El escandaloso porcentaje de hacinamiento en cárceles de Medellín

  • Hacinamiento en la cárcel Bellavista, en Bello. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Hacinamiento en la cárcel Bellavista, en Bello. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Por Rafael Gordo Nuñez | Publicado el 19 de junio de 2018
Infografía
Hacinamiento en cárceles de Antioquia

El hijo de Marleny Castañeda pierde lentamente la movilidad en la prisión de Puerto Triunfo por un tiro de fusil en una pierna. En la penitenciaría -antes de ser traslado al régimen de máxima seguridad- él debió permanecer 36 horas, de acuerdo a la Ley, pero residió varios meses por la superpoblación en las prisiones del país.

Necesitó intervención quirúrgica, y como en su vida jamás tuvo seguro médico, le fue imposible acceder al régimen subsidiado en la comisaría. Hoy su madre costea la operación mediante el embargo de su patrimonio a cambio de 2 millones de pesos. Es el círculo interminable de quienes caen tras las rejas.

La otra cara del problema: el pasado 12 de mayo la Fiscalía General de la Nación comunicó al alcalde de Medellín “la imposibilidad de continuar los operativos de seguimiento criminal de seguridad ciudadana por hacinamiento carcelario. Últimos capturados habían terminado en el auditorio de la Fiscalía”.

Días después se sumó al debate el gobernador de Antioquia Luis Pérez con la propuesta de “cobrarle un canon mensual a los internos con recursos.”

Ambos anuncios desataron la polémica. El primero, debido a la violencia que por décadas ha azotado la ciudad y que hoy se contrarresta dotando de más recursos a los organismos de control. El segundo, porque, entre otras razones, podría propiciar lavado de dineros de origen ilegal.

Ni aire, ni baños, ni camas

El hijo de Marleny Castañeda es parte de los 117.826 hombres y mujeres que a principios de junio sobrevivían en las 135 cárceles del país, las cuales poseen capacidad para 79.172 reos, según el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec.

En su último informe sobre el problema carcelario colombiano, (2017) el Institute For Criminal Policy Research, de la University of London, ubica a Colombia en el grupo de 12 países del continente donde los centros de reclusión superan la población permitida. “En algunos casos sobrepasa el 365 %”, escribió Elke Kooyman, coordinadora de detenciones del Comité Internacional de la Cruz Roja.

En Antioquia, con 20 establecimientos, esa situación rebasa el 80%. Hoy no poseen libertad 13.887 personas. Pero las prisiones apenas pueden albergar a 7. 660 –señaló Imelda López Solórzano, directora regional del Inpec.

Por otra parte, en las salas de captura de unidades policiales permanecen 1.050 detenidos, cuando la capacidad real es de 255.

Para el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, esta situación “se traduce en que la Policía se ha visto obligada a desviar efectivos para custodiar prisioneros, en vez de dedicarlos a vigilancia y orden”.

El Inpec, por su parte, intenta cumplir la regla de equilibrio que exige el ingreso a sus instituciones de un reo por cada dos egresados.

“Este año se ha dado de alta a 3.552 recluidos. Y se han incorporado 2.580. Pero en las salas de la Policía las cifras de detención no disminuyen. Esto conlleva a retener individuos por más tiempo de las 36 horas establecidas”, explicó López al Concejo de Medellín.

La Corte Constitucional -recuerda Aura Marleny Arcila, presidenta del Concejo- ha declarado el sistema penitenciario en estado inconstitucional y ha exigido actuación al Ministerio de Justicia.

En 2017, la Secretaría de Seguridad y Convivencia destinó 15.600 millones de pesos para mejorar las condiciones de los centros del Inpec.

“Se ha apoyado en la logística, en la seguridad durante el traslado de prisioneros, con la dotación e instalación de equipos en salas de monitoreo mediante cámaras de vigilancia, y en la intervención psicosocial”, expuso Andrés Tobón.

Por su parte, Imelda López explicó que en mayo el Inpec comenzó el traslado de más de 500 detenidos de Medellín a la cárcel de El Espinal, en Tolima. “Y se inició la construcción de la colonia agrícola de Yarumal, al norte del departamento, pensada para albergar a 1.328 privados de libertad”. Estos hechos, denuncian los familiares, afectan el derecho de los reos a recibir visitas, a causa de la lejanía.

Hacinamiento = tortura

“Si tú único plato de comida te llega a las cinco de la tarde avinagrado y a la misma celda de alguien con una epidemia. Y si mueres en esa cárcel por falta de medicina, pues te están torturando. La tortura tiene múltiples formas”, dice la concejal Luz Marina Múnera.

A estas violaciones se suman la estratificación de los reclusos por su estatus económico, la escasa higiene sanitaria y la falta de oxígeno que en lugares como La Candelaria provoca la aparición de enfermedades micóticas y un calentamiento a temperaturas incompatibles con la vida, argumenta Emilio Ceballos Orozco, investigador de Derechos Humanos de la Personería de Medellín.

Él y su equipo monitorean los establecimientos del Inpec, las salas de detención de la Policía y el búnker de la Fiscalía. “En esos centros conviven, junto a condenados mayores, personas que a veces no han sido enjuiciadas o prohibidos de detención domiciliaria. Se convierten en centros perpetuadores de la violencia”.

El hijo de Marleny -cuenta Orozco- integra los miles de casos en un limbo en materia de salud. “En los establecimientos de Inpec solo se prestan servicios básicos. Quienes necesitan otras atenciones recurren a aseguradoras, como hizo su mamá, pero luego, debido a la falta de condiciones del Inpec, por ejemplo, pierden citas médicas, al no existir garantías para su traslado”.

Más gente sin libertad, con menos derechos, en menos metros cuadrados, es el resultado, en Antioquia, de uno de los dilemas de la justicia en el país.

Contexto de la Noticia

INFORME Las soluciones parecen complejas:

·Aura Marleny Giraldo: Estrategias separadas para condenados y sindicados. Explorar la construcción de infraestructuras mediante alianzas público- privadas.

·Andrés Tobón: Una transformación en materia infraestructura, que no solo es competencia de los municipios. Una política criminal que agilice los mecanismos para llevar a las cárceles a quienes verdaderamente cometen delitos y no congestionar el sistema judicial con consumidores.

·Emilio Ceballos: Materialización de políticas públicas encaminadas a la prevención del delito.

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