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Es Colombia. Una realidad que se repite y fractura la confianza. Ratificación de la mentira como premisa de una sociedad que se rehusa a sucumbir ante la corrupción.
Sin los ciudadanos haberse repuesto de la indignación por la red delincuencial liderada por el alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, un mes después la Fiscalía arresta a Raúl Cardona González, mandatario de Envigado sindicado de pactar ilícitos que comprometieron recursos públicos.
En medio de esos operativos, en prisión están 19 funcionarios de Bello que recibían sobornos a cambio de agilizar trámites de tránsito, y en firme sigue el proceso judicial contra el alcalde de ese municipio, César Suárez Mira, por falsificar su título de bachiller. Esto sin dejar de lado el caso Odebrecht, que continúa revelando todo un contubernio que transcendió las esferas más altas del poder.
Los actos indebidos de políticos, durante décadas en el país, han pasado cuenta de cobro. El abstencionismo en las pasadas elecciones presidenciales, aunque fue el menor de los últimos años, rondó el 53% y la confianza de los ciudadanos en los gobernantes de seis de los 10 municipios del área metropolitana de Medellín bajó y toca niveles inferiores.
Incluso, según la medición de percepción de los alcaldes del Valle de Aburrá que realizó la firma Invamer para EL COLOMBIANO, en septiembre pasado, evidencia la desconfianza en el manejo de las finanzas públicas: ninguno de los 10 mandatarios obtuvo una calificación superior a 4 puntos, siendo cinco la máxima.
Mentira, en la cotidianidad
La generalización de actos de corrupción tiene una génesis más profunda que el problema político, considera el docente del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, Hernán Darío Gil.
“Nosotros no hemos trabajado sobre la consciencia de la verdad y lo que significa. La gente dice, comúnmente, que hay mentiras piadosas, es decir, permitimos el efecto de la mentira y lo que encontramos en la sociedad es la concepción de que todo el mundo miente y pensamos: no hay problema”, comenta Gil.
El catedrático, experto en ética, lamentó que se haya vuelto tan normal, por ejemplo, mentirle a la persona que se ama, y en lo público es preocupante hacerlo para obtener un voto.
“Los políticos dicen que trabajan por una comunidad y es una mentira, porque ni siquiera conocen ese significado. Trabajan por una sociedad y piensan en productividad, pero cuando se trabaja en comunidad se busca la prosperidad del otro en términos económicos, sociales, espirituales, políticos, y eso no lo tenemos”, explica.
Agrega Gil que si fuéramos comunitarios “teníamos que salir ya, como ciudadanos, a protestar contra los políticos que nos han engañado, en una lucha por exigir verdad”.
“Pero, lamentablemente, la gente dice, ya sabemos que los políticos roban, entonces elijamos al que robe poquito. Y eso está mal, porque el término de valor dice no robar, no mentir”, acota.
Para el académico, la salida a la estela de falsedad está en educar, desde la escuela y la familia, y poniendo siempre de presente al ser humano.
“Esta es una sociedad de información, pero como personas hay deficiencias. Tenemos que empezar a formar individuos para que este no sea uno en lo que aparenta y otro en lo que hace por debajo de la mesa”, dice.
Aleja la gente de los votos
“Lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad que se considera democrática es la pérdida de confianza del pueblo en sus instituciones”, escribió el exmagistrado, José Gregorio Hernández, en su columna del viernes pasado en EL COLOMBIANO.
En ese sentido, el analista y asesor político Mauricio Hernández, considera que cada vez que un político o profesional de la política le falla a esa dignidad, aleja al ciudadano del voto y con eso le hace un favor a la persona que trabaja con antivalores, al corrupto.
“Cuando el ciudadano ve que los políticos son corruptos, se aleja del voto y eso les conviene a los corruptos, porque más fácil llegan al poder, ya que menos votos necesitan comprar para las próximas elecciones”, anota.
Hernández añade que con lo sucedido en Envigado y Barbosa, y otros funcionarios en el Valle de Aburrá, no habrá certeza de la gente para elegir y salir a votar, “y la única forma de acabar con la corrupción es votando a consciencia, eligiendo bien”.
“Es la primera vez que veo que tres alcaldes (Bello, Barbosa y Envigado), en un mismo periodo, en la región, tienen líos judiciales o han pasado por cárceles. Eso, sumado al caso Odebrech, generará que la gente se aleje más de las elecciones”, recalca.
Sobre el deber de los funcionarios, el exmagistrado Luis Fernando Álvarez reseña en la columna publicada el viernes en este diario, que la responsabilidad del servidor público debe ir más allá de la búsqueda de desarrollo social, está abocado a “la necesidad de absoluta transparencia en sus actuaciones, que hace que sus decisiones u omisiones, sus acciones y en general su comportamiento, deban adelantarse de conformidad, no solo con las normas jurídicas, sino con las reglas éticas y sociales, pues ellos encarnan la representación misma de la sociedad”.
Hay razones para creer
Retomando el escrito del exmagistrado Hernández, “debemos recobrar la credibilidad de quienes investigan (...) Hemos de retornar a la confianza en jueces que, por definición, sean incorruptibles. Regresar a la dignidad, al decoro y a la respetabilidad de quienes tienen como función perseguir el delito, investigar, juzgar y condenar o absolver (...)”.
Y precisamente, en medio de todo lo perjudicial para la democracia que representan los recientes casos de corrupción, Germán Valencia, integrante del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, destaca el papel de los entes investigadores y su rigurosidad, incluso, contra los gobernantes.
“El país está demostrando que unas instituciones pierden confianza de los ciudadanos, pero otras están ganándola. Encontramos un Estado que a través de la división de poderes hace control. Entes autónomos que investigan y ponen lupa en las actuaciones de los funcionarios”, acota.
Valencia acepta que, en general, la gente supone que los políticos están en actos ilegales, pero, a su vez, encuentran que hay capacidad de investigación que los exhibe como protagonistas del delito.
“Las votaciones son distintas. La gente sabe diferenciar y puede que pierda confianza en un partido, pero no sucede con todo el sistema. Hoy puede haber dificultades, pero en ocho meses a la gente se le olvida, aunque los opositores recordarán los episodios de corrupción en campaña”, aclara.
Así pues, los académicos Valencia y Hernández discrepan del efecto que en las urnas tengan las capturas de los alcaldes y funcionarios de primer nivel de las administraciones, en este caso de las municipales.
Para el primero, el colombiano es dado a olvidar fácilmente, para el segundo, en cambio, el abstencionismo aumentará en las elecciones regionales de octubre por cuenta de los ilícitos que cometieron los personajes por quienes votaron.
“La percepción positiva de los habitantes de Envigado por el alcalde y su administración era muy alta, pero con lo sucedido se demuestra que caras se ven, corazones no”, sentencia el docente Gil.
Habrá que esperar, en todo caso, que la justicia obre.
Es Colombia. Una realidad que se repite y fractura la confianza. Ratificación de la mentira como premisa de una sociedad que se rehusa a sucumbir ante la corrupción.
Sin los ciudadanos haberse repuesto de la indignación por la red delincuencial liderada por el alcalde de Barbosa, Edison García Restrepo, un mes después la Fiscalía arresta a Raúl Cardona González, mandatario de Envigado sindicado de pactar ilícitos que comprometieron recursos públicos.
En medio de esos operativos, en prisión están 19 funcionarios de Bello que recibían sobornos a cambio de agilizar trámites de tránsito, y en firme sigue el proceso judicial contra el alcalde de ese municipio, César Suárez Mira, por falsificar su título de bachiller. Esto sin dejar de lado el caso Odebrech, que continúa revelando todo un contubernio que transcendió las esferas más altas del poder.
Los actos indebidos de políticos, durante décadas en el país, han pasado cuenta de cobro. El abstencionismo en las pasadas elecciones presidenciales, aunque fue el menor de los últimos años, rondó el 53% y la confianza de los ciudadanos en los gobernantes de seis de los 10 municipios del área metropolitana de Medellín bajó y toca niveles inferiores.
Incluso, según la medición de percepción de los alcaldes del Valle de Aburrá que realizó la firma Invamer para EL COLOMBIANO, en septiembre pasado, evidencia la desconfianza en el manejo de las finanzas públicas: ninguno de los 10 mandatarios obtuvo una calificación superior a 4 puntos, siendo cinco la máxima.
La generalización de actos de corrupción tiene una génesis más profunda que el problema político, considera el docente del Centro de Humanidades de la Universidad Pontificia Bolivariana, Hernán Darío Gil.
“Nosotros no hemos trabajado sobre la consciencia de la verdad y lo que significa. La gente dice, comúnmente, que hay mentiras piadosas, es decir, permitimos el efecto de la mentira y lo que encontramos en la sociedad es la concepción de que todo el mundo miente y pensamos: no hay problema”, comenta Gil.
El catedrático, experto en ética, lamentó que se haya vuelto tan normal, por ejemplo, mentirle a la persona que se ama, y en lo público es preocupante hacerlo para obtener un voto.
“Los políticos dicen que trabajan por una comunidad y es una mentira, porque ni siquiera conocen ese significado. Trabajan por una sociedad y piensan en productividad, pero cuando se trabaja en comunidad se busca la prosperidad del otro en términos económicos, sociales, espirituales, políticos, y eso no lo tenemos”, explica.
Agrega Gil que si fuéramos comunitarios “teníamos que salir ya, como ciudadanos, a protestar contra los políticos que nos han engañado, en una lucha por exigir verdad”.
“Pero, lamentablemente, la gente dice, ya sabemos que los políticos roban, entonces elijamos al que robe poquito. Y eso está mal, porque el término de valor dice no robar, no mentir”, acota.
Para el académico, la salida a la estela de falsedad está en educar, desde la escuela y la familia, y poniendo siempre de presente al ser humano.
“Esta es una sociedad de información, pero como personas hay deficiencias. Tenemos que empezar a formar individuos para que este no sea uno en lo que aparenta y otro en lo que hace por debajo de la mesa”, dice.
“Lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad que se considera democrática es la pérdida de confianza del pueblo en sus instituciones”, escribió el exmagistrado, José Gregorio Hernández, en su columna del viernes pasado en EL COLOMBIANO.
En ese sentido, el analista y asesor político Mauricio Hernández, considera que cada vez que un político o profesional de la política le falla a esa dignidad, aleja al ciudadano del voto y con eso le hace un favor a la persona que trabaja con antivalores, al corrupto.
“Cuando el ciudadano ve que los políticos son corruptos, se aleja del voto y eso les conviene a los corruptos, porque más fácil llegan al poder, ya que menos votos necesitan comprar para las próximas elecciones”, anota.
Hernández añade que con lo sucedido en Envigado y Barbosa, y otros funcionarios en el Valle de Aburrá, no habrá certeza de la gente para elegir y salir a votar, “y la única forma de acabar con la corrupción es votando a consciencia, eligiendo bien”.
“Es la primera vez que veo que tres alcaldes (Bello, Barbosa y Envigado), en un mismo periodo, en la región, tienen líos judiciales o han pasado por cárceles. Eso, sumado al caso Odebrech, generará que la gente se aleje más de las elecciones”, recalca.
Sobre el deber de los funcionarios, el exmagistrado Luis Fernando Álvarez reseña en la columna publicada el viernes en este diario, que la responsabilidad del servidor público debe ir más allá de la búsqueda de desarrollo social, está abocado a “la necesidad de absoluta transparencia en sus actuaciones, que hace que sus decisiones u omisiones, sus acciones y en general su comportamiento, deban adelantarse de conformidad, no solo con las normas jurídicas, sino con las reglas éticas y sociales, pues ellos encarnan la representación misma de la sociedad”.
Retomando el escrito del exmagistrado Hernández, “debemos recobrar la credibilidad de quienes investigan (...) Hemos de retornar a la confianza en jueces que, por definición, sean incorruptibles. Regresar a la dignidad, al decoro y a la respetabilidad de quienes tienen como función perseguir el delito, investigar, juzgar y condenar o absolver (...)”.
Y precisamente, en medio de todo lo perjudicial para la democracia que representan los recientes casos de corrupción, Germán Valencia, integrante del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, destaca el papel de los entes investigadores y su rigurosidad, incluso, contra los gobernantes.
“El país está demostrando que unas instituciones pierden confianza de los ciudadanos, pero otras están ganándola. Encontramos un Estado que a través de la división de poderes hace control. Entes autónomos que investigan y ponen lupa en las actuaciones de los funcionarios”, acota.
Valencia acepta que, en general, la gente supone que los políticos están en actos ilegales, pero, a su vez, encuentran que hay capacidad de investigación que los exhibe como protagonistas del delito.
“Las votaciones son distintas. La gente sabe diferenciar y puede que pierda confianza en un partido, pero no sucede con todo el sistema. Hoy puede haber dificultades, pero en ocho meses a la gente se le olvida, aunque los opositores recordarán los episodios de corrupción en campaña”, aclara.
Así pues, los académicos Valencia y Hernández discrepan del efecto que en las urnas tengan las capturas de los alcaldes y funcionarios de primer nivel de las administraciones, en este caso de las municipales.
Para el primero, el colombiano es dado a olvidar fácilmente, para el segundo, en cambio, el abstencionismo aumentará en las elecciones regionales de octubre por cuenta de los ilícitos que cometieron los personajes por quienes votaron.
“La percepción positiva de los habitantes de Envigado por el alcalde y su administración era muy alta, pero con lo sucedido se demuestra que caras se ven, corazones no”, sentencia el docente Gil.
Habrá que esperar, en todo caso, que la justicia obre .