laboratorios nacionales que se acrediten para hacer la revisión, lo harán para pruebas de los cascos que se fabriquen en Colombia”, asevera.
Con respecto a las verificaciones, Maya expone que las autoridades de Tránsito y la Dian tendrán bases de datos donde los fabricantes e importadores reporten los lotes de los cascos que cumplen las especificaciones técnicas.
Así las cosas, en cinco meses los cascos que se vendan en Colombia deberán tener marcas que especifiquen su procedencia, año de fabricación y el laboratorio que le hizo pruebas de resistencia.
En dos años, los agentes de tránsito podrán verificar esa información, con un dispositivo electrónico como el que se usa para conocer antecedentes de las personas.
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