Tres problemas urgentes que le esperan a Gaviria

El mandatario regresa hoy a su despacho, con asuntos delicados que se agravaron en su ausencia: Hidroituango, covid-19, Bajo Cauca y Suroeste.

Aníbal Gaviria estuvo cuatro meses y medio en detención domiciliaria. Ahora espera el llamado a juicio en la Corte Suprema. FOTO Edwin Bustamante

Los cuestionamientos sobre el gobierno corporativo de EPM y su demanda a Hidroituango; las masacres e inseguridad en dos subregiones; y el crecimiento en el número de contagios por la covid-19, serán los tres problemas más urgentes que tendrá que atender Aníbal Gaviria, en su reestreno como gobernador de Antioquia.

La administración informó el pasado sábado que el mandatario fue autorizado por el Ministerio del Interior para retomar sus funciones, gracias a que el Tribunal Superior de Medellín le dio la libertad, avalando en segunda instancia un recurso de hábeas corpus.

La misma decisión del ministerio dejó sin efectos el decreto que había nombrado como gobernador encargado a Luis Fernando Suárez, quien se reintegrará a sus labores de secretario de Gobierno.

Gaviria estaba en detención domiciliaria desde el pasado 5 de junio, por designio de la Fiscalía, que lo investiga por su presunta responsabilidad en una supuesta contratación irregular para las obras de la Troncal de la Paz, durante su primer periodo como gobernador en 2005.

Ayer, con la tranquilidad de la notificación ministerial, el político acudió con su familia a la iglesia. “El dolor causado por este proceso, se ha visto compensado por la solidaridad expresada por miles de personas en Colombia y todos los rincones de Antioquia. Hoy en familia, en mi primer acto en libertad, oración de gratitud a Dios”, publicó en sus redes sociales.

Gaviria tendrá que sortear varias dificultades que se presentaron en su ausencia, comenzando con la demanda que EPM interpuso en agosto contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores de Hidroituango, la cual pretende recaudar $9,9 billones.

En ese momento, el anuncio tomó por sorpresa a la Gobernación, según el propio Suárez, y dejó una sensación en el aire de división con la Alcaldía de Medellín. En una entrevista con EL COLOMBIANO, publicada el 28 de septiembre, el gobernador (e) reconoció que tenía diferencias con el alcalde Daniel Quintero (presidente de la junta de EPM), por su manera de dirigir.

Y respecto a la demanda, afirmó: “Desde la Sociedad Hidroituango (dueña del proyecto, en el que la Gobernación y el Idea tienen el 52,8% de acciones) se contrató a un equipo de abogados que están haciendo análisis de la conciliación que pidió EPM (...). Mientras no haya una postura clara desde la junta, salir a decir cualquier cosa es prematuro. Además, el palo no está para cucharas: ya hay suficiente polarización, y eso lo único que está haciendo es destruir valor de patrimonio”.

Las diferencias también se han visto en el manejo de la pandemia, con respecto a si es la Gobernación o la Alcaldía la que debe comandar el Centro Regulador de Urgencias (Crue), donde se coordina el uso de las camas UCI, entre otras acciones.

Gaviria reasume el cargo en momentos en que los contagios de coronavirus van creciendo cada día y en la última semana el departamento superó a Bogotá en positivos diarios reportados. Con corte al 16 de octubre, van 2.819 muertos por esa enfermedad.

El tercer problema urgente se deriva de la inseguridad, en particular por los asesinatos múltiples que han sacudido al Suroeste y Bajo Cauca.

El 23 de agosto hubo un triple homicidio en Venecia y a los cuatro días ocurrió otro en Andes. La situación de la zona, donde se desarrolla el Plan Cosecha Cafetera, se complicó con el secuestro del comerciante de café Leonardo Castaño, el 12 de octubre, en Jardín.

El 2 de septiembre, por amenazas de bandas, salieron desplazadas 750 personas de la vereda Isla Amargura, de Cáceres; a los cinco días masacraron a siete personas en Zaragoza; el 17 de septiembre, a otras tres en la vereda Matecañas, de Tarazá; y el 3 de octubre, de nuevo a tres más en el corregimiento Manizales, de Cáceres.

El 17 de octubre, a balazos y puñaladas mataron a John Guzmán Pulgarín, vicepresidente de la JAC de la vereda Tesorito, en Tarazá.

Analistas del conflicto, como Luis Guillermo Pardo, han dicho que “la detención domiciliaria de Gaviria ha generado una especie de ingobernabilidad, porque no hay una figura civil fuerte en el nivel regional que aglutine y dirija a la Fuerza Pública”.