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Por camilo trujillo villa
Los magistrados y empleados de los tribunales superiores de Medellín trabajan en riesgo permanente de sufrir un accidente... y daño de estómago.
El edificio Rodrigo Lara Bonilla, construido hace más de 50 años, sede de los despachos judiciales de la ciudad, se encuentra en pésimo estado y fue diagnosticado como una estructura insegura e inapropiada, que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo.
“Es un edifico bastante antiguo, con muchos desperfectos, los cuales han sido diagnosticados en varias ocasiones por diferentes autoridades. Esto dificulta enormemente la administración de justicia y pone en riesgo la salud y la integridad física de los magistrados, los empleados de la rama judicial y de servicios varios y de los visitantes frecuentes, los cuales, en un día normal, pueden ser entre 200 y 350 personas”, aseguró el magistrado John Jairo Gómez Jiménez, presidente del Tribunal Superior de Medellín.
El edificio fue diagnosticado por el Ministerio del Trabajo, que impuso, para ejecutar en un plazo máximo de 45 días, la realización de unos 60 arreglos.
La Administradora de Riesgos Profesionales, ARP, Positiva, a la cual están afiliados los magistrados y empleados de los tribunales, también intervino y determinó que cada una de las anomalías representaban un riesgo para la salud y, específicamente en cuatro puntos, había riesgo de muerte.
El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres, Dagrd, también ejecutó un estudio visual del edificio y determinó, de manera urgente, realizar exámenes estructurales, la impermeabilización del séptimo piso y ordenó la evacuación de dos oficinas en el sexto piso.
El cielo raso de la oficina del magistrado Jairo Jiménez Aristizábal está totalmente deteriorado y presenta dos grandes huecos. Además, tiene una humedad que ya cumple dos décadas.
“En el techo de mi despacho tengo dos goteras, una tiene por lo menos 15 años y la otra 17 años o más, porque yo llegué a esta oficina en 1998 y ya estaba ese chorrito. En diciembre de 2013, realizaron un arreglo en la azotea y lograron impermeabilizar una parte; sin embargo, cuando llueve, ambas goteras se activan”, contó el magistrado.
“Al día de hoy, nada se ha hecho. No hemos tenido una respuesta efectiva de la dirección ejecutiva de Administración Judicial, competencia encargada de superar todas estas anomalías”, resaltó el magistrado Gómez Jiménez.
La Secretaría de Salud de Medellín también inspeccionó y tomó muestras del agua que circula por las tuberías del edificio y determinó que el líquido no era apto para el consumo humano.
“Varias veces he sufrido afectaciones gastrointestinales por el consumo del agua que provee el edificio. Hace unas semanas tuve el último cuadro de parasitismo, aunque no me generó incapacidad, si estuve en un tratamiento de dos meses”, comentó Óscar Alberto Hincapié Peláez, auxiliar de magistrado.
Quienes trabajan en el edificio tienen que comprar de su bolsillo agua potable ya que, con la del edificio, no se pueden ni lavar los dientes. La última vez que se dañó la tubería, los baños de toda la edificación quedaron inhabilitados, lo que causó un gran malestar en el personal.
“Eso fue lo peor, atentó contra nuestra salud y dignidad”, alegó la magistrada Mercedes Zuluaga, presidenta del Tribunal Administrativo.
Aunque no están de acuerdo con las vías de hecho, tanto los magistrados como los demás funcionarios, aseguran que no utilizarán las instalaciones del edificio.
Ante la ausencia de una respuesta efectiva, magistrados y empleados presentaron una acción de tutela para poder lograr lo que se requiere; sin embargo, consideran que cualquier reparación o arreglo es un desperdicio de dinero.