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En Amagá, no todos están preocupados con el cierre de 43 minas anunciado por la Alcaldía local. Muchos informales creen que la directriz del Gobierno Nacional que busca cumplir la autoridad local, solo es para los que incumplen normas de seguridad.
Tras la determinación, que ya se hizo efectiva para 10 minas carboneras, el alcalde de Amagá, Wilser Molina, dijo que le faltan $330 millones para efectuar el cierre gradual.
“Cerrar cada una cuesta, en promedio, $10 millones que es el valor del concreto y el hierro que se usa para clausurar las bocaminas. A 33 hay que hacerles ese trabajo”, dijo el mandatario.
Ayer, diputados y gremios mineros discutieron las decisión de cierre. “El Gobierno cierra la puerta para formalización minera dejando legales a multinacionales”, dijo el corporado Jorge Gómez. Además trascendió que las minas con orden de cierre aumentarían a 80, con las de Angelópolis.
Dalsin Mazo, del gremio de mineros de la Cuenca del Sinifaná, Asomicsi, pidió a autoridades departamentales y nacionales atender la solicitud de legalización de unidades, “porque 14, en el sector Ferrería, cumplen con las normas”.
A la incertidumbre por los cierres, se sumó el paro de trabajadores en una de las empresas mineras, y formalizadas, de Amagá, debido a atraso en el pago de quincenas.