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Además de los escombros, daños en la infraestructura y quemas de vehículos, los desmanes del pasado 3 de enero en los municipios de Urabá dejaron pérdidas económicas para los municipios de la región que, hasta la fecha, se siguen contabilizando.
Cuando retornó la calma al Eje Bananero, las administraciones locales entregaron primeros balances de las consecuencias de la alteración del orden público generada por la protesta contra los peajes.
Apartadó, por ejemplo, reportó que la recuperación de la red semaforica, destruida durante las protestas, costaría cerca de 200 millones de pesos y que, además de los vehículos quemados, se habían robado 2.500 bultos de cemento.
Esta última pérdida generó dudas entre algunos concejales del municipio, pues cuestionaron que en tan poco tiempo -seis horas aproximadamente- los asaltantes hubieran logrado sacar, sin maquinaria y en motos y bicicletas, semejante cantidad de bultos cemento, que estaban destinados a la construcción de placa huella en la vereda San Martín de dicho municipio.
Ante esto, el secretario de Infraestructura de Apartadó aclaró que el cemento fue sacado por cerca de 300 personas. “En los videos encontramos que con motos, triciclos y motocarros hacían varios viajes para transportar los bultos y así lograron sacarlos. Además, también nos informaron que estos vándalos vendieron a bajo costo lo hurtado”, contó.
Los desmanes que opacaron un paro cívico
Lo que inició como un llamado pacíifico a la protesta en contra de la ubicación de dos peajes en el Eje Bananero terminó en manifestaciones violentas que dejaron afectaciones a la infraestructura pública, incendios y una región sitiada e incomunicada durante cerca de tres días.
Después de una semana de desorden en Urabá, el Gobierno Nacional anunció la suspensión del cobro de los peajes por un mes, mientras buscaban una solución en diálogo con los gobiernos locales y la ciudadanía.
Finalmente, a principios de febrero, la Agencia Nacional de Infraestructura anunció que solo habilitarían dos de los tres peajes.