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De los 125 municipios que tiene Antioquia, 102 están ubicados por la Contraloría General de la República en la categoría seis, es decir, entre los menos poblados y los más pobres, por no cumplir con topes en el recaudo de tributos. Uno de estos, en el deshonroso lugar, es Santa Fe de Antioquia, considerado centralidad del Occidente del departamento y destino turístico nacional e internacional.
Esta localidad, como la de Copacabana, al norte del Valle de Aburrá, son las dos únicas del territorio seccional que según el actual informe de categorización de municipios entregado por el ente de control, desmejoraron su calificación.
Santa Fe de Antioquia pasó de la categoría quinta a la sexta, mientras Copacabana de la segunda llegó a la tercera. El mismo reporte (ver gráfico), a su vez, revela que cinco poblaciones mejoraron su categoría: Caldas y La Estrella (sur del Valle de Aburrá), Guarne y La Ceja (Oriente) y Turbo (Urabá).
La categorización de los municipios es establecida por la Ley 617 de 2000 y se da de acuerdo con rangos de número de población y monto de los recursos (ingresos corrientes de libre destinación) obtenidos por las administraciones, estos son los que reciben las alcaldías por conceptos como impuesto predial y de Industria y Comercio.
En Colombia, explica Luis Fernando Agudelo, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de Medellín, de los 1.122 municipios, 1.049 son de quinta y sexta categoría.
“La mayor parte de los ingresos de libre destinación dependen de la capacidad de recaudar ingresos tributarios dentro del municipio. Copacabana y Santa Fe de Antioquia tienen base fiscal, a quien cobrarle, pero no capacidades institucionales para recaudar”, señala.
Para el experto, bajar de categoría reduce las remuneraciones de funcionarios, por ejemplo, concejales y personero. Además, agrega, limita los recursos que la Nación pueda girarle para proyectos de infraestructura bajo el esquema de cofinanciación.
“A la hora de distribuir recursos, un municipio como Santa Fe de Antioquia, con la población que tiene (26.000 habitantes), debería tener más dinero de libre destinación”, dice Agudelo y agrega que bajar de categoría es una pérdida en gasto social, pues deja maniatado al alcalde a la hora de competir por proyectos en los que el Gobierno Nacional o el Departamental pongan una parte y el Municipio otra.
Ofelia Elcy Velásquez, directora de Planeación Departamental, explica que para que Santa Fe de Antioquia pudiera permanecer en categoría cinco necesitaba reportar ingresos de libre destinación que superaran $25.000 millones en el 2017, pero no fue así y, por eso, la Contraloría lo puso en sexta.
No obstante, señala la funcionaria que la Administración local hizo ajustes y recuperará el sitial que tuvo el año pasado. “Con la información que el alcalde ha venido cargando al aplicativo, estamos seguros que el Municipio volverá a categoría cinco, pues los ingresos en 2017 están superando el rango de los 25.500 millones de pesos”, destaca.
Sobre la situación de Santa Fe de Antioquia, el alcalde Saulo Armando Rivera cuestiona el informe de la Contraloría y el concepto de Planeación departamental, y asegura que está desactualizado. Anota que ya reportaron resultados para volver este año a la categoría quinta.
“En octubre de 2017 certifiqué la categoría quinta, porque los ingresos de 2016 alcanzaron la meta que establece la ley. O sea que ya la recuperamos”, destaca.
Según el mandatario local, la estrategia para haber, supuestamente, salido de la categoría sexta, fue cobrando impuestos como predial, que antes no se recaudaban.
“Hice actualización catastral para que urbanizaciones que no cancelaban hace seis años, ya lo estén haciendo. Así hemos subido $10.000 millones más el recaudo”, apunta.
El caso de Copacabana, el otro municipio que descendió de categoría (de segunda a tercera) es diferente al de Santa Fe, aclara la directora Velásquez.
Asevera que en 2014 lo ubicaron en un rango dos debido a errores en la lectura de los ingresos de libre destinación, cuando solo les daba para estar en tercera categoría.
“En 2016 corrigió y la Contraloría lo puso en la tres, donde tienen ingresos hasta $50.000 millones”, concluye .