Negociación del salario mínimo: ¿intereses colectivos o particulares?

Algo que caracteriza al ser humano es su condición de ser social. Aunque nos reconocemos en la individualidad es menester recordar que nuestra condición de integrantes de una colectividad es una característica fundamental para definir la identidad de seres humanos.

Esta cualidad del individuo se ha transmitido a las organizaciones sociales (empresas, familias, instituciones) las cuales se “agremian” con el fin de llevar sus intereses colectivos a un nivel superior. Así, las empresas que compiten en el mercado se organizan en gremios para fortalecerse y defender sus intereses ante los sindicatos, el Estado o la sociedad en general. De igual manera, los trabajadores recurren a la organización sindical como mecanismo de integración y fortalecimiento de los intereses de clase.

Con las luces de navidad llegan también las noticias de negociaciones para definir el salario mínimo de los trabajadores colombianos. El ritual se repite año tras año y, casi que como parte del ritual, al final no se llega a ningún acuerdo; lo que conlleva que el gobierno nacional establezca por decreto la remuneración de aquellos que ganan el salario más bajo -legalmente hablando-.

¿Por qué casi nunca hay acuerdo?

Buena pregunta. Son escasos los años en los cuales el salario mínimo nace de la concertación entre trabajadores y empresarios. Normalmente los trabajadores presentan una propuesta inicial “inviable” para los empresarios; al tiempo, los gremios hacen una oferta “inaceptable” para las organizaciones sindicales.

Seguramente hay varias formas de explicar este constante desacuerdo. Si alguien ha estudiado las teorías de Harvard de negociaciones, entonces, dirá que los negociadores “no se ponen en los zapatos del otro”; que los gremios no entienden los intereses de los trabajadores y mucho menos el poder limitado de los negociadores sindicales. Igual dirá de los sindicatos con respecto a los intereses y poder negociador de su contraparte. Incluso, teniendo en cuenta que el gobierno también hace presencia en la mesa de negociaciones, la pregunta sería ¿cuáles son sus intereses en esta negociación?

no oye no ve no habla

Esta sociología política me lleva a hacer una pregunta diferente: ¿saben los negociadores lo que realmente está en juego cuando se discute el salario mínimo? o sea, ¿efectivamente se analiza el impacto social y macroeconómico o simplemente se materializa una negociación entre los representantes de ciertos grupos empresariales y los representantes de trabajadores que no ganan el salario mínimo?

¿Por qué no subir “fuertemente” el salario mínimo?

Al margen de los análisis técnicos, nadie cuestiona que el salario mínimo colombiano no sostiene un hogar, incluso unipersonal. Así que ante esta obviedad, vamos a abordar el tema desde otras perspectivas.

La postura más evidente -la de los gremios empresariales- es la que hace referencia a la necesidad de mantener el salario  mínimo en un nivel bajo con el fin de estimular la generación de empleos por parte de los empresarios y poder controlar la inflación por parte del Estado. Ambos argumentos, a simple vista lógicos, tienen diversos detractores y defensores que tratan de explicar sus posiciones desde complejos modelos económicos o a partir de las evidencias empíricas (estadística histórica, generalmente).

Esta mirada “contraccionista” parte de la preocupación de que un incremento en el nivel de gasto de los trabajadores es inflacionario, y que los costos salariales son un determinante de la contratación por parte de los empresarios. Esto que parece ser tan obvio, no lo es realmente y por ello suscita debates.

Para validar el anterior postulado hay que responder varias preguntas que dejo para la reflexión ¿qué porcentaje de la población trabajadora devenga el salario mínimo? ¿debe el incremento del salario mínimo servir de referente -cómo sucede en la actualidad- para establecer tarifas de servicios, incrementar precios y ponderar salarios en otros rangos? ¿cuál es el peso del salario mínimo sobre los costos de producción? ¿se ha medido el beneficio marginal en productividad por cada unidad que crece el salario mínimo? -en otras palabras: ¿se sabe qué tanto estimula al trabajador la mejora de su remuneración; alguien ha hecho este estudio?

Incluso, hay una pregunta más compleja que requiere de un análisis elaborado ¿cuál es el papel que juega un salario mínimo legal en una economía donde más del 40% de la población (ver gráfica del DANE de 2008 a 2017) se halla desempleada (sin salario) o con un salario inferior al mínimo?

El postulado antagónico, el de la necesidad de incrementar el salario mínimo para compensar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores (un tema de equidad) y para estimular la demanda agregada (un tema de eficiencia) es el que lleva a los trabajadores a proponer generalmente un alza en el salario que supere la tasa de inflación de períodos anteriores. La contraargumentación viene de los gremios empresariales, los cuales ven a los sindicatos como “egoistas” al defender el ingreso de los que tienen empleo, a costa de aquellos que no consiguen trabajo (que en Colombia, de manera crónica oscilan alrededor del 10%).

A partir de esta discusión es que me surge la duda sobre los intereses que defienden los gremios en las negociaciones del salario mínimo. El tema es complejo: a cada empresa le afecta el incremento del salario mínimo proporcional a la carga laboral en su estructura de costos pero, del otro lado, el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores debería traducirse en un incremento multiplicado de la demanda, lo que estimularía las ventas y dinamizaría la economía en general.

Por lo anterior, me pregunto si la posición de los gremios hace una lectura general de las empresas a las que se supone representan o sólo a cierto grupo de corporaciones cuyos intereses están más asociados al control de los costos laborales (ejemplo empresas con una elevada planta de trabajadores de bajo nivel de cualificación) y/o en menor medida a la dinámica del mercado nacional (maquiladores para el mercado externo, por ejemplo). ¿No sería un buen negocio para las mipymes -99% de las empresas del país-, especialmente para aquellas que atienden el mercado doméstico, un incremento significativo de los salarios de la población?

 

Reflexión final.

No seriamos el primer país donde se evidencia que hay posiciones antagónicas entre trabajadores y patronos. Sin embargo, en naciones más desarrolladas donde se ha logrado o se aproximan al pleno empleo (Japón, por ejemplo) o donde la productividad es un eje central de la competitividad (Alemania o Corea) existen brechas más angostas entre la remuneración de los trabajadores y la satisfacción de sus necesidades. Un país con el desempleo estructural más elevado de Suramérica -Leticia Armenta lo constata- tiene que ser más creativo y solidario para abordar este tema del salario minimo.

 

 

Propongo reingeniería al sistema educativo colombiano: redefinirlo todo.

Se ha vuelto lugar común señalar que Colombia necesita un sistema educativo que garantice Cobertura, Calidad y Pertinencia. Bajo este slogan se han implementado programas gubernamentales para lograr que niños y jóvenes de escasos recursos puedan estudiar (Ser Pilo Paga, por ejemplo), se han creado indicadores y sistemas de medición de calidad (CNA en la educación superior)  y se ha buscado el acercamiento de las empresas a las instituciones educativas (la unión Universidad, Empresa, Estado es un ejemplo de ello).

El estribillo, aunque incompleto, no suena mal. El problema es la forma como ha sido interpretada la melodía a lo largo de las décadas. Aunque los dos últimos gobernantes han dado relativa estabilidad a esta cartera (Uribe tuvo una sola ministra y Santos en sus dos períodos lleva 3 ministras), no hay evidencias que estos 16 años de neoliberalismo económico hayan apuntado en una única dirección. O sea, cada ministra ha tratado de dejar su propia huella personal.

Sin desconocer que la consigna tiene valor (cobertura, calidad y pertinencia), voy a sugerir lineamientos necesarios para una política de Estado que se apropie de los propósitos y estrategias de la educación de Colombia, despojando a los gobernantes de turno de la iniciativa:

1. Un verdadero Sistema Educativo.

El actual sistema educativo se divide en “compartimentos estancos” que no conversan entre ellos. Desde la primera infancia hasta llegar a la formación de magisters y doctores -pasando por la básica y la media, y conectados con la formación para el trabajo y el desarrollo humano-, diferentes organismos  hacen esfuerzos deshilvanados que terminan dando resultados marginales. El sistema educativo tiene que poner su foco en “el ser“, quien desde su infancia hasta la vejez es el mismo, sólo que se desarrolla, pero sigue siendo el mismo; por ende, no se le puede seguir parcelando, haciendo que los subsistemas educativos no se guien por el hilo conductor de la persona que se forma.

Hoy la universidad se queja de la calidad de la educación media y el gobierno reconoce que no tiene los mejores profesores en la educación básica -mal remunerados, mál seleccionados, poco motivados-, y el Sena cualifica a los futuros operarios de las empresas al margen de lo que sucede en el resto del sistema educativo. Tenemos un archipiélago de instituciones educativas separados por un mar de “excusas y razones burocráticas y egoistas“.

Necesitamos un sistema educativo integrado, que garantice enlaces inteligentes entre sus diferentes componentes.

2. Formar un Ser Social para que construya un nuevo país.

No voy a cuestionar la formación por competencias. Este es un debate mayor. Sin embargo, las competencias, sea cual fuere la definición que se tome, se componen de elementos cognitivos (conocimientos), aplicados (habilidades y capacidades) y axiológicos (actitudes y valores), y la verdad es que nuestro sistema educativo sigue centrado en conocimientos y habilidades.

Algunas instituciones educativas se han quedado anacrónicas al seguir colocando el foco de su labor formativa en la “transmisión de conocimientos.” El mundo ha cambiado y los docentes ya no podemos considerarnos poseedores del saber; la llamada Sociedad del Conocimiento abrió una enorme compuerta por la cual se filtra el acervo de conocimiento de la humanidad. Por ende, los maestros estamos llamados a “dar método“, esto es, a ofrecer caminos para que los estudiantes busquen, seleccionen, procesen y construyan nuevo y pertinente conocimiento.

que como cuando donde

En este proceso evolutivo, algunas instituciones educativas creen que su propósito mayor es “formar para dar empleo o para crear empresa“; en otras palabras, estamos evadiendo la responsabilidad social al reducir el futuro de las personas a sus necesidades materiales, las cuales se satisfacen a través del aparato productivo. Somos mucho más que potenciales trabajadores o empleadores: somos seres sociales que necesitamos desarrollarnos íntegramente para hacer un aporte a los retos que en su momento histórico enfrenta “la vida“.

Digo “la vida” y no la sociedad para extender nuestro compromiso a todas las especies vivas del planeta. Hoy más que nunca hay que hacer dicha extensión de propósitos. Necesitamos un niño y un joven que crezcan con los valores de su responsabilidad social y ambiental, con su compromiso por el respeto a la vida, con el valor de la tolerancia y el respeto a la diferencia, con una actitud creativa y proactiva frente al futuro complejo e incierto.

Si la corrupción es un problema medular de nuestra sociedad, si la vida está en riesgo porque se le subvalora y por el calentamiento global, entonces; necesitamos un sistema educativo integrado que ponga el foco en los valores para dar vida, para consolidar convivencia y asegurar futuro a las nuevas generaciones.

enseñando en el bosque

3. Garantizar el acceso a la educación

La Constitución Política de Colombia ofrece una educación gratuita y obligatoria de los 5 a los 1 5 años de edad, lo que incluye un año de preescolar y la educación básica (hasta 9o grado). Eso es insuficiente, pero lo más grave es que tampoco se cumple.

Es imperativo que todos los niños tengan atención educativa desde la primera infancia, independiente de su situación social y económica. Es catastrófico que tengamos bebés que son objeto útil para la mendicidad, que haya niños trabajando en el campo o adolescentes delinquiendo en lugar de estar usando sus talentos para la creatividad y la innovación social. Abolir estas prácticas perversas no sólo es arrebatarle a la violencia su más preciada “materia prima”; sino que es asegurar que todas las personas, estén donde estén, tengan una oportunidad de desarrollarse y de aportar a la construcción de una mejor sociedad. Esta sería la mayor manifestación de que existe una verdadera democracia: oportunidades educativas para todos.

niño con computador y abuela en el campo

No debe haber dudas: ahorrar en educación es sinónimo de suicidio por parte de una sociedad. Todos los problemas empiezan a resolverse cuando a ninguna persona se le niega el derecho a una educación pertinente y de calidad.

Necesitamos un sistema educativo de cobertura universal desde la primera infancia.

Para cerrar:

Esto no lo hará ningún gobernante; a ellos les cuesta invertir en el futuro; ya lo hemos visto por décadas. Los políticos gobiernan para asegurar su supervivencia en el mercado electoral. Es necesario crear una política de Estado (no de gobierno) que asegure la coberture universal, que desmercantilice la educación (y no me refiero a la coexistencia de instituciones públicas y privadas, sino a la formación de jóvenes sólo para que sobrevivan en el mercado) y que asegure su carácter sistémico.

 

 

 

Colombia necesita un crecimiento sostenido del 7% anual ¿Qué hacer?

La ortodoxia macroeconómica colombiana.

En análisis de política macroeconómica hay dos indicadores que dan cuenta del éxito de una gestión pública: la estabilidad y el crecimiento. Es reconocido, al menos en los organismos multilaterales, que las autoridades económicas colombianas (léase Banco de La República, Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional) manejan una cierta ortodoxia a la hora de tomar decisiones macroeconómicas: tanto monetarias como fiscales. Ello explicaría que, en décadas, nuestro aparato productivo no hubiese sufrido profundas o extendidas recesiones y que nuestra moneda no fuera víctima de procesos de hiperinflación.

El tener una inflación controlada (aunque tuvimos picos del 30% a finales de la década de 1980) y haber alcanzado lustros sin recesión (salvo contadas excepciones como en 1999 o en 2008), son evidencias para los inversionistas que éste es un país con estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, las tasas de crecimiento económico del último medio siglo dejan mucho que desear. Con contadas excepciones -2007, por ejemplo-, Colombia ha sido un país con crecimiento que oscila entre el 2 y el 4%, lo que es un resultado muy poco significativo frente a un país que pretende abandonar el subdesarrollo.

Ya se ha vuelto recurrente permitir que nos denominen “economía emergente”. Nada más alejado de la realidad. Emergentes son los coreanos, los taiwaneses, los chinos o los indios; países que dan cuenta de tasas de crecimiento elevadas y sostenidas en el mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, según el Banco Mundial, entre 1961 y 2016 el crecimiento promedio de Corea del Sur fue de 7.5 % con un máximo de 14.83 % en 1973. No hay mucho que decir del PIB chino, el cual, a lo largo de 30 años ha tenido tasas de crecimiento superiores al 6%, teniendo picos hasta del 12%. Hoy que el coloso asiático anda desacelerado, tiene tasas superiores al 6%.

No hay una “regla de oro” pero en 2013 el Banco Mundial señalaba la necesidad de alcanzar un 7,5% anual para eliminar la pobreza absoluta en 2030 en América Latina. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

¿Estimular la oferta o dinamizar la demanda?

Este es el debate histórico de las dos corrientes dominantes en materia de política económica a lo largo de dos siglos. Para los ofertistas, la estrategia para garantizar un crecimiento sostenido se halla en las políticas que reduzcan los costos de producción: salarios controlados, reducción de parafiscales y costos laborales de horarios nocturnos, contracción de la tasa impositiva al capital, entre otros.

La tesis de esta corriente de pensamiento consiste en señalar que si a los empresarios se les abarata el costo de produccion, entonces, se generará más empleo lo que dinamizaría la economía. Esto explica la actual reforma tributaria de Trump en Estados Unidos o el desmonte de los recargos nocturnos durante el gobierno de Uribe Vélez en Colombia.

Para los críticos, la evidencia empírica no es tan sólida. O sea, habría datos que señalarían que una política en esta dirección se traduce en incremento de las ganancias sin que se de una garantía de generación proporcional de nuevos empleos. Una evidencia en esta dirección es el hecho que cuando el Banco de la República reduce las tasas de interés para estimular la economía, dicha baja no se evidencia inmediatamente en el mercado, o sea, la reacción de los  bancos comerciales no es proporcional al beneficio que reciben.

La otra corriente (keynesianos) señala la necesidad de estimular la demanda como motor del crecimiento económico. Incrementar el gasto público y bajar el impuesto al consumo serían motores para que el PIB acelere su crecimiento. La tesis en este caso parte del supuesto que las familias tienen una propensión marginal al consumo la cual genera un efecto multiplicador sobre la totalidad de la dinámica económica. Esto es, si los hogares destinan el 80% del ingreso al consumo, entonces, al elevar dicho ingreso, el consumo produce un efecto multiplicador a partir del 80% del ingreso incrementado.

El cuestionamiento a esta corriente viene por cuenta de la preocupación con respecto a la inflación. Si la demanda se incrementa (más gasto público, más gasto de los hogares), se corre el riesgo de que el aparato productivo no reaccione con la velocidad necesaria, lo que se traduzca en inflación e incremento de los bienes importandos. O sea, el efecto multiplicador del aumento del consumo puede ser absorvido por el alza en los precios o terminar beneficiando a los productores extranjeros.

Estimular la productividad a través de creatividad e innovación.

El anterior debate ha sido parte de la historia patria. Con medidas ofertistas o keynesianas hemos llegado a este punto. Hoy tenemos una gran economía (la 3a más grande de América Latina) pero cada vez menos industrializada. Entonces, si la idea es erradicar la pobreza hacia el año 2030 o convertirnos en verdadero mercado emergente, también hay que pensar en cambios cualitativos:

la creatividad, la innovación y el emprendimiento deben ser la base de la generación de nuevas industrias, más productivas y de talla mundial. En tanto seamos una economía dependiente de la minería, muchas de las medidas que se recetan tradicionalmente tendrán poco impacto en una sociedad fundamentalmente urbana y en un débil sector empresarial manufacturero o agroindustrial. Si el país no se fortalece en la producción de bienes manufacturados y servicios y no explota adecuadamente su potencial rural (alimentos, materias primas, bosques, biodiversidad), la ortodoxia macroeconómica nos mantendrá en tasas de crecimiento bajas.

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generar industrias de talla mundial. El reto no es solo crecer, es necesario que el mismo sea sostenido en el tiempo. Si no leemos las grandes tendencias de los mercados globales -biotecnología, nanotecnología, cibernértica, agroturismo, etc.- los esfuerzos que se hagan por lograr altas tasas de crecimiento sostenido serán infructuosas. La riqueza no está en la exportación de café en grano o en el ensamblaje de bienes innovadores diseñados en otras latitudes.

juan valdez

buen gobierno. Está claro que si el gasto público además de estar mal enfocado es administrado con corrupción, las posibilidades de que genere efectos multiplicadores de crecimiento se reducen significativamente. Un sector público más profesionalizado (carrera administrativa por concurso) y más íntegro (sin corrupción) es una condición necesaria para que la economía tenga un mejor comportamiento. Necesitamos más Estado; esto es, un régimen donde las directrices de largo plazo sean trascendentales y sólidas, no objeto de negociaciones partidistas cada cuatro años.

Tengo la convicción que los japonesees, los suecos o los finlandeses no tienen nada especial en su genética. Son seres comunes y corrientes. Pero en sus países, las cosas funcionan, el Estado hace su tarea.

 

Nuestro presidente ideal: uno que gobierne para el futuro, no para su período.

Terminando este 2017 ya hay varios candidados que se lanzaron al agua de cara a las elecciones presidenciales de 2018. Y cada uno hace su oferta, tiene sus adeptos pero también detractores. No los vamos a juzgar en este blog. Sin embargo, quiero decirles a todos ellos que el mejor presidente sería aquel que no gobernara con vista miope.

Particularmente en materia económica ha sido evidente la improvisación y la falta de visión en los gobiernos de este país. Este es un país que cuatrenio tras cuatrenio intenta reinventarse con un proyecto improvisado sin ambiciones de largo plazo. Las evidencias más claras son las reformas fiscales -no hay presidente que no deje su huella de impuestos-, o los ministerios, especialmente de agricultura y educación, cuyas cabezas son moneda de cambio en cada crisis política.

Sin querer ser simplistas, y sin desconocer que la coyuntura siempre será un reto para cualquier gobernante, este país tiene tareas pendientes que, mientras no se enfrenten, nos mantendrán en el subdesarrollo. Necesitamos fortalecer las políticas de Estado y dejar de depender de componendas politiqueras de corto plazo.

Aquí destaco tres retos de largo plazo que si algún presidente enfrentara dejaría una huella imborrable:

1. Educación. Los esfuerzos que se han hecho han sido insuficientes. Para empezar, es necesario asegurar la alimentación, la salud, el afecto y la educación adecuada en la primera infancia; en esta edad nos jugamos la mitad de la tarea. Niños sin la nutrición suficiente ni la estimulación adecuada y oportuna tendrán muchas menores posibilidades de ser buenos bachilleres, ni qué decir, profesionales.

En la educación básica y media también hay tareas. Necesitamos que los mejores bachilleres deseen estudiar licenciaturas y hacerse maestros, que deseen prepararse para el cambio generacional de los actuales docentes. Pero no, ellos no ven en las aulas su futuro profesional, no les atrae, no les motiva, no les parece suficientemente lucrativo. Igualmente, requerimos un currículo más moderno que prepare a los estudiantes para la universidad y también para la vida adulta y responsable. Los actuales currículos enciclopédicos y anacrónicos sólo llenan de datos a nuestros jóvenes, pero no los entrenan ni los sensibilizan para que lideren la construcción de su futuro y el del país.

Y la cadena continúa con la educación superior. En la ampliación de cobertura aún hay muchas tareas, pero también en la calidad con pertinencia de futuro. Necesitamos currículos ambiciosos para una nueva gestión del campo, para proteger el medio ambiente, para innovar y para reconstruir tejido social en un país descocido por medio siglo de guerra.

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2. Pasar de una economía minera a una más moderna, innovadora y diversificada. Ya lo hemos explicado muchas veces en este blog: este es un país que se desindustrializa. Colombia hoy depende como nunca de las exportaciones mineras y, en cambio, ha debilitado su industria manufacturera y su agro.

No podemos seguir cerrando los ojos al futuro: Colombia no tiene reservas significativas de petróleo para fincar el desarrollo de largo plazo. El carbón comienza a ser vetado en grandes economías como Francia, Canadá o Alemania; ya 25 mercados importantes han colocado el 2030 como fecha límite para su prohibición. Del resto de la minería ni se hable: entre la informal y la legal están deteriorando las cuencas hídricas y están afectando las tierras cultivables.

Para diversificar nuestra capacidad productiva es necesario pensar en agroindustria, fortalecer los mercados internos incrementando la interdependencia entre las zonas rurales y las ciudades; hay que focalizarse hacia la innovación, reconociendo que las inversiones en I+D tienen que dejar de ser marginales. Mientras hay países que dedican entre 1% y2% del PIB a la investigación, Colombia apenas alcanza el 0.25%. Y aquí hay que conectar al sistema educativo con el aparato productivo.

La economía extractiva y rentista no tiene futuro. El medio ambiente ya nos está pasando factura, a la vez que las economías más exitosas (las que crecen y distribuyen más riqueza) se focalizan en la innovación y la agregación de valor.

3. Primero el ser humano. A las políticas económicas hay que darles un viraje de 180%. Qué la inflación preocupe más que el empleo, qué nos focalicemos en el crecimiento del PIB más que en el desarrollo socio-económico; o que queramos resolver con subsidios inviables las necesidades fundamentales de la gente (salud, educación, vivienda, etc.) son clara evidencia de que estamos confundidos en nuestras prioridades.

Empresas formales y empleos formales son una receta mágica para atender la gente y viabilizar sistemas como el de salud o el de pensiones. Son las personas trabajando y bien remuneradas una prioridad para resolver varios de los problemas estructurales de la economía colombiana. La informalidad laboral , los bajos salarios y el desempleo son razones de primer orden para explicar la crisis de las EPS, el ruinoso costo del Sisben y la deprimente realidad de que la mayoría de los colombianos en edad de retiro no recibirán mesada de jubilación en los próximos lustros.

La economía tiene sentido si está al servicio de la gente; a la vez que es la gente la que hace realidad el desarrollo económico. Hay que invertir en y para la gente. Eso no es difícil de entender.

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Tal vez en una época de redes sociales y de apariencias estos retos no estarán en la agenda de los gobernantes, ya que sus resultados no se verán en el corto plazo y ni darán rédito político (léase votos). Así, por ejemplo, si un gobernante quiere que Colombia mejore sus resultados en las pruebas PISA, entonces sabe que deberá invertir en primera infancia para que se obtengan éxitos 15 años después. ¿Quién se atrevería?

Un verdadero estadista será aquel que vea a Colombia con ojos de futuro, no con cálculos electoreros.

 

 

 

Algo va de Catalunya a la disolución de la URSS.

En el año en que España vive el episodio más real de separatismo desde que se reinstauró la democracia en la década de 1970, también se conmemoran 100 años de la creación del, otrora, país más grande del mundo, el cual no alcanzó a vivir siquiera 75 años.

¿Por qué los países se dividen?

Yugoslavia, Etiopía o Checoeslovaquia fueron casos concretos de división de estados nacionales en el siglo XX. Pero hay otros fenómenos latentes en Bélgica, Italia, España, Canadá y en las naciones donde viven los kurdos.

Sin embargo, cada caso tiene su propia historia. Algunas secesiones se dieron cuando naciones existentes (con identidad cultural, económica e histórica) hacían parte de Estados más grandes donde se asfixiaba su identidad nacional. Probablemente esto explique la separación de la república Checa y Eslovaquia, o tal vez sea el caso de las naciones balcánicas que se habían organizado como Yugoslavia al desaparecer los grandes imperios al final de la primera guerra mundial; pero que se separaron después de un sangriento “divorcio”.

Geopolíticamente hablando, estas separaciones lograron cierta legitimidad internacional, la cual se fundamentó (o excusó) en la reconocida identidad nacional de los territorios que se separaron.

 

El aún inexplicable caso de la implosión de la URSS.

El caso de la Unión Soviética no es tan simple. Tal y como lo argumenté en un artículo que escribí hace varios años durante mis estudios en Argentina, la implosión de la URSS es compleja, ya que, si bien el país se conformaba por 15 repúblicas, de las cuales algunas tenían una clara identidad nacional (Estonia, Letonia, Lituania, por ejemplo), otras poseían una historia más compleja: una Ucrania culturamente dividida (un Occidente católico y ucraniano-parlante enfrentado a un Oriente ruso-parlante y ortodoxo) o las repúblicas del Cáucaso, creadas artificialmente por el gobierno bolchevique de Moscú en la primera mitad del siglo XX.

Tal vez pocos discuten por qué el partido comunista perdió el poder en ese enorme país o por qué todas naciones de la exURSS abandonaron el socialismo y transformaron sus sistemas, social, político y económico en democracias liberales y mercados capitalistas. Sin embargo, no es claro por qué un país conformado por territorios que por siglos estuvieron unidos, se desmoronó.

En este caso, mi hipótesis, -ver artículo- es que se dio una combinación de factores: nacionalismos en algunos casos -los bálticos, por ejemplo-, antipatía hacia las élites rusas que gobernaban en diferentes regiones de la URSS -las cuales pasaron a ser minorías étnicas en cada nuevo país- y la necesidad de élites locales de controlar sus mercados, incluído el político.

¿Por qué la complejidad del caso de Catalunya?

En otro estudio que hice hace varios años, -ver artículo- señalé la contradicción dialéctica que se presenta entre la globalización y la descentralización (o, incluso, separatismos). El caso de España cabe dentro de esta reflexión.

España es un país conformado por regiones autónomas, con una legendaria historia de unidad territorial -siglos-, a pesar de que en varias de aquellas se tiene una lengua propia. España es multicultural, eso no se discute. De hecho los vascos tienen una identidad cultural con significtivas diferencias con respecto a las demás regiones, cuyas lenguas tienen el mismo origen: son lenguas romances.

Pero, la otra categoría que marca la evolución del estado nacional en las últimas décadas es la globalización. Esta última genera un cambio en el ejercicio de la soberanía por parte de los estados. Para España este fenómeno es particularmente evidente en las últimas tres décadas desde que ingresó al bloque europeo, el cual se caracteriza por un proceso gradual de supranacionalidad por el cual la Unión Europea asume funciones que anteriormente ejercían los estados nacionales; como es el caso de la soberanía comercial, la monetaria y, en parte, la fiscal. O sea, los estados miembros de la Unión Europea renuncian a parte de sus funciones soberanas en favor del bloque.

Bajo este contexto es que se nace la pregunta ¿por qué se separan los catalanes? no tienen una historia de identidad nacional que les preceda, por lo menos durante siglos; tienen una fuerte interdependencia económica con las demás regiones de España y, además, quieren ser parte de la Unión Europea. O sea, ¿se separan de España para unirse a la Unión Europea y convertirse en socios de España?

ingreso a la zona euro

Como se puede ver, no es fácil de entender este caso de separatismo. Sin embargo, a riesgo de reducir el tema, no se puede negar que en España se mantiene viva la discusión por la necesidad de ampliar la autonomía en el marco de un proceso histórico de descentralización del país.

La autonomía fiscal aparece en el orden del día de las relaciones entre Madrid y las regiones autonómicas de España. Este tema, que como todo proceso de descentralización es una manera de hacer más real la democracia en tanto se acercan las decisiones mayores al constituyente primario, también es un mecanismo para fortalecer la convivencia entre las élites centrales y las regionales.

La anterior explicación sirve para entender, al menos parcialmente, cómo el separatismo catalán en tan sólo unos años logró poner en jaque la soberanía española, algo que no alcanzaron los vascos -con una combinación de formas de lucha- a lo largo de décadas.

A modo de conclusión.

Los separatismos no tienen explicaciones unidimensionales. Son complejos. Cada caso tiene sus propias razones e historia. La identidad nacional (o al menos la identidad local) se combina con los interese de élites para argumentar un proceso separatista, a pesar de los costos que genera la incertidumbre del cambio.

Sin embargo, es evidente también que las democracias maduras tienden a ser descentralizadas como un mecanismo que hace más real la participación del ciudadadano en las decisiones que le son importantes.

Seguramente con la aplicación del artículo 155, el gobierno de Rajoy logrará detener, al menos temporalmente, este intento separatista. Pero las huellas que este proceso dejará en las presentes y futuras generaciones no sabemos que tan profundas serán. O sea, seguramente en el campo jurídico se socava la independencia, pero en el político “el fuego seguirá quemando el bosque.”

En consecuencia, ya sea por identidad nacional o por negociaciones de élites, el futuro de España está atado a una revisión de su constitución, particularmente en aquello que tiene que ver con las autonomías locales.

La globalización es compleja: los países se unen entre ellos -o al menos sus mercados- mientras sus hilos internos se descosen.