Por un mejor control de calidad

Una propuesta para evitar los errores que cometemos los periodistas, corregirlos y recuperar la credibilidad. A raíz de la última columna, en la que presenté un resumen de la correspondencia que recibí en el primer semestre de este año, varios lectores me escribieron y llamaron para comentar el problema de los errores del periódico. Como lo dije, de los 678 mensajes recibidos, 179, o sea el 26,40 por ciento, corresponden a quejas por errores, equivocaciones y críticas de variada naturaleza. Este conjunto de mensajes representa el mayor volumen, igual que ocurrió en el año 2011. Algunos de los lectores demandaron un mejor control, mediante la adopción de un sistema que los detecte antes de ser publicados en cualquiera de las plataformas, el periódico impreso o la edición digital. Los errores, de cualquier índole, deslucen los textos, le restan credibilidad a la información y crean una atmósfera de desconfianza en los periodistas y medios. Javier Moreno, director del diario madrileño El País, afirma: “El error más pequeño resulta intolerable, porque causa un grave daño a la imagen del diario”. Y los correctores, reunidos en Buenos Aires, Argentina, concluyen que “…los lectores debemos exigir textos legibles y sin errores, por lo que es necesario que todo texto sea sometido a un control de calidad previo a su difusión…”. Una lectora, además de enumerar los principales errores, que van desde el uso incorrecto del gerundio y las preposiciones hasta las faltas ortográficas y las erratas, aconseja leer en voz alta o pedirle a un compañero de la sala de redacción que lea el texto. Esta colaboración es fundamental. En muchas ocasiones he recibido periódicos corregidos página por página. O llamadas que descubren errores que se nos colaron por imprevisión, ignorancia o por un fatal descuido, al obviar una segunda lectura al texto que acabamos de escribir y que publicamos con inmediatez pero sin la calidad requerida. Podemos aprovechar mejor la interacción de las audiencias. Ayuda poner en la edición digital, al final de cada texto, un botón que diga por ejemplo “señalar errores”, como lo tienen otros diarios. Si, por ejemplo, se agrupan los correos electrónicos y llamadas para que toda la sala de redacción se entere de las equivocaciones diarias, con certeza aprendemos todos. Un indicador marcará el progreso. Los periódicos están empeñados en mejorar la calidad de los contenidos. The New York Times creó una sección de correcciones (http://www.nytimes.com/pages/corrections/index.html) para enmendar los errores tan pronto son reportados por los lectores. El año pasado sumaron 3.500, según escribió recientemente Tomás Delclós, defensor del lector de El País, al quejarse del escaso número de fe de errores de su periódico: solo 70 en lo que va del año. Creo que ya pasó la época de echarle la culpa al diablillo. Urge establecer una política de gestión integral de control de los errores, que incluya un mecanismo eficaz y eficiente, con un componente pedagógico que identifique y aclare dudas y que logre la participación de todos los periodistas. Y también urge una mayor dosis de autocrítica.

Observaciones y reclamos de los lectores

Esta es la clasificación de la correspondencia enviada al defensor del lector en el primer semestre de 2012. Durante los primeros seis meses de este año, 678 lectores me expresaron sus observaciones y reclamos. Usaron generalmente el correo electrónico, pero también me llamaron y escribieron cartas. El mayor volumen de mensajes lo recibí en los meses de febrero y marzo, motivados por los cambios que introdujo EL COLOMBAINO en su contenido y presentación, al llegar a su primer centenario. Los lectores son sensibles a estas modificaciones porque consideran propio el periódico que leen durante muchos años, se establece una especie de complicidad y, por supuesto, son sensibles a los cambios. Centenares de manifestaciones recibimos en el periódico, la mayoría para celebrarlos. La clasificación de estos mensajes permite una visión panorámica de estos reclamos. 179 mensajes, el 26,40 por ciento, son quejas por errores, equivocaciones y críticas de variada naturaleza. Es el mayor volumen. El segundo grupo, 139, equivalente al 20,50 por ciento, corresponden a diversos comentarios sobre el contenido y la presentación del periódico. El tercer lugar lo ocupan las 96 observaciones, 14,15 por ciento, sobre la edición digital. Siguen en volumen las denuncias, sugerencias e informaciones que me envían. Suman 95, el 14,01 por ciento. El quinto grupo de observaciones que recibí corresponde a temas de investigación que plantean los lectores, 66, el 9,73 por ciento. Las críticas a editoriales y columnas de opinión ascienden a 53, el 7,81 por ciento. Los lectores también me enviaron 33 reclamos, 4,86 por ciento, que no se refieren al contenido sino a otras áreas del periódico. Y, 17 reclamos sobre el periódico Q´hubo, el 2,50 por ciento. Si bien se aprecia un mayor interés por enviar sus observaciones, críticas y comentarios sobre el contenido del periódico, considero que la lectura crítica es el mayor estímulo que tenemos los periodistas para mejorar la calidad del diario. Conocer lo que piensan los lectores crea el escenario para lograrlo. En realidad no recibo todas las quejas de los lectores. La mayor parte son enviadas a la dirección y a los autores de los textos y fotografías. Solo un porcentaje menor de los lectores se dirige al defensor del lector. Las inquietudes que recibo las reenvío a las áreas pertinentes, para que las evalúen y respondan. Sobre los casos más sobresalientes y frecuentes escribo esta columna, con el énfasis pedagógico que le quiero dar a mis funciones. En esta clasificación de los mensajes del primer semestre aparece nuevamente que el mayor volumen corresponde a los errores, erratas, equivocaciones y críticas. Considero, insisto, en la necesidad de establecer un mecanismo de gestión de los errores que los evite y de publicar una sección de correcciones o fe de errores, tanto en la edición impresa como en la digital.

Por un diálogo correcto y respetuoso (2)

La moderación de los comentarios es punto clave a la hora de alentar la participación de los lectores. “En elcolombiano.com buscamos que los espacios interactivos promuevan el intercambio sano, respetuoso y tolerante de las ideas, que contribuyan al bienestar y la libre expresión en nuestros usuarios”. Este es el objetivo que busca EL COLOMBIANO al animar la participación de los lectores con sus comentarios a las secciones informativas y de opinión. Así reza el inicio de las Normas de uso de los comentarios en elcolombiano.com y que orientan las actividades del periodista del área digital, en su papel de curador o gestor de contenidos. En otras oportunidades me he referido a las modalidades que reglan la participación de los lectores o usuarios. Algunos medios dejan abiertas las puertas para que quien desee ponga lo que quiera sin que haya restricción. Otros, ejercen un control posterior a la publicación de los mensajes. El moderador borra los que atenten contra la honra de las personas, porque difaman o injurian o porque usan palabras soeces y de mal gusto, dejando solo el nombre o alias del autor. La tercera modalidad, moderación previa, es la que acoge EL COLOMBIANO y muchos otros medios de comunicación que ven en la participación de las audiencias una manera de enriquecer el conocimiento de los hechos y el debate público de las ideas. Aquí el periodista lee y antes de publicar todos los comentarios y descarta “las palabras soeces y vulgaridades son reemplazadas automáticamente por el sistema por asteriscos, con el propósito de construir un espacio regido por las normas morales y las sanas costumbres”. También excluye los que inciten, promuevan, apoyen, defiendan o tengan el carácter de racistas, xenófobicos, discriminatorios, terroristas, pornográficos o atentatorios del buen nombre de las personas y, en general, que atenten contra los derechos humanos. Algunos lectores se quejan porque el filtro es muy tupido. Otros, porque, no obstante la labor del moderador, algunos comentarios injuriosos y calumniosos aparecen publicados. Creo que el escenario de internet, en el que conviven autores de comentarios responsables, que dan la cara, y otros, que prefieren el anonimato o se escudan en el para molestar, insultar y perpetrar delitos contra personas e instituciones, es bien complejo para los periodistas y medios. Si hay moderación hay una responsabilidad social, y quizá legal, porque de todas formas hay un visto bueno del moderador para la publicación del comentario. Las falsas identidades multiplican el fenómeno, que afecta todo el entorno digital. Por ejemplo, se estima que el 6 por ciento de los usuarios de Facebook, más de 50 millones, usan esta red social para irregulares y malas intenciones. Los lectores, igual que periodistas y medios de comunicación, tienen la gran responsabilidad de hacer del espacio digital el mejor escenario del periodismo. Para atender los casos señalados por los lectores y comentados en esta y en columnas anteriores, se necesitan nuevas acciones que eviten la impunidad en la red sin apelar a la actuación de los jueces.

Por el diálogo correcto y respetuoso

En las últimas semanas he recibido quejas de algunos lectores que perciben comentarios injuriosos y aún calumniosos en el foro de EL COLOMBIANO.

Luis Fernando Múnera López escribe: “El foro que permite y promueve EL COLOMBIANO en la edición electrónica del periódico es muy valioso. Normalmente aparecen allí comentarios y discusiones importantes que enriquecen el debate”. Agrega: “Sin embargo, opino que no debería permitirse que quienes en él participen se escuden en pseudónimos. Era tradición en el periódico, hasta hace poco tiempo, exigir que los lectores se identificaran plenamente para que asumieran la responsabilidad por lo que dicen, tal y como lo hacen los directivos, los periodistas y los columnistas del periódico. Es frecuente que algunos lectores envíen comentarios calumniosos o injuriosos, no respaldados con hechos ciertos, contra las personas y, lo más grave, que el periódico los publique a pesar de que se supone que son revisados y verificados antes de hacerlo”. Al respecto, Catalina Montoya Piedrahita, macroeditora digital responde: “Nuestras políticas de manejo de comentarios están consignadas en el siguiente enlace y todos los usuarios tienen acceso a ellas http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/comentarios_normas_de_uso/comentarios_normas_de_uso.asp Añade: “En todo caso, estas son mis apreciaciones: 1. Creemos en los foros constructivos, por eso un ojo periodístico lee todos y cada uno de los comentarios que llegan a elcolombiano.com 2. Somos estrictos en lo que toca con el bloqueo de comentarios que incluyan palabras soeces, injurias o calumnias. 3. Tenemos la certeza de que los comentarios son reacciones a veces racionales, pero las más, emocionales de los lectores. Y eso nos gusta. Así que en el ejercicio de la moderación permitimos la pasión y el acaloramiento, porque esa es la naturaleza de la conversación humana. 4. En el primer punto se hablaba de ojo periodístico. Todo ojo periodístico es también humano. Así que puede pasar que haya equivocaciones en la moderación que, por supuesto, siempre será subjetiva. Entonces sucede que se dejan pasar comentarios que debieron bloquearse o viceversa. No obstante no es esa la regla ni lo que más nos sucede. En ese caso está el recurso de la moderación posterior. Es decir, la posibilidad de retirar comentarios publicados. 5. Pese a todas las precauciones y políticas anteriores, EL COLOMBIANO no es responsable de las opiniones emitidas por sus foristas”. Considero que son pertinentes los criterios del periódico sobre este asunto que genera permanentes controversias. Estoy de acuerdo con las políticas de participación correcta y respetuosa. Algunos medios, que buscan aumentar el tráfico a sus sitios web y conquistar las audiencias a como de lugar, han optado por dejar abiertas las puertas a los comentarios que insultan, calumnian, desinforman, o expelen las peores manifestaciones viscerales y de mal gusto. Pienso que no se puede abusar de la libertad de expresión. Habrá que seguir insistiendo en la racionalidad y el respeto en la conversaciones, aun en la compleja y, a la vez, cómoda red, para desanimar a los llamados trolls, personas que generan comentarios basura para provocar, desafiar e indignar. Los periodistas que gestionan la participación de las audiencias tienen por delante una inmensa responsabilidad para alentar el diálogo. Esta reflexión continuará en la próxima columna.

La información sobre suicidios

Estas publicaciones pueden desencadenar nuevos casos por la imitación de la conducta suicida, según estudios realizados por investigadores. La lectora María Helena Guzmán pide que le aclaren por qué EL COLOMBIANO no publicó la noticia sobre el presunto suicidio de un estudiante. Dice, “…busqué la información sobre el caso del estudiante de la Universidad de Antioquia que aparentemente se suicidó, y no la encontré. Esta información me interesa porque estoy a cargo de una sobrina que estudia en la Universidad y me preocupa lo que pasa….”. Es pertinente la observación de la lectora sobre la prudencia que guarda el periódico en torno a casos como el que relata. El numeral 3.4 del capítulo sobre Principios éticos generales, del Manual de estilo y redacción dice: “EL COLOMBIANO tratará con suma delicadeza y prudencia los casos de suicidio por consideración con la propia persona, para con los sentimientos de su familia y para con la sociedad, a la que se debe evitar el riesgo, que por imitación se ponga en peligro la vida de las personas”. Esta consideración es común a los medios de comunicación responsables, que informan cuando se trata de un hecho relevante, o que se refieren con prudencia al fenómeno social, no el caso particular, para evitar consecuencias mayores. Algunos estudios adelantados en diversos países consideran como estimulantes las informaciones publicadas, especialmente cuando abundan en métodos, detalles y circunstancias. La Organización Mundial de la Salud, OMS, monitorea esta causa de muerte. Señala que cada año se registra un millón de suicidios y que la cuarta parte corresponde a jóvenes menores de 25 años. Lo peor es que la cifra tiende a crecer hasta el punto que se pronostica millón y medio de suicidios en el año 2020, lo que ha motivado la adopción de políticas integrales para prevenirlos. Dentro de las acciones se contemplan directrices para los periodistas y medios de comunicación que coadyuven en campañas de orientación a la sociedad. Entre las recomendaciones a los periodistas figuran la observación de los principios de veracidad y responsabilidad, la consulta a fuentes serias, el análisis riguroso de las estadísticas, y en general, informar apropiada, cuidadosa y útilmente. Vale decir que los medios de comunicación, además de asumir con prudencia esta información, deben apoyar a las instituciones idóneas que trabajan para evitar, o al menos disminuir, esta conducta que adquiere carácter de epidemia social. Aparte de estas consideraciones es pertinente hacer una nueva reflexión sobre el periodismo sensacionalista que exacerba al lector con narraciones y descripciones que van más allá de la información para buscar el estímulo de los sentidos y el morbo. De esta manera manipulan al lector aportando elementos que soslayan el respecto de las personas y, que en otros términos, violan los derechos humanos y las garantías fundamentales que otorgan la Constitución y las leyes.

Acceso a la información pública y transparencia (2)

Esta ley deja algunos vacíos que pueden convertirse en burladeros para que algunos asuntos reservados lo sigan siendo por más tiempo.

La Ley de acceso a la información pública y transparencia no es perfecta. Es un avance en cuanto promueve la publicidad activa de los actos de gobierno y recoge en un solo estatuto las disposiciones y normas legales que la garantizan, para evitar arbitrariedad y corrupción.

La ley regla los aspectos relativos a los sujetos obligados a entregar la información, los procedimientos ordinarios y extraordinarios para que los ciudadanos puedan tener acceso, los plazos, las excepciones, las sanciones, la definición de términos.

Además, establece los parámetros dentro de los cuales las entidades públicas se deberán adecuar para responder al principio de publicidad de sus estructuras, normas, decisiones, y resultados, y de los demás principios a los que me referí en la columna de la semana pasada.

No obstante, el texto aprobado deja varias frustraciones. El legislador fue tímido, por decir lo menos, frente a la información reservada, impidiendo que los ciudadanos la conozcan, al permitir la prórroga hasta por otros 15 años, “previa aprobación del superior jerárquico de cada una de las Ramas del Poder Público y órganos de control”, según lo establece el artículo 22. Aquí se puede abrir una ventana a la opacidad, contrariando la tendencia general a reducir estos términos.

Dejó en manos del Ministerio Público la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones y le otorgó un plazo de seis meses para establecer un esquema metodológico y de gestión, en vez de crear una unidad administrativa autónoma e independiente de la Procuraduría General de la Nación, como estaba contemplado al inicio de los debates.

También, el plazo excesivo de un año para entrar en plena vigencia y la delegación en seis entidades del estado para el diseño, promoción e implementación de la política pública de acceso a la información: la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, el Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicaciones, el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Archivo General de la Nación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

José Enrique Guarnizo, Editor de Investigaciones de EL COLOMBIANO, expresa dudas sobre los beneficios: “No soy optimista frente a las bondades de la nueva ley de acceso a la información. Al contrario, soy de los que piensa que estamos ante un texto cargado de verdaderos y sutiles ‘micos’, que fuimos incapaces de ver. Los reparos gravísimos ya los ha advertido el maestro y periodista investigativo Alberto Donadío. Y es que si bien el artículo 74 de la Constitución reza que los documentos oficiales son siempre públicos, salvo las excepciones que establezca la ley, lo aprobado en el Congreso delega al Ejecutivo (a sus funcionarios) la potestad de denegar entregas de copias cuando “la revelación de la información causaría un daño presente, probable y específico que excede el interés público que representa el acceso a la información”. Esto es solo la punta del iceberg. Y por eso es necesario el debate, así sea ya cuando no queda mucho por hacer”.

Estos son aspectos sobresalientes de la ley de transparencia y acceso a información que acaba de aprobar el Congreso de la República. Por lo pronto, ciudadanos y periodistas debemos estar atentos para conocerla, observar la manera como se pone en marcha y debatir los asuntos que riñen con el derecho de información, resulten inoperantes e ineficientes.

Acceso a la información pública y transparencia

Ojalá esta ley recién aprobada tenga la necesaria divulgación y pedagogía. Nos interesa a todos los ciudadanos.

El lector Héctor de Jesús Jiménez me hizo esta pregunta: ¿…qué beneficios para los ciudadanos y los periodistas tiene el proyecto de ley que cursa en el congreso sobre acceso a la información y transparencia, y que está ya en los debates finales..?.”.

Cuando me escribió el lector aún no habían aprobado el proyecto de ley número 156 de 2011, pero el martes pasado recibió el último debate y seguramente en pocos días tendrá la sanción presidencial para que entre en vigencia.

Voy a responderle al lector en dos partes. En esta primera columna me voy a referir a algunas de las motivaciones y disposiciones que contempla la norma. Y en la columna próxima haré un análisis más detenido de lo que significa para los ciudadanos y periodistas.

La Constitución Política de Colombia consagra normas tan claras como el derecho a la información y libertad de expresión, artículo 20; el derecho de petición, artículo 23; el derecho a acceder a los documentos públicos, artículo 74, entre otras garantías.

No obstante, organizaciones sociales, medios de comunicación e instituciones académicas, principalmente, demandan desde hace varios años una ley que recoja las normas  y desarrolle el espíritu del constituyente, alentados por la Organización de Estados Americanos (OEA), varias embajadas y otras organizaciones como Transparencia por Colombia y DeJusticia, las cuales construyeron la alianza denominada Más información, más derechos. Numerosos foros y seminarios sobre esta iniciativa se han realizado en Bogotá y otros ciudades.

La trascendencia de la Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública está  resumida en uno de los apartes de la exposición de motivos: “…, no se trata únicamente del derecho de recibir respuesta a nuestras solicitudes, sino del deber estatal de visibilizar motu proprio la actuación estatal, de promover activamente, y sin necesidad de solicitud previa, una cultura de transparencia, publicando de forma rutinaria la información que concierne a la ciudadanía…”.

En una palabra, el libre acceso a la información pública es requisito de transparencia de la gestión gubernamental, y por consiguiente, un eventual freno a la corrupción. Por esta razón es tan importante que la  ley la conozcan ciudadanos y periodistas, para que no se convierta en letra muerta y los funcionarios soslayen el mandato.

Quien lo creyera, muchas veces el libre acceso a la información pública está vedado a los periodistas, y qué decir a los ciudadanos. El derecho de petición ha tenido que ser usado para obtener información valiosa que alguien quiere mantener oculta en numerosos investigaciones periodísticas sobre actos de corrupción. Y el ciudadano de a pié ha tenido que apelar al mismo recurso para obtener información vital que un funcionario público no suministra a tiempo.

Si los periodistas tenemos acceso libre a la información pública, la ciudadanía estará mejor informada, habrá transparencia y menos corrupción en las entidades del gobierno.

La nueva disposición legal se funda en los siguientes principios: transparencia, máxima divulgación, facilitación, celeridad, eficacia, gratuidad, calidad y proactividad, entre otros.

Esta reflexión continuará en la próxima columna.

Presunción de inocencia o presunción de culpabilidad…(2)

Nueva reflexión sobre este asunto, con énfasis en la formación y capacitación de los periodistas y el uso del lenguaje. A la observación del lector José Horacio Ramírez G., sobre la presunción de inocencia y el manejo que los periodistas le damos a este derecho fundamental, se suman tres inquietudes recibidas la semana pasada. Julio Rubén Restrepo V. dice en su comunicación: “estoy de acuerdo con su escrito y deseo que también hable de la falta de conocimiento jurídico de quienes presentan las noticias en prensa, radio y televisión porque me asombra la confusión de términos empleados…”. Azael Carvajal Martínez, profesor y autor del libro Los periodistas y el derecho a la información, dice que a los estudiantes de su cátedra de Legislación y ética, llamó la atención la última columna y plantea un interrogante pertinente sobre el uso del lenguaje en la información judicial: “…qué podría suceder cuando el emisor, que es el periodista, quien usa un lenguaje inadecuado, como en los asuntos penales y confunde términos como indiciado, con imputador, o con acusado, o con absuelto, o con condenado…”, expresa en su mensaje. También, añado a la reflexión el comentario de Margarita Montes, quien expresa: “Claro que no suplanta al juez y precisamente la presunción de inocencia es una de nuestros postulados mas importantes, ya que la culpabilidad no la decreta el periodista, sino el juez, y con las apreciaciones a priori y carentes de razonamiento lógico jurídico, el periodista que ya ni tarjeta profesional necesitan acusan, deshonran, y someten al escarnio publico a las personas, llegando a veces a exponer la vida de las personas. Todo esto es violatorio del debido proceso…”. La calidad periodística está relacionada directamente con la formación de los periodistas. En este caso que comento, es vital una preparación académica que mejore las competencias de quienes tienen la responsabilidad de la información judicial. Ojalá los periodistas tuvieran, además, un título profesional de derecho, sería lo ideal. La formación del periodista debe contemplar el conocimiento del código penal y de procedimiento, los tipos penales, el sistema judicial acusatorio, la organización judicial del país y completa claridad de la terminología jurídica, de tal manera que los textos periodísticos sobresalgan por la propiedad, precisión y sencillez. Y qué decir del lenguaje. Es necesario alentar la sensibilidad por la crítica y la autocrítica. Cada palabra tiene carga retórica que puede distorsión la verdad y causar efectos dañinos en las personas. Con frecuencia vemos términos y frases, construidas alegremente. “Ladrón” “asesino”, “escapero” “secuestrador” “vacuna”, “país de corruptos”, “falsos positivos”, “secretario de inseguridad ciudadana, “el cadáver del occiso”, “humanizar la guerra”, y otras muchas palabras que son epítetos, hipérboles, metáforas, personificaciones, juegos de palabras, incorrecciones e ironías que abundan en la información judicial. Y qué decir de los eufemismos como “amigo de lo ajeno”, en vez ladrón; “indelicadeza”, por peculado; “limpieza social”, por homicidio de indigentes; “contenidos para adultos, en vez de pornografía, y decenas de expresiones impropias que pueden llegar a ocultar o soslayar los hechos.

Presunción de inocencia o presunción de culpabilidad…

En esta columna inicio una reflexión sobre la responsabilidad del periodista en  los procesos judiciales.

El lector José Horacio Ramírez G. dice: “Voy a hacerle un comentario para que usted lo analice en su columna, si lo cree pertinente. Veo que los periodistas no respetan la presunción de inocencia garantizada por la ley, por el hecho de ganar oyentes y televidentes. Lo mismo veo muchos periódicos y revistas en los sonados casos del exdiputado Sigifredo López y del estudiante Luis Andrés Colmenares…”.

El lector toca un asunto controvertido en el ámbito del periodismo y del derecho.

Hay que partir de la Constitución Nacional que establece en el artículo 29, entre otras consideraciones, lo siguiente:

“Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por el, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho”.

Y también, de la  Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra en el artículo 11, que “toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa“.

Estas son las normas legales más sobresalientes. Tienen como finalidad garantizar la honra y el buen nombre de las personas.

En este escenario surge el derecho a la información, que es un derecho de doble vía, es decir que los medios de comunicación y los periodistas tienen la garantía constitucional de averiguar y publicar todos los hechos de interés público, y del otro, el derecho del ciudadano a recibir la información veraz e imparcial sobre los acontecimientos que lo afectan.

En la teoría todo aparece claro, pero en la práctica el asunto se vuelve más complejo. Habría que decir que los periodistas debemos informar sobre los casos de interés general sin necesidad de esperar que el juez determine la culpabilidad, mediante una condena en firme. No hacerlo, implicaría una falta ética de omisión, ocultamiento o autocensura.

Aún más, el periodismo debe ejercer la fiscalización de las conductas corruptas y delitos que atenten contra la integridad y el bienestar de la sociedad.

Al publicar un hecho delictivo se requiere poner al frente la presunción de inocencia, no la presunción de culpabilidad, lo que nos lleva a consideraciones de carácter ético, legal y de calidad periodística.

En ejercicio de los principios de veracidad, independencia y responsabilidad social, que  son los valores fundamentales de la profesión, se debe proteger la honra, el buen nombre y la presunción de inocencia, cuando una persona es investigada y acusada de un caso de responsabilidad penal. No se deben publicar acusaciones sin que el ofendido tenga la oportunidad de explicar o justificar los hechos denunciados. Se debe dar publicidad tanto a la condena como a la exoneración de toda culpa. No se debe olvidar que el periodista informa, no juzga, no suplanta al juez…

Interés general y privacidad

El interés público o general es un concepto clave de la práctica periodística y la ética profesional. La lectora Luz Adela Betancur motiva volver a la reflexión, iniciada en la columna publicada hace una semana, sobre la colisión de los derechos de información e intimidad. Las normas éticas y legales protegen a las personas. Los códigos consagran que los medios de comunicación no pueden violar el derecho a la intimidad, salvo en condiciones excepcionales. Esto es, cuando la información no puede obtenerse de otra forma, es relevante y de interés público. La intromisión debe justificarse plenamente. Es preciso tener en cuenta que los personajes connotados, funcionarios y servidores públicos gozan de un ámbito privado menor y su vida privada puede ser escrutada cuando sus actuaciones afectan el bienestar de la comunidad y el interés general o revelan pruebas de incompetencia y deshonestidad. Captar imágenes cuando las personas no se dan cuenta, aún en sitios públicos, puede violar el derecho a la intimidad. Igual que cuando se usan cámaras fotográficas o grabadoras de audio o video en forma oculta. El concepto de interés general o público puede entenderse de diversas maneras y motivar interpretaciones contradictorias, de acuerdo con los distintos puntos de vista. Sin embargo, para el logro del objetivo de llegar a la verdad de los hechos, se considera que los periodistas tienen licencia en estos casos, tales como los de averiguar la comisión de un delito o el descubrimiento de un acto de corrupción que perjudique a los ciudadanos y a la sociedad. Igual garantía los cobija para proteger la salud y la integridad de la población si hay inminencia y circunstancias de peligro o alto riesgo. El interés general es superior al interés particular siempre que el periodista revela una información apreciada como valiosa para la vida institucional y democrática y que le es útil al ciudadano investido del poder de optar o votar. En estas circunstancias es necesario realizar una evaluación en la que intervengan periodistas y editores, y en algunos casos el director del medio, para analizar los pros y contras. En todos los casos el interés general debe ser alto y evidente. Además, “…es preciso preguntarse por las consecuencias de su publicación si la imagen va asociada a temas que pueden generar equívocos que afectan el buen nombre de las personas. En estos casos deberá expresarse siempre en el pie de foto a qué fecha, lugar y circunstancias corresponde…”, reza el Manual de Estilo y Redacción de EL COLOMBIANO. Y el Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile dice: “El derecho a informar deberá ser ejercido con resguardo de todas las consideraciones y normas éticas establecidas en este Código y, en consecuencia, jamás deberá ser usado en detrimento de la comunidad o de las personas”. Y añade: “ El periodista no recurrirá a subterfugios ­ como utilizar identidades falsas, cámaras o micrófonos ocultos ­ para obtener la información”.