viernes
7 y 9
7 y 9
El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, le pidió al Gobierno estudiar la posibilidad de acudir a la figura constitucional de la declaratoria de emergencia social para enfrentar de manera urgente los grandes problemas de hacinamiento, salud y servicios que padecen los reclusos del país.
Sus declaraciones se dieron en Medellín, durante la instalación de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y luego de que un fallo de tutela del Tribunal Superior de Medellín ordenara, a partir de este lunes, no recluir más presos en la cárcel Bellavista, donde se registra un hacinamiento del 207 por ciento.
Esto se suma a la decisión del juez primero de menores de Bucaramanga de no permitir que ningún condenado o sindicado pueda ser recibido, durante tres meses, en el pabellón 4 del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de la capital de Santander. Lo mismo ocurrió hace un mes para la cárcel Modelo de Bogotá, que registra un hacinamiento de 230 por ciento, adonde la juez 56 penal del circuito ordenó no trasladar presos por tres meses.
Este tipo de decisiones ha generado que se complique la situación de hacinamiento en las unidades de reacción inmediata (URI), donde los detenidos pasan varias semanas en los pasillos esposados al mobiliario. En el caso de Bogotá, para enfrentar el hacinamiento que llegaba al 255 por ciento en la URI de Engativá, la Defensoría logró que la Secretaría de Gobierno Distrital permitiera que en la Cárcel Distrital y en La Picota recibieran a cerca de 212 detenidos.
Según el defensor del Pueblo, el sistema carcelario está viviendo una crisis profunda en todo el país y por eso el Ministerio de Justicia y la Fiscalía adelantan proyectos de ley "para enfrentar la persistente y sistemática violación de los derechos humanos de la población reclusa".
Sin embargo, para é, “lo que se ha demandado del Gobierno Nacional es una política de choque o si es necesario acudir a la figura de la emergencia social consagrada en el artículo 215 de la Constitución Política, para que disponga de las herramientas jurídicas que le permita enfrentar este problema que viene como efecto dominó”.
Hoy el índice nacional de hacinamiento en cárceles ronda el 52 por ciento. Sin embargo, la Defensoría ha constatado niveles hasta del 400 por ciento, como en el caso de Riohacha, La Guajira. Se han identificado graves problemas en el suministro de agua en Valledupar y La Dorada. También viene haciendo acompañamiento jurídico a los 115 indígenas condenados por la jurisdicción especial indígena, quienes purgan su sanción en la cárcel de San Isidro, Popayán.