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Antioquia recibe recursos para preservar las fuentes de agua
Transferencias de EPM a municipios y CAR van a cuencas y saneamiento.
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Con estos dineros no solo se recuperan las cuencas, sino que también se han comprado páramos, con el fin de garantizar el suministro de agua a generaciones futuras. FOTO donaldo zuluaga
17 de marzo de 2017
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Las transferencias que Empresas Públicas de Medellín (EPM) hace a las corporaciones autónomas regionales por concepto de la explotación energética, que el año pasado fueron $51.000 millones, se convierten en una inversión de retorno a los antioqueños.
Así lo considera el director de Planeación de Energía de EPM, Santiago Villegas, para quien las transferencias cumplen una doble función: recuperar el agua y sus fuentes, y proveer el líquido suficiente para generar energía.
“Mantener las cuencas es fundamental y eso los municipios lo tienen claro, hay muchas veredas con déficit hídrico y es de urgencia cuidarla”, expresa el funcionario.
Lo dice la ley
Las transferencias por explotación energética están reguladas por el artículo 45 de la Ley 99 de 1993, que creó el Ministerio del Medio Ambiente y organiza las CAR, sus rentas y sus funciones.
A las corporaciones se les asigna el 3 % de las ventas brutas por la generación de energía hidráulica y a los municipios de donde se toma el agua, otro 3 %, para un 6 %.
En el caso de la generación de energía de centrales térmicas, se entrega en total el 4 % de las ventas brutas, que se distribuyen así: 2,5 % para las corporaciones y 1,5 % para los municipios.
“En términos generales, el manejo que se hace de esos recursos es el adecuado y los municipios presentan proyectos que desde EPM los apalancamos”, señala Villegas.
Además de dichas transferencias, por alianza estratégica EPM también hizo el año pasado inversiones por $14.000 millones para la recuperación de cuencas hidrográficas en el territorio antioqueño.
Problemas en Oriente
Por haber sido 2016 un año en su mayoría seco, la generación de energía no fue la esperada. A eso se le suma la contingencia por el incendio en la Central Guatapé (15-02-2016), que afectó la generación plena de energía durante cuatro meses.
Estos hechos afectaron el monto de las transferencias, especialmente en la jurisdicción de Cornare (Oriente), donde se dejaron de recibir recursos por más de 480 millones que la corporación percibiría de parte de otra generadora, Isagén, que se vio afectada por la situación.
“Teníamos proyectado un presupuesto de 24.500 millones, pero percibimos $11.809 de Isagén, $7.300 de EPM y $1.053 de parte de otros operadores pequeños”, explica Juan Fernando López, subdirector de Planeación de Cornare.
Detalla que las transferencias energéticas representan el 33 % del total de su presupuesto, que para 2016 fue de $60.700 millones.
Todos estos recursos se invierten en Planes de Acción Corporativa y Planes de Gestión Ambiental Regional.
Lo hecho
“En 2016, se desarollaron 2.846 proyectos de saneamiento rural , que son soluciones individuales para tratamiento de aguas negras o residuales, y 4.800 estufas eficientes, que consumen poca leña, lo que evita la deforestación”, subrayó López.
También se entregaron siete equipamientos de bomberos para municipios del Oriente y se construyen las plantas de tratamiento de aguas residuales de los municipios de Abejorral y Argelia.
En Urabá
Los recursos aportados a Corpourabá ($345 millones), que incluyen la región urabaense y parte del Occidente, se invirtieron básicamente en la reforestación y conservación de la cuencas que abastecen las centrales de La Herradura y La Vuelta, ubicadas en Frontino y Cañasgordas.
Juan Fernando Gómez Castaño, subdirector de Gestión Administrativa y Ambiental de Corpourabá, resaltó que además de recuperar las cuencas, “se ha venido involucrando a las comunidades en el programa de Banco2, en el que se les paga por proteger los recursos ambientales”. Estas personas son habitantes de los territorios y se les paga por evitar la deforestación y la sedimentación de las fuentes hídricas.
Otros destinos
Alejandro González, director de Corantioquia -que abarca 80 municipios-, informó que su entidad recibió $18.000 millones, de los cuales “el 10 % se va a funcionamiento y el 70 % restante se va para inversión, efectiva en los planes de ordenamiento de las cuencas Río Grande y Río Chico, y en planes de ordenamiento hídrico”.
Con esos recursos ya se han comprado 5.000 hectáreas en el páramo de Santa Inés (Belmira), se hace reforestación en zonas de protección y se tienen redes de monitoreo de aguas en los 80 municipios de su jurisdicción.
“Se monitorea el caudal y los parámetros físicos y químicos, para establecer la calidad de las fuentes”, señala González.
También se construyen pozos sépticos en zonas rurales y plantas de tratamiento de agua en las zonas urbanas.
2.846
proyectos de saneamiento rural individual realizó Cornare en 2016.
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