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Cada una de las vallas ubicadas a lo largo de la vía a Las Palmas, que atraviesa sectores de Medellín y Envigado, oculta parte del paisaje —la vista al Aburrá desde el Oriente o las montañas—. Pero también detrás de cada uno de estos avisos publicitarios hay una controversia que lleva años de reclamos ante Espacio Público y un importante negocio del que dependen cientos de empleos.
Entre acciones legales, el vencimiento de algunos contratos y nuevos proyectos constructivos en el sector, en los últimos seis años se ha reducido en más de una tercera parte la cifra de avisos a lo largo de la doble calzada. ¿Será que deben desaparecer del recorrido de la vía como sostiene el ciudadano Michel Taverniers, quien ha cuestionado, desde lo escrito en las normas, los permisos para cada una?
Desde el 2007 Taverniers ha liderado numerosas acciones legales buscando el desmonte de las vallas ubicadas a lo largo del corredor de la vía a Las Palmas.
Para el 2010, observa, había entre el Hotel Intercontinental y la glorieta de Sancho Paisa 121 vallas con publicidad de diversos anunciantes. Tras seis años de radicar acciones populares en contra de las administraciones de Medellín y Envigado, según sus cuentas, se han reducido a unas 80, de las cuales 44 estarían en jurisdicción de Envigado a partir del CAI de Chacaltaya.
Taverniers sostiene que en la práctica, todas las vallas ubicadas a lo largo de la vía son ilegales porque encuentra que no cumplen las normas que regulan este tipo de elementos publicitarios en el país.
“Además de contaminar visualmente el paisaje, estas vallas presentan un obvio peligro vial”, argumenta.
¿Por qué lidera él los reclamos antes que cualquier entidad? La respuesta, la encuentra este ciudadano en el artículo 12 de la Ley 140, de 1994 —norma que cita en sus reclamos—.
“(...) cuando se hubiese colocado Publicidad Exterior Visual en sitio prohibido por la Ley o en condiciones no autorizadas por esta, cualquier persona podrá solicitar su remoción o modificación a la alcaldía municipal”.
En otros apartes de la misma norma encuentra que está prohibido instalar una valla a menos de 250 metros de otra, a menos de 250 metros de una curva y a menos de 15 metros del borde de la calzada. Además, que con cada valla que se ubica en el corredor de Las Palmas hay contaminación visual por la interrupción del paisaje.
Cita además el acuerdo municipal 1683 de Medellín y el Plan de Ordenamiento Territorial de Envigado, que bajo su criterio estarían siendo incumplidos en los dos municipios al permitir la ubicación de las vallas.
“Hay que saber que el negocio de las vallas en la vía representa alrededor de 3.000 millones de pesos anuales (tres millones mensuales por cada valla, por 12 meses, por 80 vallas instaladas) suficientes para sobornar a cualquier funcionario o juez indelicados”, advierte Taverniers.
Como fundador de la firma Vallas y Avisos, una de las empresas de publicidad exterior reconocidas en Medellín y el Aburrá, Eduardo Henao, subraya que la ubicación de las vallas ha generado empleos por varias décadas y es una actividad que aporta con el pago de impuestos a los municipios ante los cuales se tramitan las respectivas autorizaciones.
“Hay que tener en cuenta que en esta empresa laboran más o menos 150 trabajadores y les pagamos sus salarios de lo que producen las vallas que tenemos instaladas. Si no permiten la ubicación de vallas en ninguna parte, ¿qué va a pasar con estas personas y sus familias?”, sostiene.
Desde su punto de vista, el presunto incumplimiento de aspectos técnicos en las normas —las distancias frente a la calzada, las instalaciones eléctricas, las curvas y entre vallas— no es más que “un cuento chino para hacernos el mal a las empresas de publicidad exterior”.
De todas formas, anota que la empresa cuenta con asesoría jurídica y está debidamente organizada para sortear estos temas. En su caso, tiene vallas ubicadas en los municipios de Envigado, Itagüí, Medellín y Sabaneta.
“Y no tenemos en el momento ningún problema legal con estos avisos”, aclara.
“Está empresa la fundé hace 35 años con un capital de 350.000 pesos y hoy tenemos como propiedad el edificio que es de la empresa en El Poblado. El aporte para las familias de nuestros empleados es una cifra importante mes a mes y no vaya a creer que son centavos lo que pagamos a los municipios”, agrega.
Según sus cuentas, tan solo entre Envigado, Medellín e Itagüí son más de 80 millones de pesos mensuales los que su empresa paga en impuestos.
Luis Carlos Díaz Mora, abogado experto en temas de movilidad, admite que a lo largo del corredor de Las Palmas hay vallas que no cumplen con todo lo que exigen las normas y se convierten en distractores para los conductores, lo que puede generar accidentes.
Hay que tener en cuenta que, por tratarse de una de las entradas a Medellín, la vía Las Palmas tiene un alto volumen de tráfico.
Díaz es partidario de que se haga un estudio para determinar si se deben modificar los elementos de publicidad que actualmente están en el recorrido de la vía. Recuerda que en el pasado las señales de tránsito eran financiadas por privados y también tenían publicidad, aspecto que fue eliminado por considerar que resultaba inconveniente.
Revisando el caso de los avisos de publicidad exterior ubicados en la jurisdicción de Envigado a raíz de las acciones legales que interpuso Taverniers y que implican al Municipio, el director de Planeación de la localidad, Esteban Salazar, admite que “efectivamente había unas vallas que no cumplían lo estipulado en las normas”.
En su recuento, explica que un juez ordenó al Municipio adecuar a las distancias reglamentarias las vallas que no se ajustaban a las exigencias y en 2010 se desmontaron y se modificaron para el cumplimiento de las especificaciones.
“El juzgado tercero administrativo de Medellín, Corantioquia y la Policía verificaron entonces el cumplimiento de la norma. Se dejaron 30 vallas en jurisdicción de Envigado, a 250 metros de distancia y 20 metros del borde de la vía”, señala el funcionario.
Según los registros de Salazar en Planeación, quedan 26 vallas en el tramo de Las Palmas que corresponde a Envigado —cuatro fueron desmontadas en terrenos donde se han iniciado proyectos de construcción—.
“En materia de impuestos, estas vallas pagan al Municipio cinco salarios mínimos al año cada una. Son cerca de 90 millones de pesos al año por todas”, apunta.
Salazar anota que hay dos vallas entre la glorieta de Sancho Paisa y los límites con el municipio de El Retiro, que no cumplen con las normas.
“Ya enviamos oficios a las entidades respectivas para que por favor se ajusten a los requerimientos”, advierte.
Con motivo de la publicación de este informe, intentamos contactar en el Departamento Administrativo de Planeación de Medellín, a las personas responsables del tema para que nos dieran sus conceptos. No obstante, seguimos esperando sus aportes sobre este asunto de interés ciudadano.