viernes
7 y 9
7 y 9
La tensión se empieza a palpar 20 kilómetros antes de llegar a Buriticá. Tres retenes de la Fuerza Pública anteceden la ubicación de una tanqueta y 15 agentes del Escuadrón Antidisturbios de la Policía (Esmad). Los controles se intensifican en tanto avanza la arremetida contra la minería ilegal en ese municipio del Occidente antioqueño.
En el desvío sobre la vía al mar para entrar a la población, de la que alguna vez se dijo estaba sobre una montaña de oro, los registros de las autoridades se hacen exhaustivos. Buses de transporte público son revisados con sigilo. A pasajeros y transeúntes se les examina su documentación, y a quienes tratan de dejar el pueblo se les incauta el oro que han sacado y buscan llevar a otro pueblo.
Mariela Sánchez suspira al tratar de cruzar el cordón policial. “Mire señor, me siento como si del lado para acá estuviera en Venezuela y de la barricada de Policía hacia allá, fuera Colombia: ¿no le parece esto una frontera que divide dos países?”, comenta.
La intervención en Buriticá inició, en firme, hace ocho días. Según el reporte de la secretaría de Gobierno de Antioquia, Victoria Eugenia Ramírez, como parte de los operativos se desmontaron captaciones de agua ilegales que habían desviado el cauce de tres quebradas en el sitio, a solo 5 kilómetros del casco urbano.
“Se ha establecido que de unas 5.000 personas que habitan el sitio, 1.500 ya han salido del lugar y otras 1.900 son objeto de un censo y empadronamiento para definir su situación legal, las cuales han vuelto a la normalidad”, explica la funcionaria.
En la zona hay presencia de más de 1.000 policías, 350 soldados y 12 integrantes de la fuerza aérea. Así mismo, la ONG Antioquia Humana acompaña el desarrollo de las acciones de la Fuerza Pública.
No obstante, integrantes de la Mesa Minera del municipio denunciaron agresiones por parte de la Fuerza Pública, una de ellas contra la líder Soraida Jaramillo, quien reclamaba contra el desmonte de una de las minas.
Andrés Felipe Osorio, director de Antioquia Humana, anota que como parte de los operativos fueron atendidas tres personas en el punto médico y evitaron que algunos adultos utilizaran a menores como escudo humano.
“Las personas que atendimos presentaban, más que lesiones físicas, alteraciones nerviosas. Unos estaban desmayados. La utilización de gases fue mínima”, acota Osorio.
Mientras las autoridades insisten en la ilegalidad de 110 minas en Buriticá, 36 de las cuales han sido cerradas, líderes mineros del municipio aseguran que no todas operan sin cumplir las normas y preparan protestas contra las determinaciones de cierre.
Para Allende Gutiérrez, de la mina Hebron, la más grande de las desmanteladas, con 600 metros cuadrados y casi 700 trabajadores, hubo un engaño por parte de la Gobernación.
“Le mostramos al gobernador Luis Pérez los documentos en los que constaba que efectuamos procedimientos ambientales, aplicamos normas de seguridad y tenemos a los trabajadores contratados legalmente. Él prometió estudiar el caso para incluirnos en un plan de formalización, pero un día después llegan a destruirla”, apunta.
Sentado en un cajón de madera, Albeiro David, un minero de 40 años que hace dos trabaja en Hebron, espera atento la reunión entre Corantioquia, Alcaldía y la Policía en la que se decide el futuro de esa unidad.
“Los ahorros de dinero se me agotaron y las cuentas ya me esperan. Si cierran la mina no sé qué me pongo a hacer”, exclama el hombre padre de dos niños de 12 y 9 años.
Aunque los mineros señalan falta de transparencia de Corantioquia, la inspección de esa autoridad, arrojó que en Hebron había captación ilegal de agua, vertimientos y extracción de madera.
En tanto hoy continúan los operativos, la Administración local confía en que la Gobernación cumpla con la reubicación laboral de los mineros y con el retorno a sus lugares de origen de trabajadores procedentes de otros municipios diferentes a Buriticá .