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Fiscalía tiene en la mira a bandas criminales y alcaldes corruptos
El ente investigador logró la captura de dos mandatarios en 2018. Estos son los retos para 2019.
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Raúl González dice que quisiera tener 50 investigadores más del CTI y llegar a esclarecimiento del 100% en delitos sexuales FOTO julio césar herrera
14 de enero de 2019
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En una ciudad que concentra el 40% de los grupos delincuenciales organizados de Colombia, la labor para la Fiscalía es exigente.
Al frente de la dirección seccional del ente investigador está, desde hace 15 meses, Raúl González Flechas, quien antes ejerció como fiscal delegado en Cauca.
Durante su gestión, además de varios golpes al crimen organizado, la Fiscalía ha llevado ante la justicia a dos alcaldes metropolitanos y tiene en la mira a varios funcionarios corruptos. Este es el balance que el funcionario le presentó a EL COLOMBIANO.
¿Cuáles son los mayores logros de la Fiscalía Seccional Medellín en 2018?
“Medellín no es fácil. Tiene particularidades en la criminalidad distintas al resto del país. Por ejemplo, de los homicidios en Bogotá casi 60% son por intolerancia. Aquí es a la inversa, por bandas criminales.
Cuando yo llegué a la Seccional había una tasa de esclarecimiento de homicidios del 14% (14 de 100 se resolvían) y hoy la tenemos en 22. Si bien parece una cifra pequeña frente a la cantidad de muertes, subirlos porcentualmente es muy complejo. Nunca se había logrado, y tengo la plena convicción de que vamos a superar el 30% de esclarecimiento este año.
Encontré una unidad de delitos sexuales con un rendimiento interesante, pero el año pasado logramos prácticamente duplicar los resultados de judicializaciones de abusadores sexuales, sobre todo en contra de niños, niñas y adolescentes. Solo en una de las jornadas que hicimos durante un mes logramos casi 100 capturas”.
Al ciudadano le molesta que muchos de los capturados quedan en libertad. ¿Cuál ha sido la eficiencia en capturas vs. medidas de aseguramiento e imputaciones?
“La cifra plana, sin análisis, de número de capturas y número de libertades es abrumadora. Aproximadamente al año se hacen 20.000 capturas, la mayoría son hechas por policía de vigilancia en situaciones de flagrancia, y más o menos el 50% por estupefacientes.
De ellas, con medida de aseguramiento carcelarias quedan aproximadamente 2.000, otro tanto en medidas domiciliarias, pero el gran porcentaje quedan en libertad. Esas libertades son de capturas en flagrancia por dosis mínima, dosis de aprovisionamiento, porque no hay elementos para establecer que ese capturado es un distribuidor o un expendedor.
Nos ha tocado cambiar la metodología investigativa para poder capturar a esos reincidentes y llevarle los elementos al juez para que no queden en libertad.
En las capturas de cabecillas tenemos una tasa condena de más del 90% y en las capturas por orden judicial, el 80% obtiene medida de aseguramiento carcelario”.
¿Cuál es la metodología?
“Sacamos el listado de las personas capturadas por estupefacientes durante el año, hicimos un top 20 de los más capturados, encabezando con un sujeto que tenía aproximadamente 60 capturas con 60 libertades. El número 20 de la lista tenía 20 capturas.
Tomamos todas las noticias criminales y a través del trabajo de agentes encubiertos, empezamos a ir a las plazas de vicio donde eran capturados. Nuestro personal del CTI se hizo pasar por clientes, entró a las organizaciones y logró detectar dónde estaban los inmuebles en los que estaban almacenando. Encontramos esas ollas de vicio y generamos allanamientos con capturas efectivas para la mitad de esos 20 reincidentes. Hoy están con medida de aseguramiento carcelario”.
En 2018 fue sorpresa para la ciudadanía la captura de alcaldes. ¿Qué hizo que se empezara a mover ese tipo de investigaciones?
“Para mí, el gran problema de nuestra sociedad es la corrupción, por encima de delitos que tanto nos conmueven como el hurto y el homicidio. Muchas de esas situaciones podrían solucionarse si los recursos públicos se utilizaran para lo que se deben usar.
Destacamos unos fiscales que lleven de manera priorizada algunos casos de corrupción y nos dio resultado manejar la investigación como las de cualquier organización criminal organizada: con agentes encubiertos, interceptación de líneas telefónicas, asociación de casos, y a pesar de la astucia que hay frente al tema, se ha logrado obtener elementos de prueba.
Nosotros no nos vamos a arriesgar a hacer una imputación de cargos que va a ser muy llamativa sin tener elementos de prueba. Aquí no hay una cacería de brujas contra alcaldes o servidores públicos, esto es un trabajo serio”.
¿Cómo fue la investigación contra el alcalde de Barbosa, Edison García?
“Es un caso muy llamativo. Los recursos públicos de la administración de Barbosa se estaban quedando en los bolsillos de los funcionarios, y es una alcaldía sin inversiones, con obras mal hechas, con detrimentos patrimoniales y con un enriquecimiento evidente por parte de su cabeza, que es el alcalde procesado en este momento.
Tanto así que en el trabajo de extinción de dominio, en una labor de tres días, encontramos bienes por 9.000 millones de pesos de un servidor que no tiene la capacidad económica para tenerlos. Afortunadamente la judicatura respondió favorablemente la solicitud de medida de aseguramiento y la confirmó en segunda instancia. Eso nos ha permitido profundizar en la investigación y nos va a llevar a hacer nuevas imputaciones de cargos en contra de este servidor”.
¿Y contra el alcalde de Envigado, Raúl Cardona?
“Fue muy sensible por ser un municipio tan importante donde, aparentemente, las cosas funcionan muy bien, pero con situaciones muy llamativas como la permanencia durante muchos años de muchos servidores que uno ve como algo anormal.
Casi siempre que llega un nuevo alcalde trae a su personal, aquí tenemos arraigadas en la administración municipal, por muchos años, a servidores que saben el manejo en detalle. Complementado con las quejas de la ciudadanía, nos hicieron dudar sobre la pulcritud de esas actuaciones. Un caso concreto es la Secretaria de Hacienda: el manejo de recursos de Envigado estaba controlado por ella de manera casi personalizada, como si fuera el bolsillo de la casa, y se encuentran elementos que nos permiten establecer una relación que no debe existir en contratación entre secretaria de Hacienda, el Contralor municipal e intermediarios.
Aún tenemos un término para seguir investigando, que está activo.
Aquí había unos elementos que demostraban unas conductas y se presentaron ante los jueces. Si no hubiera sido así, no se hubiera tomado una decisión trascendental como la de, prácticamente, suspender al alcalde de sus actividades”.
¿Hay más servidores públicos de ese nivel en la mira de la Fiscalía?
“Estamos tratando de tener el ojo puesto en los procesos de contratación grandes, en el manejo de recursos de ciertos municipios que no se visualizaban en otro momento. Tenemos los ojos y oídos abiertos para la gente, porque todo esto ha llegado por información de la ciudadanía: lo de los agentes de tránsito en Bello, los servidores del Ejército que se estaban apropiando de las pensiones, entre otros”.
¿Cuáles son las conductas delictivas qué más investigaciones generan?
“Hemos hecho un refuerzo de los grupos Gaula porque la extorsión sigue siendo un problema para la ciudad muy complejo. Aquí ya casi que se interiorizó que hay que pagarle a alguien por dejarlo a uno trabajar: pagan una supuesta seguridad pero lo que están pagando es una extorsión. Hay un subregistro muy alto, la gente no denuncia, entonces estamos reforzando para ver si logramos quitarle ese karma a la ciudadanía.
Hemos aumentado también el personal de los fiscales Gaula para el tema del desplazamiento intraurbano. Queremos que el concierto para delinquir de esas estructuras en concurso con desplazamiento forzado, homicidio, porte de armas, homicidio, se impute en una sola actividad”.
Si la gente no denuncia la extorsión, ¿cómo van a combatirla?
“Vamos a meternos en la comunidad y verificar nosotros mismos dónde se están generando esas extorsiones. Si a la gente le da temor, o interiorizaron que es algo normal, tenemos que encontrar esas situaciones y dónde ocurren”.
En Medellín se ha destacado la imputación por línea de mando como estrategia contra el crimen. ¿Qué resultados tienen ahí?
“La primera que se hizo este año fue la de ‘Juancito’, que tuvo dificultades no solo por lo investigativo, sino también administrativo para el traslado de él a Medellín. Una vez llegó aquí se logró hacer la imputación de 9 casos de homicidio ordenados por su estructura criminal. Luego se hicieron imputaciones por línea de mando a “Samir”, ya capturado, con 12 casos (6 homicidios, 6 tentativas de homicidio, 9 portes de arma) que son complejos.
Se trabaja sobre la imputación de cargos por línea de mando para ‘Carlos Pesebre’ y tenemos unos 15 casos de homicidio que pueden ser imputados y se está consolidando la labor investigativa. La misma tarea se hace con cabecillas que se logran capturas.
A ‘Don Omar’ lo tenemos con 4 o 5 casos de homicidio que le vamos a imputar y la idea es que todos estos jefes respondan por lo que hacen sus organizaciones”.
La lucha contra el crimen se ha visto en Medellín, ¿Por qué no en Bello?
“Eso lo hemos tratado en consejos de seguridad. Si hay un objetivo claro para el 2019 es la intervención a Bello: no puede estar aislado de la operatividad porque se volvió un fortín de organizaciones criminales, y eso tiene que atacarse de manera inmediata”.
En 2018, se habló de un gran capo del centro, “Pedro Pistolas”, pero no volvimos a saber de él. ¿Qué pasó?
“Él tiene varios homónimos: hay como tres “Pedro Pistolas” y cuatro personas con los mismos nombres y apellidos. Hicimos reuniones con fiscales para determinar la participación real de este sujeto frente a la seguridad del alcalde (de Medellín) y el desarrollo de actividades delictivas.
Hay dos investigaciones priorizadas con personal dedicado al tema. Aspiraría a que antes del primer semestre de 2019 tengamos un resultado judicial frente a esa persona. Más o menos la mitad de lo que se decía de él no estaba soportado”.
¿Hay algún gran capo en el centro de Medellín?
“La captura de ‘Don Omar’ sirvió mucho para aminorar el tema del centro. La captura de ‘Ramoncito’ también ha generado mejorías en ese sector. Las recientes capturas que hizo el CTI de 30 personas dedicadas al control y expendio de estupefacientes en el centro. Dentro de ese bajo mundo diría que no hay una cabeza visible en este momento. Tenemos el ojo en algunos comerciantes, aparentemente legales, que camuflan su actividad ilegal a través de su actividad legal: extorsiones, expendio de estupefacientes, control territorial para el manejo de contrabando y control de anfetaminas.
En las investigaciones detectamos que todas esas drogas sintéticas que se están importando desde Europa y Sudamérica están llegando al centro de Medellín. Ese mercado ha crecido mucho: de 60.000 unidades de pastillas que decomisamos en 2017 pasamos a 156.000 en 2018; más del doble”.
¿Qué se sabe de los responsables de las amenazas al alcalde de Medellín?
“Hay investigaciones en curso. El fusil que se incautó que venía de Caucasia, a medida que se ha hecho la investigación, prácticamente se ha descartado que se fuera a utilizar contra el alcalde.
Tenemos un alcalde muy activo en temas de seguridad, muy visible y sí se generaron amenazas. Pero que podamos decir que esté preparado algo para atentar contra él, no”.
¿Hay carteles mexicanos en Medellín?
“La presencia de mexicanos dedicados a actividades relacionadas con estupefacientes es innegable, se ha corroborado investigativamente y están en las zonas de los cultivos: Nariño, Cauca. También están llegando a las ciudades. Se relacionan con cualquiera (banda) que les ofrezca experiencia en la salida de droga” .
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