Ley de transparencia, herramienta para exigir información

El lector Lucas González dice: “….oí que hay una nueva ley sobre el acceso a la información y deseo que usted nos comente en qué consiste y cómo nos beneficiamos  al solicitar informes en los despachos oficiales…”.

Las normas que rigen el libre acceso a la información pública, reunidas ahora  en un estatuto, constituyen uno de los pilares del derecho a la información.

El 6 de marzo pasado el presidente Santos sancionó la Ley 1972 de 2014,  luego de superar el control de la Corte Constitucional.

Esta norma legal busca regular “el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información.”, según reza el artículo 1.

El derecho de petición lo han usado ciudadanos y periodistas pero esta nueva ley pretende ampliar las garantías.

La sentencia C-274/13 resalta tres aspectos de la norma: en primer lugar “…el acceso a la información pública garantiza la participación democrática y el ejercicio de los derechos políticos…”. En segundo término, “…cumple una función instrumental para el ejercicio de otros derechos constitucionales, ya que permite conocer las condiciones necesarias para su realización…”.  Y tercero, “…el derecho a la información no es solamente el derecho a informar, sino también el derecho a estar informado…”. Este último, según puntualiza la Corte en la sentencia T-473 de 1992.

Según la nueva ley “como titular del derecho a acceder a la información pública a toda persona, sin exigir ninguna cualificación o interés particular para que se entienda que tiene derecho a solicitar y a recibir dicha información  de conformidad con las reglas que establece la Constitución y el proyecto de ley”, explica la sentencia C-274/13.

El sujeto obligado de dar respuesta a las solicitudes no puede negarse, salvo las excepciones de reserva sobre asuntos de seguridad nacional, orden público y relaciones internacionales, entre otros temas cobijados por la ley. En tales casos, la respuesta deberá ser motivada, por escrito, citando la norma.

La ley también contempla la gratuidad de la información suministrada y la responsabilidad penal de quien adultere, oculte o la niegue.

Entrará en vigencia seis meses después de su sanción para las entidades nacionales, y un año para las territoriales.

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