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Un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Medellín ordenó archivar, por inexistencia del hecho, el proceso que por celebración indebida de contratos se había iniciado contra el exsecretario de Infraestructura de Medellín y exalcalde de Envigado, Diego Gallo Riaño.
La decisión también cobija a la gerente del Empresa de Desarrollo Urbano de Medellín, EDÚ, Margarita Ángel Bernal y la exsecretaria del Medio Ambiente, Ana Milena Joya.
Según el fiscal, no se advierte la existencia de conducta punible alguna en las conductas de los tres indiciados por lo que se archivan las diligencias de conformidad con el artículo 79 de la Ley 906, de 2014.
Detalló el representante de este organismo acusador, que además dicha ley en el artículo 69, inciso dos, dispone que se “inadmiten las denuncias sin fundamento”.
La Fiscalía agregó que rastreó las cuentas bancarias de Diego Gallo “y no encontró nada relevante, movimientos especialmente llamativos o extraños”.
Es un alivio
Margarita Ángel, gerente del EDU, dijo que el viernes fue enterada de la decisión de la Fiscalía, pero que hasta el momento no se ha notificado, por lo que no ha leído el fallo.
Sin embargo opinó que estaba muy contenta con esta decisión, porque siempre sostuvo que ahí no había ningún delito.
Agregó que el caso está en la en Procuraduría, que aún no se ha pronunciado, “pero pienso que el fallo será igual porque en la actuación mía y de la EDÚ no hay nada y no se puede decir cosa distinta, porque hicimos los procesos con forme a la ley.
Consultada la Alcaldía ayer sobre este fallo, se indicó que hasta el momento no lo conocían.
El exalcalde de Envigado, Diego Gallo se pronunciará en rueda de prensa que convocó para hoy en el salón Comisiones de Plaza Mayor, a las ocho de la mañana.
Sin embargo, en un corto comunicado calificó el caso “de un proceso mediático iniciado en mi contra por el Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria y el precandidato a la Alcaldía, Alonso Salazar.
La Alcaldía de Medellín había solicitado, en enero de 2014, la investigación de estos funcionarios, por las presuntas irregularidades (sobrecostos) en la compra de lotes en los sectores de Belén Aguas Frías, y San Lucas, destinados a proyectos ambientales, los cuales fueron valorados en cinco mil millones de pesos, de los cuales la Administración canceló 1.500 millones de pesos.