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Supuestamente la banda Los Caparrapos envió el jueves 7 de noviembre dos mensajes al Whatsapp de la secretaria Laura Ruiz. Eran contundentes: exigían la salida inmediata del municipio de Antonio Escobar Flórez, único Juez de Vegachí. Le advertían que, si no dejaba trabajar a dos abogados, atentarían contra su vida. Así lo contó él a EL COLOMBIANO.
El juez llevó la denuncia a la Fiscalía, a la Policía y a la Unidad Nacional de Protección (UNP); sin embargo, no tiene clara la procedencia de las amenazas, su único indicio podría ser que hace pocos meses se declaró impedido para conocer los procesos de esos abogados que litigan en Vegachí, “por impedimentos que se encuentran sustentados en el código general del proceso y que fueron ratificados por mi superior jerárquico (Juez de Yolombó)”, afirmó.
Además, refiere que el puente festivo del 2 de noviembre trabajó como Juez de Control de Garantías y les dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a seis capturados, presuntos integrantes de bandas criminales.
La situación en Bello
El caso de Antonio Escobar no es el primero en Antioquia. En el último mes dos jueces penales del departamento han sido amenazados.
Durante los días previos a las elecciones regionales, Liliana María Arias Uribe, que ejercía como Juez Segunda Penal del Circuito con función de Conocimiento de Bello, en su despacho recibió un panfleto que amenazaba su vida y la de su familia si no ganaba el candidato del Centro Democrático, Óscar Pérez.
Ese Juzgado Segundo Penal de Circuito de Bello fue el que confirmó una resolución impuesta el 30 de enero de 2019, que decía que el candidato debía portar un brazalete del Inpec para ser monitoreado.
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El hoy alcalde está siendo investigado por irregularidades en firma de contratos durante su alcaldía en 2008-2011. Por su parte, la jueza pidió cambio de radicación al Tribunal Superior de Medellín y esa investigación ahora la tiene el Juzgado 10 del circuito. Pérez le informó a EL COLOMBIANO que todo esto haría parte de una campaña de desprestigio en su contra utilizada por sus contradictores. A través de un video en su página de Facebook, publicado el 25 de octubre, también denunció: “He sido víctima de ataques consecutivos sistemáticos por parte de nuestros opositores, ataques malintencionados, calumnias, amenazas”.
Hasta la fecha las autoridades desconocen la procedencia de los panfletos y no han vinculado a nadie como responsable de los mismos. El comandante de la Policía Metropolitana, general Eliécer Camacho, aseguró en diálogo con EL COLOMBIANO que el caso está siendo manejado por la Fiscalía y se encuentra en investigación.
Dicho caso está en etapa de indagación por parte de la policía judicial del CTI. “Se han realizado todas las labores pertinentes: entrevistas y cotejos”, detalló la Fiscal encargada.
No es la primera vez
Los dos jueces penales mencionados en este artículo ya habían sido amenazados. Escobar Flórez cuenta que recibió en 2016 un panfleto supuestamente de parte del Clan del Golfo. Con palabras soeces le decían que debía abandonar el municipio. Él llegó de Santa Marta, el 15 febrero de 2015, a ejercer la judicatura en Vegachí, nordeste antioqueño. Hoy maneja también procesos de Segovia, Remedios y Yolombó.
Liliana María Arias Uribe había recibido tres panfletos previos enviados por correo certificado, que también fueron pegados en las paredes del Palacio de Justicia.
Más apoyo
Juan Carlos Acevedo, juez penal de Medellín, dijo que la situación de los jueces es alarmante. “Nos genera preocupación por la falta de protección que estamos teniendo los jueces. Este tipo de amenazas intentan amedrentarnos a nosotros e interferir con nuestras decisiones”.
Algo similar opina el juez de Vegachí: “Es muy duro. Se siente uno intimidado, solo”. Escobar está esperando recibir la seguridad prometida por la Unidad Nacional de Protección, y agrega que la judicatura en Colombia “está muy abandonada por las autoridades”. “Estamos a libre albedrío de cada actuar del que quiera amenazar cuantas veces quiera”.
Por su parte, la jueza tiene un carro blindado y está acompañada por dos personas de la UNP, según confirmó el comandante de la Policía Metropolitana, general Camacho. La Personería de Bello dijo que, en este caso, “inmediatamente” se enteró de las amenazas activó la ruta con la Alcaldía, Procuraduría, UNP, Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría del Pueblo y Policía Nacional para solicitar que iniciaran procedimientos de protección.
“La solicitud que hacemos todos los jueces es tener más respaldo de las autoridades (...) Día a día estamos resolviendo casos en los que una de las partes queda feliz y otra triste por decisiones que en derecho corresponden... el Gobierno Nacional debe prestar más atención a la rama judicial, porque nos tiene muy a abandonados”, dijo el juez Escobar, que en este momento está a la espera de la decisión del Tribunal Superior de Medellín sobre su solicitud de traslado de Vegachí.
Rechazo
El Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia emitió un comunicado el 7 de noviembre en el que rechaza categórica y enérgicamente las amenazas contra el juez y exige la seguridad necesaria para ejercer su función. Además, repudia que la Administración de Justicia se vea truncada por esta clase de situación, que impide de manera preocupante la prestación del servicio de forma independiente, autónoma y sin presión alguna, como lo manda nuestro Estado social y democrático de derecho.
El Tribunal Superior de Medellín también había rechazado la situación de la juez de Bello. “Rodeamos y respaldamos a la señora juez en su labor de respaldar justicia, función constitucional que en este momento está siendo truncada por presiones indebidas”.