Colombia necesita un crecimiento sostenido del 7% anual ¿Qué hacer?

La ortodoxia macroeconómica colombiana.

En análisis de política macroeconómica hay dos indicadores que dan cuenta del éxito de una gestión pública: la estabilidad y el crecimiento. Es reconocido, al menos en los organismos multilaterales, que las autoridades económicas colombianas (léase Banco de La República, Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional) manejan una cierta ortodoxia a la hora de tomar decisiones macroeconómicas: tanto monetarias como fiscales. Ello explicaría que, en décadas, nuestro aparato productivo no hubiese sufrido profundas o extendidas recesiones y que nuestra moneda no fuera víctima de procesos de hiperinflación.

El tener una inflación controlada (aunque tuvimos picos del 30% a finales de la década de 1980) y haber alcanzado lustros sin recesión (salvo contadas excepciones como en 1999 o en 2008), son evidencias para los inversionistas que éste es un país con estabilidad macroeconómica.

Sin embargo, las tasas de crecimiento económico del último medio siglo dejan mucho que desear. Con contadas excepciones -2007, por ejemplo-, Colombia ha sido un país con crecimiento que oscila entre el 2 y el 4%, lo que es un resultado muy poco significativo frente a un país que pretende abandonar el subdesarrollo.

Ya se ha vuelto recurrente permitir que nos denominen “economía emergente”. Nada más alejado de la realidad. Emergentes son los coreanos, los taiwaneses, los chinos o los indios; países que dan cuenta de tasas de crecimiento elevadas y sostenidas en el mediano y largo plazo. Así, por ejemplo, según el Banco Mundial, entre 1961 y 2016 el crecimiento promedio de Corea del Sur fue de 7.5 % con un máximo de 14.83 % en 1973. No hay mucho que decir del PIB chino, el cual, a lo largo de 30 años ha tenido tasas de crecimiento superiores al 6%, teniendo picos hasta del 12%. Hoy que el coloso asiático anda desacelerado, tiene tasas superiores al 6%.

No hay una “regla de oro” pero en 2013 el Banco Mundial señalaba la necesidad de alcanzar un 7,5% anual para eliminar la pobreza absoluta en 2030 en América Latina. ¿Qué debemos hacer para lograrlo?

¿Estimular la oferta o dinamizar la demanda?

Este es el debate histórico de las dos corrientes dominantes en materia de política económica a lo largo de dos siglos. Para los ofertistas, la estrategia para garantizar un crecimiento sostenido se halla en las políticas que reduzcan los costos de producción: salarios controlados, reducción de parafiscales y costos laborales de horarios nocturnos, contracción de la tasa impositiva al capital, entre otros.

La tesis de esta corriente de pensamiento consiste en señalar que si a los empresarios se les abarata el costo de produccion, entonces, se generará más empleo lo que dinamizaría la economía. Esto explica la actual reforma tributaria de Trump en Estados Unidos o el desmonte de los recargos nocturnos durante el gobierno de Uribe Vélez en Colombia.

Para los críticos, la evidencia empírica no es tan sólida. O sea, habría datos que señalarían que una política en esta dirección se traduce en incremento de las ganancias sin que se de una garantía de generación proporcional de nuevos empleos. Una evidencia en esta dirección es el hecho que cuando el Banco de la República reduce las tasas de interés para estimular la economía, dicha baja no se evidencia inmediatamente en el mercado, o sea, la reacción de los  bancos comerciales no es proporcional al beneficio que reciben.

La otra corriente (keynesianos) señala la necesidad de estimular la demanda como motor del crecimiento económico. Incrementar el gasto público y bajar el impuesto al consumo serían motores para que el PIB acelere su crecimiento. La tesis en este caso parte del supuesto que las familias tienen una propensión marginal al consumo la cual genera un efecto multiplicador sobre la totalidad de la dinámica económica. Esto es, si los hogares destinan el 80% del ingreso al consumo, entonces, al elevar dicho ingreso, el consumo produce un efecto multiplicador a partir del 80% del ingreso incrementado.

El cuestionamiento a esta corriente viene por cuenta de la preocupación con respecto a la inflación. Si la demanda se incrementa (más gasto público, más gasto de los hogares), se corre el riesgo de que el aparato productivo no reaccione con la velocidad necesaria, lo que se traduzca en inflación e incremento de los bienes importandos. O sea, el efecto multiplicador del aumento del consumo puede ser absorvido por el alza en los precios o terminar beneficiando a los productores extranjeros.

Estimular la productividad a través de creatividad e innovación.

El anterior debate ha sido parte de la historia patria. Con medidas ofertistas o keynesianas hemos llegado a este punto. Hoy tenemos una gran economía (la 3a más grande de América Latina) pero cada vez menos industrializada. Entonces, si la idea es erradicar la pobreza hacia el año 2030 o convertirnos en verdadero mercado emergente, también hay que pensar en cambios cualitativos:

la creatividad, la innovación y el emprendimiento deben ser la base de la generación de nuevas industrias, más productivas y de talla mundial. En tanto seamos una economía dependiente de la minería, muchas de las medidas que se recetan tradicionalmente tendrán poco impacto en una sociedad fundamentalmente urbana y en un débil sector empresarial manufacturero o agroindustrial. Si el país no se fortalece en la producción de bienes manufacturados y servicios y no explota adecuadamente su potencial rural (alimentos, materias primas, bosques, biodiversidad), la ortodoxia macroeconómica nos mantendrá en tasas de crecimiento bajas.

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generar industrias de talla mundial. El reto no es solo crecer, es necesario que el mismo sea sostenido en el tiempo. Si no leemos las grandes tendencias de los mercados globales -biotecnología, nanotecnología, cibernértica, agroturismo, etc.- los esfuerzos que se hagan por lograr altas tasas de crecimiento sostenido serán infructuosas. La riqueza no está en la exportación de café en grano o en el ensamblaje de bienes innovadores diseñados en otras latitudes.

juan valdez

buen gobierno. Está claro que si el gasto público además de estar mal enfocado es administrado con corrupción, las posibilidades de que genere efectos multiplicadores de crecimiento se reducen significativamente. Un sector público más profesionalizado (carrera administrativa por concurso) y más íntegro (sin corrupción) es una condición necesaria para que la economía tenga un mejor comportamiento. Necesitamos más Estado; esto es, un régimen donde las directrices de largo plazo sean trascendentales y sólidas, no objeto de negociaciones partidistas cada cuatro años.

Tengo la convicción que los japonesees, los suecos o los finlandeses no tienen nada especial en su genética. Son seres comunes y corrientes. Pero en sus países, las cosas funcionan, el Estado hace su tarea.

 

A veinte años de la Constitución de 1991: ¿ha cumplido Banrepública el mandato constitucional?

Estamos conmemorando dos décadas de la proclamación de la nueva Constitución de Colombia. Muchas expectativas se generaron en diferentes ámbitos. ¿Qué de ello se ha materializado y dónde hay frustraciones? Esas son las preguntas que surgen a la hora de hacer balance de esta nueva etapa de la sociedad colombiana.

En nuestro blog vamos a ocuparnos de algunos de los tópicos económicos derivados de la reforma de la Carta Magna. Comencemos con el Banco de la República, ente al que se le dio autonomía frente al ejecutivo para que asuma una responsabilidad muy precisa: preservar el poder adquisitivo de la moneda (art. 373).

El Banco de la República es el banco central de Colombia, su objetivo de política monetaria es el logro de tasas de inflación coherentes con el mandato constitucional de garantizar la estabilidad de precios, en coordinación con una política macroeconómica general que propenda por el crecimiento del producto y el empleo.

Para ver la coherencia entre el discurso normativo y la realidad fáctica, estudiemos el desempeño del Banco de la República en relación con el poder adquisitivo del peso y la estabilidad macroeconómica.

Este primer gráfico  muestra que, en general, la inflación en Colombia ha bajado a través de los años. Tanto el IPC de Bienes Transables (los que se pueden importar) como los No Transables (construcción, servicios personales, etc.) ha caído gradualmente. Con pequeños vaivenes, podemos decir que esta tendencia se ha mantenido desde la Constitución de 1991. O sea, aunque frecuentemente el Banco de la República ha incumplido su meta anual de inflación, la tendencia de largo plazo señala al Emisor como una entidad cumplidora de su deber constitucional.

Ahora, para medir la capacidad adquisitiva de la moneda, no sólo es un buen indicador la inflación doméstica, para ello, también se puede tener en cuenta el Indice de Tasa de Cambio Real, el cual señala la relación entre los precios de bienes y servicios de los países extranjeros con respecto a los de nuestro país:

El anterior gráfico del Banco de la República muestra que, en términos generales, durante los últimos años, el peso colombiano se ha  mantenido revaluado con respecto al dólar (por ello el ITCR aparece como inferior a 100). Esto ratificaría el alto poder adquisitivo de nuestra moneda que ya se veía con la descendiente inflación del primer gráfico. Ello se puede traducir en que nuestra moneda permite comprar dólares “baratos” o estimular nuestro deseo de hacer turismo en el exterior. El problema es que nuestro trabajo se ha hecho relativamente costoso con respecto al de los trabajadores de otros países, lo que afecta la competitividad de las exportaciones y de los productos nacionales con respecto a los importados.

Por lo anterior, para hablar del éxito de las medidas del Banco de la República, es necesario buscar indicadores que tengan que ver con el PIB y el desempleo, ya que no es suficiente una estabilidad de precios si, como política macroeconómica coordinada, no incide positivamente en la generación de empleo y el crecimiento económico.

Es en esta relación, entre medidas de estabilidad de precios y crecimiento, que los resultados de la política monetaria colombiana se muestran dudosamente satisfactorios. Desde 1995, la economía colombiana no ha presentado tasas de crecimiento económico sostenidas, ni destacadas en el contexto internacional. Excepto el crecimiento de 2007 (7.1%), los demás años se ha crecido tímidamente o, incluso, se ha presentado recesión (1999 y 2008).

Adicionalmente, el crecimiento económico no se ha traducido en una mejora importante del empleo. Como veíamos en gráfico del DANE presentado en un artículo anterior, el desempleo en Colombia entre 205 y 2007 -los mejores años de crecimiento económico de toda la década-, se sostuvo entre 11.5 y 12.5%, sin mostrar grandes cambios, a pesar de las políticas monetarias contracíclicas que ha aplicado el Banco de la República:

Como nos muestra este tercer gráfico del Banco de la República, a partir de las crisis de 1999 y 2008, el emisor aplicó medidas monetarias expansionistas (bajó las tasas de interés) para estimular la recuperación y el crecimiento económico. Sin embargo, el balance de casi dos décadas es de un tímido crecimiento y de una precaria recuperación del empleo.

En otras palabras, la estabilidad de precios y la consecuente preservación del poder adquisitivo de la moneda en las dos últimas décadas no se ha traducido en una mejora estructural del aparato productivo colombiano: productividad, empleo, competitividad y bienestar.

Si reconocemos que la estabilidad de precios y la preservación del poder adquisitivo, en general, son indicadores positivos para cualquier economía, entonces debemos buscar la falla del sistema en la falta de concertación macroeconómica…que también es mandato constitucional.

En síntesis, es necesario hacer una valoración objetiva de la decisión derivada de la Carta Magna: un banco central que gestiona la política monetaria y cambiaria, mientras los gobiernos de turno manejan la política fiscal. ¿Existen los mecanismos necesarios para asegurar que el gobierno y el Banco de la República coordinen sus políticas en función de objetivos de crecimiento sostenido de largo plazo y generación de empleos estables?