Antioquia

Licencia ambiental, ¿otro lunar en contrato de chatarrización de carros en Medellín?

Demandantes anunciaron que hoy, en el Concejo, aportarán pruebas de más irregularidades en el negocio por el que Medellín perdería $33.000 millones. Comprometen hasta al alcalde Quintero.

En los patios del Municipio de Medellín ubicados en Barbosa hay alrededor de 50.000 vehículos, entre motos y carros. Si bien parece un encarte, chatarrizarlos sería un gran negocio. FOTO Julio Herrera

04 de octubre de 2022

bookmark

Los problemas del contrato para desintegrar los vehículos depositados en los patios de la Secretaría de Movilidad de Medellín no solo tendrían que ver con el bajo precio que se pactó y que generaría detrimento para el Municipio. También habría otras inconsistencias a la hora de la adjudicación, las cuales pondrían a dar explicaciones al propio alcalde, Daniel Quintero y a otros funcionarios, así como a representantes de la Unión Temporal RYM SAS.

El primer escándalo alrededor de este tema surgió en mayo, cuando la opinión pública conoció que la Unión Temporal RyM SAS, ganadora de ese millonario negocio, le pagaría al Municipio el kilo de chatarra a $98, mientras que en el mercado el precio supera los $1.000, originando un posible detrimento cercano a $33.000 millones. Recientemente, a raíz de la polémica generada, la Alcaldía pidió reversar el contrato pero hasta ahora no se conoce un desenlace.

Para hoy está citado un debate de control político al respecto en el Concejo, donde se mostrarían nuevas pruebas de una presunta actuación indebida en celebración de contratos, entre otras posibles conductas con consecuencias penales, disciplinarias y fiscales.

La citación fue hecha por el concejal del Partido Verde Daniel Duque, quien previamente envió un cuestionario a la Secretaría de Suministros y Servicios de la Alcaldía con preguntas en torno a las medidas que se tomaron para garantizar la transparencia en este proceso. Duque ha denunciado que el contrato en mención habría sido direccionado y redactado a la medida de la firma ganadora.

Y si bien la Alcaldía ha defendido que no hubo favorecimiento hacia RyM y que el proceso estuvo apegado a la ley, Alberto Rojo, vocero de la Unión Temporal SCT Merl SAS, —la que perdió la licitación— anunció en diálogo con EL COLOMBIANO que tiene cómo demostrar que el contrato con RyM SAS tiene vicios profundos por los cuales no se debió celebrar y las aportará en la sesión del Concejo.

De hecho, ya Rojo y su equipo instauraron denuncias ante la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, en los que mencionan al alcalde Quintero; la secretaria de Suministros y Servicios, Karen Bibiana Delgado; al subsecretario Carlos Alberto Marín, y al representante legal de RyM SAS, Rafael Hernán Naranjo. Adicionalmente, la Personería de Medellín anunció la apertura de una indagación preliminar.

El primer aspecto en discusión que se pondrá hoy sobre la mesa es la obligación que tenía el Municipio de contratar con una empresa constituida legalmente, como lo ordenan las resoluciones 7036 de 2012 y 332 de 2017 sobre chatarrización, del Ministerio de Transporte. Se trataría de algo que en este caso no se cumplió, de acuerdo con Rojo, debido a que RyM SAS no cuenta con certificado de existencia y representación legal propio, que es el documento con el que ese requisito se demuestra de acuerdo con las normas mencionadas.

“En varias ocasiones ellos emiten los certificados como persona jurídica, pero cuando se revisa, el certificado de RyM SAS es de un establecimiento de comercio (ligado a Naranjo Recycling SAS, una de las empresas que la conforman), que no es una persona jurídica sino una parte comercial que no tiene facultades de personería jurídica. Eso quiere decir que engañaron al Ministerio para obtener la certificación como desintegradores”, afirmó Rojo.

Aclaró que en su caso, Unión Temporal SCT Mearl SAS, aunque el nombre distraiga, no es una unión temporal sino una sociedad por acciones simplificadas y por lo tanto no incurriría en esa inhabilidad.

Pero el segundo detalle y más importante, anotó el directivo, tiene que ver con la certificación ambiental de la empresa chatarrizadora, que debe ser expedida por la respectiva autoridad en la materia, que para el caso es el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. De nuevo, Rojo resalta que es un documento al que pueden acceder personas naturales o empresas, pero no uniones temporales.

Y existiría una inconsistencia protuberante porque la habilitación que se anexó al contrato está a nombre de Naranjo Recycling SAS, no de la Unión Temporal RyM, con la que la Alcaldía firmó.

Es más, el 24 de agosto de 2020 la misma Área Metropolitana expidió un auto en el que conmina a la representante legal de Naranjo Recycling para que, en menos de 30 días, aclarara cuál de las dos entidades era la que estaba efectuando la desintegración vehicular en la planta del barrio Calle Vieja, de Bello. “Lo anterior teniendo en cuenta que la certificación de desintegración total vehicular fue otorgada por esta entidad (...) a la sociedad Recuperaciones Naranjo Recycling SAS con Nit. 806.011.019-0 y NO a la Unión Temporal”.

Rojo recalca que los funcionarios de la Alcaldía de Medellín debieron verificar que toda la documentación estuviera acorde con lo exigido; sin embargo, cuando fueron advertidos de la inconsistencia, los encargados contestaron acogiendo la explicación de la Unión RyM en el sentido de que entre las dos entidades habría una “unión de hecho”, figura que existe para relaciones maritales entre personas, por ejemplo, pero no se aplica al ámbito corporativo.

En agosto de 2021, en otro concurso para una contratación de menor cuantía con el fin de chatarrizar carros y motos en Bello, Naranjo Recycling SAS no presentó la habilitación del Área Metropolitana, sino la que detenta su casa matriz en Cartagena, y fue uno de los aspectos por los cuales la descalificaron.

Por teléfono, Rafael Naranjo le ratificó a este diario que la Alcaldía les pidió conciliar para no ejecutar el contrato, pero ellos no aceptaron. Y con respecto a la nueva arista de la discusión que se abordará hoy en el Concejo indicó que aportaron toda la documentación que en su momento pidió la Secretaría de Movilidad; a la vez dijo no conocer el auto del Área Metropolitana que los llama a aclarar quién ejecuta el contrato de chatarrización que ha causado ruido en Medellín.