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Constructora aún no ha entregado los estudios que determinarán qué
tan enfermo está el edificio que fue evacuado hace casi dos meses.
Han pasado 47 días desde que los 36 apartamentos del edificio Babilonia, en Itagüí, fueron evacuados preventivamente y aún no se sabe si la edificación debe ser demolida o puede ser reforzada.
Desde ese día, la Alcaldía le dio dos semanas a la empresa Ruiz Sánchez y Asociados para que entregara un informe del estado de la columna dañada —por la cual se ordenó la evacuación—, pero el documento les fue devuelto porque no cumplía con parámetros técnicos, según confirmó Óscar Muñoz Vásquez, secretario Jurídico de Itagüí.
“Les dimos entonces otros 30 días (que vencían el 30 de julio) para que hicieran un informe completo de patologías de la estructura, y ellos nos pidieron una prórroga que se cumple el próximo 25 de agosto. Es decir, hoy a esta hora, no sabemos qué puede pasar con la edificación”, dijo.
Mientras el tiempo pasa, las familias que habitaban el edificio siguen a la deriva. Según Muñoz, es la constructora la que debe responder por los arriendos de las familias, pero mediante comunicación escrita, la empresa le informó a la Alcaldía que no tiene recursos para hacerlo.
Por eso la administración municipal autorizó a la Oficina de Gestión del Riesgo para entregar subsidios de hasta 60% del salario mínimo, durante 3 meses, a los afectados. Pero ninguna familia ha recibido nada.
Ángela Ramírez, administradora del conjunto residencial y propietaria de uno de los apartamentos, explicó que la situación es crítica: “Tenemos gente que sigue viviendo en casas de familiares porque no tiene para pagar el arriendo. La Alcaldía nos prometió subsidios, pero aunque el 70% de los propietarios ha presentado documentos, ninguno ha recibido desembolsos”.
En efecto, y por ley, las familias deben demostrar —con documentos en mano— que son propietarias de los apartamentos, que carecen de recursos y que vivían en el lugar.
Muñoz dijo que ya se recibieron los documentos de esas familias, pero que aún está en ejecución un estudio de los mismos para confirmar que sí tienen derecho al pago.
“No podemos perder de vista que esto es un asunto entre privados: el Municipio no dio ni una palada en esa obra. Entonces nos tenemos que ajustar a la ley y verificar que los recursos se darán a quienes sí los necesitan”, declaró y se comprometió a que en el transcurso de esta semana serán entregados los resultados para desembolsar los recursos que luego serán cobrados a la constructora.
A hoy se han encontrado hasta casos de propietarios que viven fuera del país y que pidieron el auxilio para pagar una bodega en la cual almacenar los enseres. “En este caso no procede, porque la ley dice que el subsidio es sólo para habitabilidad”, dijo el Secretario Jurídico de Itagüí.
Actualmente las únicas personas que tienen permiso para entrar a Babilonia son las autorizadas por Ruiz y Asociados, y los integrantes de los organismos de emergencias.
La Alcaldía de Itagüí informó que cerca del edificio hay cuatro radares del Siata y que, según los datos que arrojan, la estructura no presenta movimientos atípicos.
“Hoy podemos decir que el riesgo es el mismo que había el día que lo evacuamos. Pero hay que tener en cuenta que le quitamos la carga viva: ya no hay gente viviendo, ni carros entrando, ni vehículos circulando por la vía aledaña”, dijo Muñoz.
EL COLOMBIANO contactó a Gabriel Jaime Ruiz, de la empresa Ruiz y Asociados, para conocer el estado de la estructura y la situación de los residentes, pero no obtuvo respuesta.
El pasado 2 de julio, Ruiz había dicho que él era el primero en querer saber lo que ocurrió en la estructura. “En el edificio Babilonia no se le vendió un ‘tapao’ a nadie o una cosa mala. La obra se construyó bien, para que durara lo que estiman los ingenieros que debe durar. Por eso le doy la cara al problema”.
Ese mismo día, Ruiz dijo que habían encontrado una “falla puntual” en el sexto piso de la estructura, al parecer por una baja resistencia de concreto. Sin embargo, este diario tuvo acceso a un video en el que se observan fallas en la columna en los niveles uno, dos y tres.
Solo con los resultados del estudio de patologías, se podrá saber si el edificio puede ser reforzado o si es necesario un derribamiento controlado.
Si el constructor incumple el plazo de entrega, entonces el Municipio deberá contratar su propio estudio y cobrárselo. “Si de ahí los expertos nos dicen que hay que derribarlo, me toca sentar a la constructora y a los propietarios para que digan cuándo lo hacemos y quién lo paga”, explicó el secretario Muñoz.
Mientras eso ocurre, continúan las investigaciones para ver si hubo irregularidades en el proceso constructivo .