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Tres personas con prisión domiciliaria, dos libres y cuatro más con libertad restringida (sin posibilidad de acercarse a la administración pública de Envigado o sus funcionarios) es el balance que dejaron las audiencias preliminares en las que la Fiscalía imputó, por varios delitos, al alcalde de ese municipio, sus secretarios de Hacienda y Educación, el Contralor, un funcionario del Ministerio de las TIC y dos particulares por una presunta feria de contratos con recursos públicos.
Uno de los cobijados con libertad restringida es precisamente el alcalde, Raúl Cardona, quien recibió medida no privativa de libertad consistente en abstenerse de ingresar a la administración pública del municipio de Envigado y sus dependencias y de tener contacto con funcionarios, empleados y contratistas, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y concusión.
Así las cosas, Cardona no podría ejercer sus funciones como alcalde. Por eso el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció que su despacho está a la espera de la notificación del juez para pedirle al Partido Liberal —por el que Cardona resultó elegido— que presente una terna para elegir quién asumirá las funciones de alcalde mientras se aclara la situación jurídica del mandatario.
Cabe resaltar que, como faltan menos de 18 meses para que termine el gobierno, ya no es posible convocar a nuevas elecciones. Eso quiere decir que quien sea designado asumirá hasta el final del mandato, a menos que un juez revoque la medida impuesta a Cardona o lo absuelva de los delitos por los que se le acusan.
Mientras eso ocurre continuará como alcalde encargado el secretario de Seguridad, Juan Manuel Botero.
Dos de los cobijados con casa por cárcel fueron Girlesa Mesa Medina, secretaria de Hacienda de Envigado, y el contralor José Conrado Restrepo, por su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento privado.
Ambos presentaron las renuncias a su cargo el pasado fin de semana. Dado que el puesto de Girlesa es de libre nombramiento y remoción, será el alcalde encargado el que designe un reemplazo. En el caso del contralor, el presidente del Concejo de Envigado, Juan José Orozco, explicó que la subcontralora Mary Luz Arroyave asumió el cargo y que, tras la dimisión, la corporación deberá abrir un nuevo concurso de méritos.
Uno de los cargos por los que al alcalde Cardona le impusieron restricción para tener contacto con los funcionarios o visitar las sedes de la administración de Envigado, fue el que enfrenta por tráfico de influencias.
Según la evidencia mostrada por la Fiscalía, Cardona le pidió a su secretario Botero —actual alcalde encargado— que mediara para ayudar al concejal Víctor Giraldo, al que la policía le iba a cerrar un local comercial porque violaba la ley seca.
El juez dijo que el alcalde podría representar un peligro para la comunidad porque podría seguir incurriendo en acciones que quebranten el artículo 13 de la Constitución. Y cuestionó que el alcalde terminara disculpándose con el concejal por el cumplimiento del deber de la Policía, y poniéndose a su orden para lo que pueda necesitar.