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En Sabaneta proponen cobro de impuesto a constructores por impacto en la movilidad
Una polémica iniciativa universitaria propone el cobro de impuesto del 10 % a los proyectos inmobiliarios, para compensar el impacto a la movilidad.
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El impuesto propuesto grava el uso del subsuelo en las vías públicas y las excavaciones en las mismas y está autorizado por el Decreto 1504 de 1998. FOTO Manuel Saldarriaga
24 de junio de 2017
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Sabaneta no aguanta más crecimiento urbanístico desigual: se construyen viviendas, pero las vías casi son las mismas de hace 50 años. Y lo sabe la administración local, al igual que es una queja reiterada de la comunidad y un análisis obligado desde la universidad, que plantea soluciones.
¿Qué hacer para jalonar proyectos de infraestructura vial que sean acordes al vertiginoso desarrollo inmobiliario? Desde una institución de educación superior, Unisabaneta, tienen la respuesta: cobrar un impuesto a los constructores para abrir o ampliar calles en esa localidad del sur del valle de Aburrá.
La iniciativa surge a través de un trabajo de investigación de dos estudiantes de la especialización de Alta Gerencia, Santiago León Montoya y Lina María Bedoya Zapata.
Su justificación, es que Sabaneta pasó de tener, en 2013, un total de 30.221 predios registrados en Catastro, a 54.057 a diciembre de 2016, en los cuales se incluyen casas, apartamentos, cuartos útiles, parqueaderos, locales comerciales e industriales.
De acuerdo con León Montoya, esto significó un incremento desmesurado en el parque automotor del municipio y sus vías se quedaron cortas para enfrentar esta situación que, en algunos casos, ha dejado sectores ahogados por la cantidad de vehículos.
“Las ganancias de los constructores oscilan entre 10.000 o 15.000 millones de pesos; de ese dinero debería haber una cuota que beneficie a Sabaneta”, afirma León Montoya, al indicar que el impuesto sería de un 10 %.
Sin calles para tanto carro
En los dos últimos meses de la anterior administración de Sabaneta, según denuncia de la actual alcaldía, se aprobaron cerca de 325 licencias lo que se vería representado en más de 8.000 viviendas nuevas para los próximos dos años en un territorio, el más pequeño de Colombia, con 15 km cuadrados y 43.000 habitantes.
“Eso perjudicará la movilidad en el municipio y por eso los constructores deberían pagar un impuesto adicional con el que se puedan hacer las obras proyectadas en el plan de movilidad local”, apunta León Montoya.
Actualmente en Sabaneta y todo el Valle de Aburrá se cobra a las constructoras un impuesto de delineación urbana, como condición para expedir la licencia. Sin embargo, el recaudo del mismo ha sido insuficiente para llevar a cabo las mejoras viales que necesita el municipio y disminuir los problemas de movilidad.
La investigación de los académicos revela que en Bogotá, por ejemplo, se viene implementando adicionalmente un impuesto de ocupación de vías como una compensación a las afectaciones que causen las nuevas construcciones o reparaciones a las vías.
Establece el análisis, que “el boom inmobiliario en Sabaneta y su impacto negativo en la movilidad, se propone la implementación del impuesto a la ocupación de las vías, como complemento para la financiación de las mejoras en las vías de acceso a las veredas y al mejoramiento de la calidad de vida”.
Agilizar recaudos actuales
La investigación de León Montoya y Bedoya Zapata, fue puesta por las directivas de Unisabaneta al servicio de las diferentes alcaldías. Sin embargo, a la administración de Sabaneta aún no llega la iniciativa y tampoco han contemplado un cobro extra a las compensaciones urbanísticas que realizan los constructores.
Camilo Vergara, subdirector de Planeación de Sabaneta, explica que esas compensaciones son una obligación del constructor para darle accesibilidad a los proyectos, garantizando la articulación con la red vial municipal existente.
Acepta que los recursos con que cuenta el municipio no son suficientes para los proyectos de infraestructura vial que se requieren y recalca que deben buscarlos con entidades del Estado y el Área Metropolitana (AMVA).
“El municipio debe solicitar recursos de cofinanciación (...)para proyectos como la ampliación de la carrera 43 A, que ya viene en doble calzada hasta los límites con Envigado y se tiene como eje estratégico de movilidad, y esto con cargas de obligaciones urbanísticas no se construye, porque la compra de predios lo vuelve costoso”, agrega.
La propuesta del impuesto del 10 %, producto de la investigación de Unisabaneta, comienza a generar opiniones. Sus promotores dudan del cumplimiento que los constructores están haciendo de las compensaciones y creen que debe haber un esfuerzo extra que recompense el caos de movilidad que se genera con el crecimiento inmobiliario.
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