Los insultos: una epidemia social

Con frecuencia recibo quejas y observaciones de lectores, periodistas y columnistas por los comentarios y los correos electrónicos plagados de insultos y a veces de calumnias e injurias.

El uso del lenguaje ofensivo y destructor se ha multiplicado en forma exponencial en los medios de comunicación, las redes sociales y la sociedad en general.

El fenómeno no es exclusivo de Colombia. Pero esta conducta dañina prospera entre quienes confunden la libertad de expresión con la impunidad, parapetados en el anonimato que les permite la red.

Este lenguaje descalificador y abusivo, de golpes bajos, es una conducta violenta y delincuencial que corre los límites de la libertad de expresión para violar los derechos fundamentales consagrados en el ordenamiento jurídico. En una palabra, atenta contra los derechos humanos.

¿Y quién insulta? El que no tiene argumentos y da vía libre a expresiones viscerales llenas de odio y pugnacidad que solo busca maltratar, por decir lo menos. Y unos pocos, que dan rienda suelta a su conducta malsana, los llamados troles, clasificadas como personas que solo buscan ofender y crear malestar.

Lo peor es que este fenómeno, calificado como epidemia social por autores estudiosos del asunto, alarma en las calenturas estacionales, como por esta temporada de elecciones.

Este mal afecta no solo a las personas. Pone en riesgo el diálogo que generan las audiencias en los foros, porque lo convierte en un escenario de gritos mal olientes, lejos de la conversación argumental y constructiva.

Desgraciadamente algunos medios de comunicación importantes han tenido que cerrar las puertas a los comentarios. Se da el caso, también, de columnistas que no ponen su correo electrónico para evadir la agresión.

El Colombiano busca la participación de sus audiencias mediante el sistema de foro moderado. Es decir, la opinión del lector es revisada antes de publicarse, para evitar insultos, difamaciones e injurias.

Periodistas y medios de comunicación defendemos la libertad de expresión y por esta razón alentamos la participación de las audiencias. En este ámbito de respeto no caben los comentarios insultantes.

Sin duda es un esfuerzo poner el filtro, aún a costa de los juicios irracionales que consideran la gestión como una cortapisa a sus opiniones y una restricción de sus derechos.

Desarmar las palabras debe ser el propósito clave a la hora de comunicar, opinar y criticar.

¿De qué se quejaron los lectores en el 2013?

La Memoria de la gestión de la Defensoría del lector de El Colombiano es el informe anual preparado para la dirección de El Colombiano. Uno de los capítulos corresponde a la clasificación de los comentarios de los lectores. A este asunto me referiré hoy, en forma resumida.

El año pasado recibí 1.636 comentarios, un 34,31 por ciento más que en el 2012, cuando la cifra alcanzó a 1.218. En el 2011 el total fue de 1.036.

Los lectores me escriben al correo electrónico defensordellector@elcolombiano.com.co, preferiblemente, pero también comunican sus observaciones, opiniones y sugerencias al teléfono 335 9420 y algunos, muy pocos, por carta.

Del conjunto de mensajes de las audiencias el volumen mayor corresponde a críticas y errores en los contenidos periodísticos: 656, mientras que en el 2012 sumaron 347. La diferencia se explica por la inconformidad con uno de los crucigramas. También, a partir del mes de agosto se incrementó la participación de las audiencias para señalar errores y equivocaciones.

Este aumento coincide con la decisión, consecuente y coherente, que tomó el periódico de publicar la sección Fe de errores. Las críticas más significativas corresponden a errores de ortografía y sintaxis, de concordancia, imprecisiones y erratas.

Insisto en la necesidad de establecer un programa de gestión de los errores. Solo de esta manera se podrán evitar.

El segundo grupo mayor corresponde a los mensajes con denuncias y comentarios sobre informaciones publicadas: 342 frente a 254 de 2012.

La clasificación de las comunicaciones recibidas establece estos otros guarismos: sobre el sitio web, 160; critican editoriales y opiniones, 111; otros sobre el contenido, 135; sobre otras áreas del periódico, 75, y sobre el periódico, Q´Hubo, 24.

Es de anotar que la Defensoría del lector recibe solo una parte de los comentarios y observaciones de los lectores. Creo que la mayor proporción la reciben los periodistas autores de las informaciones y los editores y macroeditores. Otra parte son dirigidos a la dirección y demás áreas del periódico.

Participar es un derecho del lector. Invito a las audiencias a que me envíen sus críticas, opiniones, sugerencias, observaciones, informaciones y denuncias. Estoy atento para reenviar los comentarios a los macroeditores, periodistas, a la dirección u otra área del periódico. El Colombiano valora la colaboración de las audiencias porque nos ayudan a mejorar la calidad del periódico.

Responsabilidad social de los medios de comunicación (2)

En la última columna me concentré en la responsabilidad social de los medios. Es decir, en el propósito de lograr mejores estándares de calidad de los contenidos, basados en criterios como verificación de los hechos; contrastación y equilibrio de fuentes; separación de información y opinión; contextualización, y observación de los principios de transparencia, independencia, servicio al interés general y rigor.

Este propósito de calidad periodística, que debe gestionarse y medirse, como cualquier proceso que se emprenda, tiene sentido práctico: la información es un insumo vital para que el ciudadano encuentre los elementos para debatir los asuntos públicos, formarse un juicio sobre la realidad y participar en la vida democrática.

La calidad de la información guarda relación directa con la calidad de la democracia. Por estos tiempos de debate electoral, de la calidad de la información dependerá la idoneidad de los elegidos y el futuro de las corporaciones públicas.

Los medios de comunicación también tienen responsabilidad social empresarial: “es un compromiso voluntario y ético-moral que asume una organización, la cual implica un comportamiento con determinadas conductas, acciones y políticas que cada organización va desarrollando de acuerdo con su propio contexto y realidad…”, dice Juliana Ramírez Lozano, investigadora de la Universidad de Lima, Perú.

El Colombiano institucionalizó Prensa Escuela desde 1994. “Es un programa de apoyo a la educación, cuyos ejes son la comunicación, la lectura y el uso de El Colombiano como recurso didáctico. Es una propuesta pedagógica aplicable al desarrollo curricular desde Preescolar hasta el grado Once, los complementarios e inclusive en la universidad. Con Prensa Escuela contribuimos al desarrollo del espíritu crítico y observador, que abre espacios al conocimiento por medio de la lectura…”.

El Colombiano Ejemplar, para citar solo dos de los más destacados programas dentro de la gestión de responsabilidad social corporativa, se entrega cada año en diversas categorías, a personas que con su acción y compromiso se convierten en valores humanos sobresalientes en Colombia y el exterior. Esta vez la ceremonia de exaltación de los Colombianos Ejemplares será el próximo 5 de marzo, en el Teatro Metropolitano.

Responsabilidad social de los medios de comunicación

El lector Óscar de Jesús Ramírez dice: “…en su columna usted habla de la responsabilidad que tienen los periodistas y quiero preguntarle cuál es la que corresponde a un medio de comunicación…”.

Es pertinente la pregunta del lector sobre la responsabilidad social del periódico y en general de los medios de comunicación, porque los ciudadanos esperan que les garanticen información y opinión para tomar decisiones vitales.

El artículo 20 de la Constitución Política de Colombia reza en uno de sus apartes, al referirse a los medios: “…Estos son libres y tienen responsabilidad social…”. El constituyente tuvo en cuenta el papel preponderante que poseen en la sociedad y la influencia directa que ejercen sobre la democracia.

Ellos son fundamentales a la hora de informar veraz e imparcialmente; contribuyen a la formación de la opinión pública mediante el debate y la discusión de los principales asuntos de interés general en sus páginas editoriales y de opinión, y alientan el diálogo de sus audiencias al abrir los canales de interacción.

Aún más, por el carácter de entidades organizadas tienen una responsabilidad social empresarial.

El concepto de responsabilidad puede tener múltiples interpretaciones y efectos. Pero en los medios de comunicación es evidente el grado de credibilidad que merecen, el periodista y el medio. Es crucial este calificativo que le dan las audiencias porque es el mejor y mayor patrimonio de uno y otro.

Estas son funciones que caracterizan a los medios. La sociedad los comprende y los requiere, hasta el punto que considera la información como un bien social de primera necesidad: para eso los construyó.

Considero que la responsabilidad social de los medios debe ser algo tangible, concreto y fundamental del periodismo de calidad. De ella dependen los valores de la transparencia y la credibilidad del periodismo, y también, sus efectos en todos los asuntos de interés público, y por ende la vigencia de la democracia.

Observar en los medios factores como la búsqueda de la verdad; el proceso de verificación y contraste de fuentes informativas; la construcción de la agenda con asuntos de interés público; la participación de las audiencias; la separación de información y opinión; el manejo de la publicidad, entre otros, le dan sentido a la responsabilidad social de los medos de comunicación.

Las responsabilidades del periodista (2)

Las responsabilidades del periodista guardan gradualidad de acuerdo con la relevancia de las personas. El rigor profesional es clave del periodismo de calidad.

A estos asuntos y a las sentencias de la Corte Constitucional me referiré hoy, para  complementar los planeamientos de la última columna. Haré énfasis en la observación de las normas éticas y legales que regulan y autorregulan el ejercicio periodístico en su función de vigilar lo público.

El autor español Santiago Muñoz Machado sostiene  que “el honor de las personas se transforma cuando aquéllas ocupan posiciones de relevancia pública en un límite externo de la libertad de información más débil que cuando se enfrenta a informaciones relativas a personas privadas. De un lado la incorporación a la arena pública es un acto, por lo común voluntario, en el que debe ir implícita la aceptación, en un sistema democrático, de someterse a un escrutinio más directo y estrecho de los medios de comunicación”.

Considero que los reclamos y solicitudes de rectificación se explican por los errores de los periodistas, en lo que los juristas llaman “el deber de la diligencia razonable”, es decir que la información se funde en los principios de veracidad e imparcialidad. O en otras palabras, que los hechos correspondan a la realidad y sean verificados y contrastados.

A la luz de la ética y del respeto de los derechos fundamentales de las personas, no debe ser excusa la falta de tiempo ni la dificultad para conseguir más de una fuente, que confirme, explique y aclare, a menos que la información, excepcionalmente, revista un interés público supremo.

En virtud de esta “diligencia razonable” la persona señalada como responsable de una denuncia deberá ser consultada antes de publicar cualquier información u opinión.

Al respecto La Corte Constitucional, según la sentencia T 260 de 16 de abril de 2010, ofrece esta visión: “…debe presumirse la buena fe del comunicador y que, por lo tanto, si una persona alega una vulneración de sus derechos constitucionales fundamentales por la difusión de una información falsa, debe probar que lo es. Con todo, la buena fe del periodista no excluye la posibilidad de que pueda caer en error…”.

Para salud de la democracia, libertad de prensa y derecho a la información son fundamentos que animan al periodista a fiscalizar a los funcionarios públicos.

Las responsabilidades del periodista

El lector Manuel José Gaviria pregunta si los periodistas “…pueden decir lo que quieren sin tener que rendir cuentas a nadie. Leí su artículo del lunes y le pido explicar ¿quién los controla…?”. Esta inquietud se suma a las planteadas por el lector Sergio Saldarriaga, a las que me he referido en las últimas columnas.

Quizás lo primero que se debe considerar es que el periodismo obedece a los principios éticos de veracidad, imparcialidad, independencia, interés general y responsabilidad social.

El ejercicio profesional sigue metodologías propias de indagación, verificación y redacción. Y por supuesto, en todas las sociedades la constitución y la ley establecen los límites entre el derecho a informar y las demás garantías fundamentales.

La Constitución colombiana protege la honra, el buen nombre y la vida privada de las personas. Si alguien se siente vulnerado por un periodista está en todo su derecho de solicitar la rectificación de la información.

Igual, puede denunciarlo cuando incurre en tipos penales como calumnia e injuria e instaurar acciones civiles para resarcir el daño. La norma es universal y viene desde siglos atrás: “Todo aquel que con culpa o con intención cause un perjuicio a otro, debe resarcirlo”.

El periodismo, así, tiene principios éticos, normas profesionales y responsabilidad penal, civil y social. No es una rueda suelta, aunque algunos autores reclaman mayor vigilancia por parte de las audiencias y el establecimiento de mecanismos de autorregulación que establezcan condiciones que respeten los derechos humanos y se ejerza la autocrítica y el autocontrol.

Hace 15 años, el 30 de enero de 1999, El Colombiano institucionalizó la Defensoría del lector. En su Carta de presentación, el primer defensor, Jurista, escritor y exdiplomático Jesús Vallejo Mejía escribió al respecto de la misión de esta figura “independientemente de lo que les compete a las autoridades en materia de protección de los derechos de las personas y garantía de las responsabilidades de los medios frente al público en general. Por su propia iniciativa los medios han venido estableciendo en los últimos tiempos la institución de la defensoría del lector y otras análogas, con el propósito de autorregular sus actividades y brindarles a los interesados la oportunidad de una solución inmediata de sus inquietudes acerca de la información o los comentarios difundidos por aquellos”.

Preguntas sobre el ejercicio periodístico (3)

La reflexión de las dos últimas columnas, animada por las inquietudes del lector Sergio Saldarriaga, continúa hoy con estas preguntas: “¿Es el periodismo el nuevo juez de la sociedad?”. “¿Hasta dónde llega su responsabilidad con el manejo de la pluma o el micrófono?”.

El primer interrogante describe una percepción generalizada, que va en contravía del periodismo responsable. Lo que algunos llaman “juicios mediáticos” o “justicia de los medios” son aberraciones que tenemos que descartar y combatir.

El periodista informa, no juzga. No está entre su misión reemplazar la acción de la justicia, aunque a veces sus investigaciones ponen al descubierto casos de corrupción.

Las investigaciones periodísticas deben observar la presunción de inocencia y el debido proceso. Los acusados gozarán de las garantías para hacer los descargos. La información debe ser obtenida por medios lícitos. Las filtraciones son indicios para desarrollar una indagación previa a la publicación, porque su divulgación puede beneficiar oscuros intereses.

En consecuencia, la responsabilidad de los periodistas y de los medios es un tema vital que abre el debate en variados escenarios con la participación de los distintos actores. Unos y otros tienen obligaciones y responsabilidades en los ámbitos penal, civil y social, desde el inicio de la reportería hasta la publicación. El derecho a la información no es absoluto, tiene su límite en otros derechos y garantías constitucionales, legales y éticas.

Los autores Rodrigo Uprimny Yepes, Adriana Fuentes y Catalina Botero, sostienen en su obra, Libertad de prensa y derechos fundamentales. Análisis de la jurisprudencia constitucional en Colombia (1992-2005), que la responsabilidad “surge desde el momento mismo en que se inicia el proceso de obtención, preparación, producción y emisión de información por parte de un determinado medio de comunicación, durante los cuales los principios de veracidad e imparcialidad deben prevalecer, en orden a garantizar los derechos fundamentales de las personas que pudieran verse afectadas con la divulgación de la información, sin que por ello se desconozca el derecho de aquellos de informar libremente, pero siempre dentro de los límites del bien común, del orden justo y del respeto de la dignidad y de los demás derechos de las personas”.

Preguntas sobre el ejercicio periodístico (2)

Las dos nuevas inquietudes de la serie planteada por el lector Sergio Saldarriaga motivan esta reflexión iniciada en la columna anterior.

La primera se refiere concretamente a la trampa del periodista que se disfrazó de sacerdote para ingresar a la sala de la Clínica Universitaria de Grenoble en donde está recluido desde el pasado 29 de diciembre el piloto alemán de la Fórmula Uno, Michael Schumacher, con el ánimo de tomarle una fotografía. La segunda pregunta es sobre la falta de autocrítica de los periodistas.

Corina, Gina María y Mick, esposa e hijos del paciente, denunciaron el abuso del fotógrafo, la violación de la intimidad y solicitaron respeto y comprensión a los medios de comunicación que están pendientes de la salud del deportista accidentado cuando esquiaba.

El clamor de la familia de Schumacher se repite en múltiples circunstancias. Con frecuencia los periodistas transgreden el derecho a la información e invaden el ámbito de otro derecho fundamental: el de la intimidad.

El artículo 15 de la Constitución Política de Colombia dice que “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar…”.

Y más allá de esta garantía constitucional, consagrada en casi todas las legislaciones, el periodismo responsable tiene principios éticos universales de obligatorio cumplimiento. La información se debe obtener por medios lícitos, sin trampas ni engaños ni atajos ventajosos. Todas las cartas deben estar sobre la mesa, a la luz.

El periodismo encubierto es una práctica excepcional. Solo puede ser válida en condiciones extremas, en casos en los que no hay otra opción para indagar sobre hechos noticiosos de evidente interés público.

Con respecto a la segunda inquietud planteada por el lector Sergio Saldarriaga, considero que la autocrítica es extraña en muchas salas de redacción. Los periodistas generalmente estamos prestos a criticar, pero, a la vez, somos esquivos para recibir los juicios de los lectores y alérgicos al autoexamen y a la reflexión necesaria sobre el quehacer periodístico.

En mi opinión esta conducta va en detrimento de la profesión porque le resta credibilidad tanto al periodista como al medio. También atenta contra la calidad del contenido.

Preguntas sobre el ejercicio periodístico

El interés público deberá primar siempre sobre el interés particular.El lector Sergio Saldarriaga propone una reflexión sobre una serie de asuntos claves del ejercicio periodístico responsable.

En la primera parte de su comunicación dice que “de tiempo atrás he alimentado la duda sobre el manejo que da el periodista a sus opiniones ante su público oyente o lector. Agradecería una pequeña luz sobre algunas de mis inquietudes: ¿El periodista solo enfrenta temas que le convengan, y dependiendo de cómo le convengan?…”.

“¿En qué consiste el derecho a no divulgar las fuentes?…”.

Es oportuno, inicialmente, decir que la veracidad es el principio fundamental de la profesión. El periodista debe informar sobre hechos verdaderos, verificados y contrastados en fuentes distantes y distintas. Debe privilegiar los temas de interés público, que a veces no coinciden con los personales ni son los preferidos de algunos lectores. El interés público deberá primar siempre sobre el interés particular.

“Si la verdad ha de acompañar siempre a los hombres de bien, tratándose del periodista hay que decir que es la sustancia de la profesión. O el periodista busca decir la verdad siempre y en todo, o no está llamado a esa profesión…”, sentencia Fernando Gómez Martínez, director emérito de El Colombiano. En cuanto al secreto profesional, la Constitución garantiza el derecho a la reserva de la fuente:

“Artículo 73. La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional”.

“Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable.”.

Ahora, el periodista tampoco puede escudarse en fuentes ocultas. Considero que solo debe mantener la reserva cuando está en riesgo la vida o cuando media un pacto. En este último caso, el periodista debe tener razones poderosas para no revelar la fuente y es obligación advertirlas al editor y al director y, por supuesto, a los lectores.

El pacto con la fuente, que prohíbe su identificación, no elimina el derecho del lector a saber de dónde proceden la autoridad e idoneidad de la fuente para informar. Por tanto, debe consignarse los datos sobre la relación de la fuente con el tema, aunque sin violar el sigilo”, dice el Manual de Estilo y Redacción de El Colombiano.