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Legalizan capturas del cartel del silbato en Bello
En la audiencia también fue presentado un guarda de tránsito de Medellín, presuntamente implicado en la red de corrupción.
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Los familiares se agolparon en el piso 18, tratando de darle ánimos a los servidores públicos detenidos. FOTO camilo suárez
En el estrado del Juzgado 42 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, fueron legalizadas las capturas de 20 presuntos implicados en el cartel del silbato, una supuesta red de corrupción enquistada en la Secretaría de Movilidad del municipio de Bello.
Ayer, en la antesala de la diligencia, decenas de familiares se agolparon en el piso 18 del Palacio de Justicia, con la esperanza de ver aunque fuera un segundo a los procesados. Unos oraban, mientras otros buscaban algo de tranquilidad en una bebida aromática.
Cuando aparecieron los indiciados, bajo la custodia del CTI, los presentes gritaron vítores y dieron voces de aliento. También se presentaron en el sitio algunos empleados del tránsito, para brindar apoyo moral a sus compañeros.
Una vez dentro de la sala, el silencio imperó, mientras el fiscal del caso explicaba, una a una, cómo y dónde fueron las capturas de los sospechosos.
Tal cual había informado EL COLOMBIANO, el Grupo Anticorrupción del CTI le siguió la pista a la red durante un año, por medio de interceptaciones telefónicas y seguimientos.
Según la Fiscalía, los indiciados cobraban entre $20.000 y $400.000 por omitir multas, modificar sanciones y hasta filtrar información sobre operativos sorpresa de movilidad, para que los infractores lograran evadirse.
En consecuencia, los investigadores arrestaron a tres supervisores de tránsito y 14 guardas bellanitas. Con ellos también cayó una auxiliar administrativa de la Secretaría del Medio Ambiente, sospechosa de ofrecer dinero para comprar votos; y el inspector Primero de Bello.
En la audiencia también fue presentado un guarda de tránsito de la Secretaría de Movilidad de Medellín, Juan Pablo Rivera, quien fue detenido en la noche del lunes en la sede de la entidad oficial.
Las indagaciones en su contra sugieren que, al parecer, recibía sobornos para suprimir las sanciones a los conductores infractores.
Al respecto, la Secretaría expresó por medio de su oficina de prensa que la entidad “es respetuosa de la autoridad competente y del debido proceso, está presta a brindar las herramientas necesarias para esclarecer el hecho”.
La diligencia tomó todo el día, pues había muchos intervinientes. La bancada de la defensa estuvo conformada por 24 abogados (seis suplentes), que revisaron con detalle las pruebas de la Fiscalía. Hoy continuarán las audiencias de imputación de cargos y medida de aseguramiento.
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