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Ante el pedido de que sea trasladada la base militar aledaña al centro educativo El Mariano, del corregimiento San José de Apartadó, el Ejército justificó su presencia en el sitio por mandato constitucional y ante el riesgo que, a su juicio, representa en la zona el frente 5 de la guerrilla de las Farc.
El comandante de la Brigada 17 del Ejército, coronel Germán Rojas, advirtió que el corregimiento es considerado corredor de valor estratégico para la guerrilla y las bandas criminales vinculadas al narcotráfico.
“Lo que estamos haciendo allí es cumpliendo un mandato constitucional, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Constitucional, que dictan que tenemos que hacer presencia permanente y prestar seguridad muy especialmente a los habitantes del corregimiento San José de Apartadó y de las veredas”, señaló el oficial.
Agregó que reubicar la base militar dejaría un corredor abierto a la guerrilla y desprotegida a la población del corregimiento.
“Deberían unir esfuerzos para rechazar actos criminales y vandálicos por parte de las Farc. No exigirle a su Ejército que se vaya, sino a ellos que se desmovilicen y que dejen de atentar contra la población civil”, señaló el oficial, quien atribuyó las recientes manifestaciones comunitarias pidiendo el retiro de la guarnición a presiones “por parte de tres personas que se han autodenominado defensores de derechos humanos, manipulando a los jóvenes, a profesores y a padres de familia para que cesen las actividades académicas en el centro educativo.
Desde el pasado 22 de julio, los estudiantes del centro educativo El Mariano, en el casco urbano del corregimiento, se declararon en cese de actividades académicas, reclamando que sea reubicada la base militar, instalada en un predio contiguo a la institución.
Contrario a lo expresado por el Comandante de la Brigada 17, el Comité de y para los Derechos Humanos de San José de Apartadó, denunció que han experimentado “actos de amedrentamiento, señalamientos y amenazas” de parte de la Fuerza Pública, por su exigencia. En un comunicado, la entidad consideró que han recibido “tratamiento de guerra contra la población civil para reprimir su legítimo derecho a la protesta pacífica”.