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Más que el alza en la gasolina, el aumento de impuestos y las congestiones en las vías, a los buseros de Medellín lo que más les afecta el bolsillo y la tranquilidad es el cobro de extorsiones por parte de combos.
La situación, que se ha venido incrementando desde los años 90 en por lo menos el 80% de las comunas, ha sido objeto de múltiples intervenciones de parte de las autoridades, sin que se haya logrado desaparecer el flagelo.
La más reciente innovación es el uso de la Tarjeta Cívica como medio de pago, cuya implementación paulatina inició el año pasado.
“La Cívica sí ha ayudado en parte, pero no ha sido la solución que se esperaba para los transportadores. Sin embargo, seguimos confiando en que a medida que se vaya avanzando en estas tecnologías, se mejore la situación”, opina Efraín Galeano, presidente de la Corporación de Transportadores Urbanos, que agrupa a 2.000 buses del área metropolitana.
La extorsión al transporte volvió a la luz pública por la reciente crisis en las comunas 12 y 13, donde 50.000 usuarios fueron perjudicados por el paro de las rutas de buses, agobiadas por actos terroristas y vacunas de las bandas.
La introducción de la tarjeta, dicen buseros consultados, tuvo una consecuencia en cuanto al cobro de la extorsión, pues ahora los combos no solo intimidan a los conductores (que ya no andan con dinero en efectivo), sino a propietarios de los vehículos.
“Los que siempre han tenido la problemática son los conductores, y les ha tocado inventarse la forma de solucionar su problema”, reconoce el dirigente gremial.
A juicio de la secretaria (e) de Seguridad, Lina Calle Zuleta, “la Cívica ha sido una de las estrategias para evitar el cobro de extorsiones al transporte público y ha resultado efectiva en la medida en la que ha eliminado el efectivo en los buses. Los grupos delincuenciales que se beneficiaban de los cobros, han tenido que replegar sus acciones”.
Agrega que esta medida se complementa con “acciones de acompañamiento y denuncia por parte de la Policía”.
La denuncia es precisamente uno de los puntos más críticos de la estrategia, pues a la Fiscalía llegan muy pocas quejas formales.
Según las cifras de la Alcaldía, en el primer semestre de 2018 se registraron tan solo 197 denuncias por extorsión, considerando que se trata de un fenómeno muy extendido en la ciudad; de esas, 11 se relacionan con conductores de transporte público.
La Candelaria (el Centro), San Javier y Laureles son las comunas que presentaron más denuncias.
La secretaria (e) Calle reitera que desde la Administración “se ha venido realizando un trabajo de concientización importante con los transportadores, dueños de vehículos y empresas afectadas, lo que nos ha permitido establecer un corredor seguro para que no sean más víctimas”.
Dichos corredores incluyen escolta policial, vigilancia con cámaras y puestos de control en las vías, gracias a lo cual se mitigó en parte la situación de las comunas 12 y 13, pero no así las vacunas.
Fuentes de la Fiscalía y la Policía señalan que la extorsión oscila entre los $15.000 semanales por bus, hasta los $3 millones mensuales en casos más graves. El cobro también se extiende a los lavadores de buses, con cifras de $2.000 a $10.000 por semana.
Algunos de los combos más activos en esta renta criminal son “los Mondongueros” (Castilla), “la Agonía” (San Javier), “el Coco” (La América), “la Oficina del Doce” (Doce de Octubre), “los Pájaros” (Belén), “los Chivos” (Altavista), “el Acopio” (Robledo), “la Oculta” (San Antonio de Prado), “San Pablo” (Popular) y “la Sierra” (Villa Hermosa).