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Para muchos es de no creer: quienes hacen todo por salvar vidas y se preparan para ello, son quienes más están siendo agredidos en ese ejercicio.
La violencia contra el personal médico en Medellín se ha convertido en una problemática que crece con alarmante preocupación.
En tres de las más convulsionadas salas de urgencias de la ciudad, el año pasado fueron denunciados 103 casos de maltrato físico a enfermeros, médicos, camilleros y auxiliares del servicio.
Durante este 2015, en las mismas entidades, ya son 20 las situaciones de agresiones físicas reportadas.
Solo en la IPS Universitaria León XIII, las directivas médicas dieron cuenta de nueve casos de golpes en contra de su personal este año y 31 el pasado 2014.
En Metrosalud, entre tanto, el registro muestra 46 agresiones el año pasado y este 2015 los atropellos aumentan, de acuerdo con lo reportado por su gerente Marta Castrillón.
“En nuestras sedes nos movemos en medio de la violencia: gente armada y poca tolerancia. A estas acciones antes las llamábamos agresión a la misión médica pero esta connotación hace referencia a las zonas de combate, ataques a ambulancias. La definición para nuestro caso es de una situación riesgo público y social”, explica.
De la problemática no es ajeno el Hospital San Vicente de Paúl (HSVP). Allí, tienen registro de 35 situaciones en que pacientes o familiares de estos, la emprendieron a puñetazos o lanzándoles objetos, a empleados de la entidad.
Clara Lopera*, representa el rostro de uno de los más recientes casos de agresiones.
En varios años de trabajo como auxiliar de enfermería en urgencias del San Vicente de Paúl, ha sufrido insultos y hasta amenazas. Pero hace poco más de un mes un paciente le generó heridas que le implicaron ser incapacitada por 10 días.
“Ese día recibí el turno, y llegó un paciente agitado, pero consciente. Lo inmovilizaron pero empezó con agresión verbal. Cuando fui ponerle un protector me golpeó, con su puño, mi cara”, explica la mujer, de 30 años.
Aunque el diagnóstico de la valoración médica de la auxiliar de enfermería arrojó que sufrió hematoma en su cara con una herida abierta, no hubo denuncia penal contra le responsable y su caso, como el muchos otros tantos, quedó en el subregistro.
Lo sucedido a Lopera, para la ley, es estipulado como un caso de accidente laboral, según explicaron algunos asesores jurídicos. Por eso, su acción legal no habría tenido éxito en los estrados.
Según Álvaro Londoño, coordinador de Salud Ocupacional del HSVP, la primera instancia, en cuanto al procedimiento penal, que tienen los trabajadores de la salud es elaborar la denuncia en la Fiscalía por lesiones personales, pero normalmente, esas agresiones, no conducen a una orden de captura.
“Las incapacidades, en la mayoría de estos casos, no superan los 10 días. Entonces, los procedimientos penales se ven limitados”, agrega.
Para Londoño, en su entidad hospitalaria, como en la mayoría de las del país, uno de los principales riesgos laborales es la violencia. Antes están el biológico y las cargas física.
El profesional, añade que, si bien, entre los casos de pacientes agresores están los psiquiátricos (que no son conscientes de lo que hacen) y los que están bajo el efecto de sustancias sicoactivas, también hay otros que simplemente son intolerantes.
Del total de los casos presentados en la IPS Universitaria León XIII, dos de los responsables fueron personas en estado de consciencia.
De hecho, comenta Aurelio Velásquez Builes, coordinador de urgencias de esa sede de la entidad, un enfermero fue agredido por la hija de un paciente que esperaba a ser atendido en urgencias de esa institución.
“Estas personas (agresores) no entienden la complejidad del sistema de salud y el estrés, luego de —en muchos casos—recorrer varias instituciones médicas donde no les recibieron a su familiar, los saca de casillas”, señala, en tanto enfatiza que otro procedimiento incomprendido es el de la clasificación de las urgencias: por regla debemos atender primero a un herido por mina antipersonal que a una persona con un dolor en su cabeza”.
En Medellín, una ciudad con un aproximado de 2 millones y medio de habitantes, hay 41 salas de urgencia para un total de 941 camas.
La proporción, con respecto al número de pacientes, es crítica, dice Juan Carlos Giraldo, vicealcalde de Salud.
Agregó a la problemática el cierre de algunas unidades de urgencia en la ciudad por las exigencias extremas del Gobierno Nacional.
“El sistema de salud, desde el nivel nacional, creó normas para abrir un servicio de urgencias y para eso se pusieron estándares altos, como tener grandes estructuras físicas. Le hemos suplicado al Ministerio que cambie la norma, y aunque nos dicen que sí, sigue igual. Hoy tenemos que no hay sino posibilidades que los hospitales grandes tengan urgencias”, asevera.
El funcionario, a su vez, atribuye esa “inflexibilidad” de las normas a la alta congestión de las urgencias y pone como ejemplo a Barranquilla, ciudad eximida por la norma, debido a la connotación que le dieron de Distrito.
“Pedimos que nos dejen hacer la norma a nosotros mismos para que Metrosalud y algunas EPS serias puedan tener sus propias urgencias. Que haya más sitios y tengamos salas cercanas a los usuarios. Así se le disminuye la presión a los hospitales grandes”, estableció Giraldo.
Si bien las entidades no escatiman en medidas para evitar las agresiones a su personal en las salas de urgencia, la mayoría de las veces no hay control de la furia de pacientes y familiares.
Vigilancia privada, Policía, cámaras de seguridad o trabajo social no logran persuadir a los usuarios y llevarlos por un camino de tolerancia.
Siendo este el panorama, el único escenario que les queda a los empleados de la salud es el de insistir en el respeto y, sobre todo, tomar consciencia que quienes trabajan en una sala de urgencias estudiaron para salvar vidas y no con el objetivo de destruirlas.