Ofensiva judicial contra el cartel de los explosivos

  • Existe una red de comercialización ilegal de explosivos fabricados por la Industria Militar (Indumil), en particular de Indugel, mecha lenta, cordón detonante y estopines (detonadores). FOTO COLPRENSA
    Existe una red de comercialización ilegal de explosivos fabricados por la Industria Militar (Indumil), en particular de Indugel, mecha lenta, cordón detonante y estopines (detonadores). FOTO COLPRENSA
Por nelson matta colorado | Publicado el 30 de noviembre de 2017

Diez representantes legales de minas y 22 mineros del Nordeste antioqueño han sido arrestados en los últimos tres meses, en una ofensiva judicial contra el tráfico de explosivos en la región.

La investigación es liderada por la Fiscalía 75 de la Dirección contra la Criminalidad Organizada, y los arrestos se ejecutaron en dos fases: el 16 de septiembre, cuando la Policía capturó a 14 personas y dos se entregaron; y el 9 de noviembre, cuando el CTI detuvo a 13 ciudadanos, y tres más se presentaron voluntariamente.

Estas personas son señaladas de participar en una red de comercialización ilegal de explosivos fabricados por la Industria Militar (Indumil), en particular de Indugel, mecha lenta, cordón detonante y estopines (detonadores).

Según la investigación, estos elementos, cuya fabricación, licencia, venta y uso es vigilado por el Departamento de Control Comercio de Armas, la Secretaría de Minas y el Ejército, están terminando en poder de mineros informales y bandas, que los emplean para extraer oro en yacimientos de Segovia, Remedios y el Occidente de Antioquia.

De los 32 capturados, diez son representantes legales de minas de Segovia, de acuerdo con la Fiscalía. Se trata de Diego Echavarría Calderón, de la mina La Tres y Media; Susano Castro Bentham, de la mina La Paz; Fabián Isaza Orozco, de la mina El Progreso; y Clara Vallejo Restrepo, de la mina Santa Cruz.

La lista sigue con Emilio García Jiménez, de la mina La Valencia; Holmes Valdés, de la Cooperativa Multiactiva Futurama; Juan Cortés Roldán, de la Sociedad Minera La Revancha; Saúl Taborda Jiménez, de la mina La Roca; Julio Valencia Macías y Yurani Escalante García, ambos de Operaciones Mineras de la Región.

Fueron presentados en audiencias de garantías ante los juzgados Segundo y Tercero Penales Ambulantes de Antioquia, donde la Fiscalía les imputó tráfico de explosivos, concierto para delinquir y falsedad marcaria (por alterar la numeración de los elementos).

Los 32 procesados rechazaron los cargos y conservan la presunción de inocencia. Los jueces ordenaron detenciones domiciliarias para unos y a otros les dieron libertad condicionada, pero todos siguen involucrados en el caso. El ente acusador tiene hasta enero para formular la acusación.

En las audiencias, la Fiscalía hizo énfasis en que “esta es la primera investigación en Colombia en relación al tráfico de explosivos para la minería”.

Situación preocupante

En la investigación periodística titulada “El oro prendió la mecha del cartel de los explosivos”, publicada el pasado 30 de mayo, EL COLOMBIANO informó cómo funciona la comercialización clandestina de explosivos de Indumil en Antioquia.

Con base en informes de autoridades y fuentes del gremio minero, se estableció que los implicados en este cartel desarrollaron varios métodos para desviar el material que sale de las brigadas militares hacia las empresas autorizadas de minería y obras civiles: al parecer hay mineros, con autorización legal para comprar el explosivo, que revenden excedentes y falsifican la contabilidad.

En otros casos, quienes hacen la reventa son firmas subcontratadas para la explotación, que obtienen el insumo del contratista principal. También hay episodios de venta legal a mineros cuyo socavón no está operando, y otros en los que compañías sancionadas cambian de razón social para seguir comprando con nueva fachada.

En su momento, el coronel Néstor Espitia, gerente (e) de Indumil, dijo que “el problema no es de la guardia hacia atrás, sino hacia adelante. La fuga arranca a partir de las minas, porque las bandas han visto en ellas una fuente de financiación; no sale de la operación comercial, sino de la operación minera”.

En los primeros cinco meses del año, en Antioquia decomisaron 7.5 toneladas de Indugel (un promedio diario de incautación de 51.7 kilos). Según las investigaciones, en el tráfico también interviene la banda “los Urabeños”, que extorsiona a los revendedores del insumo y obliga a los mineros informales a comprarle en sus sitios de acopio, con precios cinco veces más altos que el valor legal.

Contexto de la Noticia

radiografía mineros informales contra la pared

Rubén Gómez, secretario General de Conalminercol, gremio de pequeños y medianos mineros e informales, dice: “parece que el Gobierno no tiene intención de formalizarnos, al punto que se truncaron 644 minutas que estaban listas para firmar en la Gobernación de Antioquia para titulación minera, porque se expidieron normas en 2017 que traían nuevos requisitos y afectaron solicitudes presentadas antes de 2010; esos requerimientos no fueron notificados a los solicitantes. Se firmaron acuerdos para que se levantara el último paro de Segovia y Remedios, entre ellos el acceso a explosivos, pero lo que hicieron fue iniciar una cacería de brujas en el Nordeste. Hay intereses mafiosos para que ese material no llegue a los mineros informales”.

Egresado de la U.P.B. Periodista del Área de Investigaciones, especializado en temas de seguridad, crimen organizado y delincuencia local y transnacional.

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