Economía Colaborativa: entre el Desarrollo Sostenible y la pauperización del salario.

Si necesitas un vehículo que te transporte sólo tienes que dar un clic en tu celular -incluso, si sólo quieres que te den un “aventón”-. Si quieres un hospedaje económico en otra ciudad o país, sólo tienes que dar un clic en tu celular. Si tienes hambre y quieres un domicilio, sólo tienes que hacer clic.

taxi o uber

Economía colaborativa: ¿fuente de desarrollo sostenible o de desaceleración económica?

La Economía Colaborativa es una categoría reciente de las relaciones socio-económicas, la cual se fortalece gracias al desarrollo de las TIC. Dicha economía permite que se optimice el uso de recursos como los vehículos o la propiedad raíz -habitaciones u oficinas-. Así, por ejemplo, si tienes una habitación disponible en tu casa, puedes rentarla; o sea, hacer uso de una capacidad ociosa generándote algún ingreso. Lo mismo sucede si tu trabajo cotidiano no te agota plenamente, entonces, puedes unirte a Uber y ofrecer el servicio de transporte urbano, obteniendo un ingreso extra.  Continuar leyendo

Negociación del salario mínimo: ¿intereses colectivos o particulares?

Algo que caracteriza al ser humano es su condición de ser social. Aunque nos reconocemos en la individualidad es menester recordar que nuestra condición de integrantes de una colectividad es una característica fundamental para definir la identidad de seres humanos.

Esta cualidad del individuo se ha transmitido a las organizaciones sociales (empresas, familias, instituciones) las cuales se “agremian” con el fin de llevar sus intereses colectivos a un nivel superior. Así, las empresas que compiten en el mercado se organizan en gremios para fortalecerse y defender sus intereses ante los sindicatos, el Estado o la sociedad en general. De igual manera, los trabajadores recurren a la organización sindical como mecanismo de integración y fortalecimiento de los intereses de clase.

Con las luces de navidad llegan también las noticias de negociaciones para definir el salario mínimo de los trabajadores colombianos. El ritual se repite año tras año y, casi que como parte del ritual, al final no se llega a ningún acuerdo; lo que conlleva que el gobierno nacional establezca por decreto la remuneración de aquellos que ganan el salario más bajo -legalmente hablando-.

¿Por qué casi nunca hay acuerdo?

Buena pregunta. Son escasos los años en los cuales el salario mínimo nace de la concertación entre trabajadores y empresarios. Normalmente los trabajadores presentan una propuesta inicial “inviable” para los empresarios; al tiempo, los gremios hacen una oferta “inaceptable” para las organizaciones sindicales.

Seguramente hay varias formas de explicar este constante desacuerdo. Si alguien ha estudiado las teorías de Harvard de negociaciones, entonces, dirá que los negociadores “no se ponen en los zapatos del otro”; que los gremios no entienden los intereses de los trabajadores y mucho menos el poder limitado de los negociadores sindicales. Igual dirá de los sindicatos con respecto a los intereses y poder negociador de su contraparte. Incluso, teniendo en cuenta que el gobierno también hace presencia en la mesa de negociaciones, la pregunta sería ¿cuáles son sus intereses en esta negociación?

no oye no ve no habla

Esta sociología política me lleva a hacer una pregunta diferente: ¿saben los negociadores lo que realmente está en juego cuando se discute el salario mínimo? o sea, ¿efectivamente se analiza el impacto social y macroeconómico o simplemente se materializa una negociación entre los representantes de ciertos grupos empresariales y los representantes de trabajadores que no ganan el salario mínimo?

¿Por qué no subir “fuertemente” el salario mínimo?

Al margen de los análisis técnicos, nadie cuestiona que el salario mínimo colombiano no sostiene un hogar, incluso unipersonal. Así que ante esta obviedad, vamos a abordar el tema desde otras perspectivas.

La postura más evidente -la de los gremios empresariales- es la que hace referencia a la necesidad de mantener el salario  mínimo en un nivel bajo con el fin de estimular la generación de empleos por parte de los empresarios y poder controlar la inflación por parte del Estado. Ambos argumentos, a simple vista lógicos, tienen diversos detractores y defensores que tratan de explicar sus posiciones desde complejos modelos económicos o a partir de las evidencias empíricas (estadística histórica, generalmente).

Esta mirada “contraccionista” parte de la preocupación de que un incremento en el nivel de gasto de los trabajadores es inflacionario, y que los costos salariales son un determinante de la contratación por parte de los empresarios. Esto que parece ser tan obvio, no lo es realmente y por ello suscita debates.

Para validar el anterior postulado hay que responder varias preguntas que dejo para la reflexión ¿qué porcentaje de la población trabajadora devenga el salario mínimo? ¿debe el incremento del salario mínimo servir de referente -cómo sucede en la actualidad- para establecer tarifas de servicios, incrementar precios y ponderar salarios en otros rangos? ¿cuál es el peso del salario mínimo sobre los costos de producción? ¿se ha medido el beneficio marginal en productividad por cada unidad que crece el salario mínimo? -en otras palabras: ¿se sabe qué tanto estimula al trabajador la mejora de su remuneración; alguien ha hecho este estudio?

Incluso, hay una pregunta más compleja que requiere de un análisis elaborado ¿cuál es el papel que juega un salario mínimo legal en una economía donde más del 40% de la población (ver gráfica del DANE de 2008 a 2017) se halla desempleada (sin salario) o con un salario inferior al mínimo?

El postulado antagónico, el de la necesidad de incrementar el salario mínimo para compensar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores (un tema de equidad) y para estimular la demanda agregada (un tema de eficiencia) es el que lleva a los trabajadores a proponer generalmente un alza en el salario que supere la tasa de inflación de períodos anteriores. La contraargumentación viene de los gremios empresariales, los cuales ven a los sindicatos como “egoistas” al defender el ingreso de los que tienen empleo, a costa de aquellos que no consiguen trabajo (que en Colombia, de manera crónica oscilan alrededor del 10%).

A partir de esta discusión es que me surge la duda sobre los intereses que defienden los gremios en las negociaciones del salario mínimo. El tema es complejo: a cada empresa le afecta el incremento del salario mínimo proporcional a la carga laboral en su estructura de costos pero, del otro lado, el mejoramiento de los ingresos de los trabajadores debería traducirse en un incremento multiplicado de la demanda, lo que estimularía las ventas y dinamizaría la economía en general.

Por lo anterior, me pregunto si la posición de los gremios hace una lectura general de las empresas a las que se supone representan o sólo a cierto grupo de corporaciones cuyos intereses están más asociados al control de los costos laborales (ejemplo empresas con una elevada planta de trabajadores de bajo nivel de cualificación) y/o en menor medida a la dinámica del mercado nacional (maquiladores para el mercado externo, por ejemplo). ¿No sería un buen negocio para las mipymes -99% de las empresas del país-, especialmente para aquellas que atienden el mercado doméstico, un incremento significativo de los salarios de la población?

 

Reflexión final.

No seriamos el primer país donde se evidencia que hay posiciones antagónicas entre trabajadores y patronos. Sin embargo, en naciones más desarrolladas donde se ha logrado o se aproximan al pleno empleo (Japón, por ejemplo) o donde la productividad es un eje central de la competitividad (Alemania o Corea) existen brechas más angostas entre la remuneración de los trabajadores y la satisfacción de sus necesidades. Un país con el desempleo estructural más elevado de Suramérica -Leticia Armenta lo constata- tiene que ser más creativo y solidario para abordar este tema del salario minimo.

 

 

El galimatías de la inflación.

Junio 20 de 2017.

Seamos sinceros, los periodistas todos los días nos atiborran de datos económicos y, la verdad sea dicha, no siempre sabemos exactamente de qué nos están hablando. ¡Qué la inflación subió por culpa del dólar! ¿y cuál es la relación?; ¡qué el Banco de la República subió las tasas de interés para controlar la inflación! ¿Y cuál es la relación?; !Qué el precio del petróleo cayó y por eso sube el precio del dólar! ¿Y cuál es la relación?…

Así que vamos a jugar un poco a ser profesores y a explicar algunas de las categorías más comunes del lenguaje económico.

¡Comencemos con la inflación!

Ultimamente vemos que los periódicos relacionan la inflación con hechos como el Gasto Público (o sea el excesivo gasto del gobierno); el fenómeno del Niño, el excesivo gasto de las familias, el precio del dólar, etc.

En términos sencillos se puede decir que la inflación aumenta por dos posibles tipos de razones: el crecimiento de la demanda o la disminución de la oferta. Si el Estado incrementa su gasto, si los bancos bajan las tasas de interés, o si al país entran más dólares, entonces, se incrementa la demanda agregada y los precios se mueven al alza. Pero, de otro lado, si el precio del dólar sube, si hay exceso de lluvias o sequía, entonces, se reduce la oferta de bienes, lo que, nuevamente, hace que se suban los precios.

dolares-300

¿Por qué la devaluación -incremento en el precio del dólar- produce inflación?

Porque los productos importados se encarecen y porque los colombianos tendrán más dinero (fruto de exportaciones más rentables) lo que les aumentará su capacidad de compra.

Por lo tanto, lo contrario, la revaluación, tiende a ser antiinflacionaria, ya que abarata los bienes importados y reduce la oferta de masa monetaria en el mercado doméstico.

¿Por qué el gasto del gobierno -Gasto Público- incide sobre la inflación?

Porque con un  mayor o menor gasto, el Estado incide sobre la capacidad de compra de las familias y las empresas (el Estado contrata trabajadores, da subsidios, compra bienes y servicios); así estimula la demanda. Por lo tanto, una decisión de incrementar o bajar el Gasto Público tiene una incidencia directa sobre la tasa de inflación.

¿ Es mala la inflación?

Un error recurrente es ver a la inflación como una variable de efectos negativos para la economía. La inflación no es negativa per se para la economía. La inflación o su antagónica, la deflación, evidencia una brecha entre la oferta y la demanda. En términos simples se podría decir que una inflación baja, moderada, ubicada en los límites que establezcan las autoridades económicas, sería una señal de que hay una demanda insatisfecha y que por ende hay espacio para más inversiones,empleo y crecimiento económico. O sea, si el Banco de La República calcula que su meta de inflación está en un rango entre 2% y 4%, mientras ésta se logre tendremos un ambiente favorable para invertir, ya que hay una demanda insatisfecha en un ambiente de certidumbre.

Por el contrario, la ausencia de inflación (la caída generalizada del nivel de precios) se podría entender con un desestímulo a la inversión y al empleo. ¿Quién querría aumentar la producción si los precios tuvieran una sostenida tendencia a la baja?

En síntesis, el problema no es la inflación sino su tendencia descontrolada (creciente, acelerada, desbordada, por fuera de las metas macroeconómicas de las autoridades económicas de un país), lo que genera incertidumbre.

Pregunta curiosa: ¿Es la ciudad con mayor inflación la más costosa del país?

A veces leemos, por ejemplo, que una ciudad, digamos Pasto, fue la de mayor inflación de marzo y, consecuentemente, se asume que es la ciudad más cara. Pero no es así. La inflación es un indicador que se mide con respecto al comportamiento histórico de los precios del mismo lugar, o sea, lo que evidencia la tasa de inflación es cuánto subieron los precios de un lugar, con respecto a sus propios datos históricos, no en relación a los precios de otras ciudades.

Un dilema de bases ideológicas: ¿cuánto subir los salarios sin afectar la inflación?

trabajadores

Todos los años asistimos al “show mediático” de una negociación del salario mínimo. Este no es un tema menor. En principio, los empresarios buscan controlar el aumento salarial con el argumento de controlar sus costos de producción; de otro lado, el gobierno también tiende a ubicarse en una postura “bajista” ya que teme que el aumento del salario provoque más inflación vía demanda: más salarios, más ingresos, más gastos. En la otra orilla, las centrales obreras reclaman que la inflación no se controle exclusivamente de cuenta de los ingresos de los trabajadores.

Si bien, hay un elemento técnico en la discusión, el cual consiste en calcular la pérdida de poder adquisitivo y el incremento en la productividad del trabajo para determinar el salario mínimo “ideal”  del año siguiente, es evidente que sí existe una discusión ideológica en la forma cómo se determina la distribución de la riqueza entre trabajadores y empresarios…

…y la inflación se utiliza como “excusa” para tomar la decisión final.

El caso Saludcoop, enfermedad de un bebé que nació sin defensas: La Seguridad Social en Colombia.

El descubrimiento de mafias que se habrían encriptado en el Sistema de Salud en Colombia, tendiendo una maraña que enreda a diversos niveles e instituciones, incluido el mismísimo Ministerio de Seguridad Social, y la reciente intervención en Saludcoop, son virus fuertes que atacan a un organismo con un débil sistema inmune: La Seguridad Social en Colombia.

Según Rofman y Lucceti, en las sociedades tradicionales las familias se hacían cargo de los mayores y los desvalidos. Pero, con el desarrollo del mercado laboral, la reducción del tamaño de las familias y el envejecimiento de la población surgió la necesidad de una propuesta alternativa para este problema. Una definición clásica W. Beveridge) asume la Seguridad Social como la abolición del estado de necesidad de los individuos, asegurando a cada ciudadano en todo tiempo, una entrada suficiente para hacer frente a sus necesidades.

En los modelos de economía de mercado regulados por el Estado (como los que existen, con diferencia de grado, en casi todos los países del mundo) el salario de los empleados es el principal garante de la Seguridad Social y es complementado con los ahorros para jubilaciones, desempleo (cesantías) y salud.

Salud y Pensiones: análisis comparativo entre Colombia y el mundo

Mientras en los países industrializados la cobertura de seguridad social es cercana al 100% en los Países Menos Avanzados –PMA- ésta no llega al 10% y, en promedio, en el mundo sólo el 25% de la población está protegida.

Las reformas realizadas en América Latina, a partir de la apertura económica, y que en Colombia se comenzaron a materializar con la ley 50 (cesantías) y la ley 100 (salud), han tenido un objetivo fundamental: priorizar la seguridad social de los colombianos a partir de la universalización de la cobertura.

Sin embargo, América Latina es un pésimo ejemplo de equidad en materia de acceso a salud. Según la OPS casi una cuarta parte de los latinoamericanos no tiene acceso a ningún servicio de salud y sólo el 50% cuenta con algún seguro de salud. Para la CEPAL, en Guatemala o Ecuador, el 30% de los gastos en salud van dirigidos a la población de mayores ingresos y sólo el 12% a los más pobres.

Según un estudio realizado por la U de A, la Procuraduría General de la Nación, la UIS y Colciencias, la cobertura en salud ha crecido significativamente en Colombia, pero el hecho de que las personas tengan un carnet (cotizante, beneficiario o SISBEN) no garantiza que obtengan atención de calidad. Las empresas prestadoras de servicios colocan barreras para controlar los costos en un sistema que no tiene al ser humano como centro, tal y como lo exige la Constitución.

El tema pensional es el otro gran pilar del Sistema y el comportamiento demográfico del mundo acrecienta las dificultades. En materia de pensiones Colombia ofrece uno de los peores indicadores de la región. Según el estudio de Lucceti y Rofman, los colombianos mayores de 65 años que gozan de un beneficio pensional no llegarían al 20% (para el año 2005) pero se reconoce que el indicador ha mejorado desde los años 90s. Sin embargo, en Argentina, Brasil o Uruguay, la cobertura de beneficiarios adultos rodea el 80%. Aunque en Argentina la tendencia es negativa, contrario a lo que pasa en el resto de la región.

Las fuentes del problema:

Según Rofman y Lucceti, en la última década del siglo XX, sólo 41% de los asalariados colombianos estaban aportando a la seguridad social y para 2005, este indicador aún no llegaría al 45%. Si medimos el dato en términos de Población Económicamente Activa, PEA, o sea, en edad de trabajar y que necesita empleo,  apenas el 20% de la PEA estaría cotizando. Lo más crítico, desde la  óptica de financiación del sistema, es que el número de personas ocupadas y de PEA que cotizan al sistema, en lugar de aumentar ha disminuido.

Según el DNP para el año 2006, 16 millones de colombianos contribuían al régimen de salud y 70% de los no contribuyentes gozaban del servicio subsidiado. Para el 2010, la meta del gobierno nacional era llegar a 100% de cobertura subsidiada (23 millones de personas, aproximadamente), contra 17 millones de contribuyentes.

También es destacable que incluso en el sector público se presenten elementos de informalidad. En casos como Argentina o Colombia, cerca del 20% de los trabajadores aparecen como no cotizantes. Eso evidencia que incluso el Estado incrementa los contratos de prestación de servicios y proveedores, en lugar de empleados vinculados laboralmente.

Contrario a lo que pasa en Colombia, en Chile y Costa Rica -referentes ideales de la región- cerca del 60% de la PEA está cotizando y, en el caso de trabajadores asalariados, el dato se aproxima al 80%.

Empleo Formal: eje de la solución.

Se pueden aplicar correctivos que se justifiquen matemáticamente como son el incremento en la edad de pensión, el alza en el valor del aporte por parte de trabajadores y/o empleadores, el establecimiento de copagos a los servicios o la reducción del monto de las mesadas. Incluso, es necesario luchar contra la corrupción en el sector para optimizar los recursos, pero un hecho es contundente: con la tendencia a un desempleo estructural superior al 10% y la informalización del empleo -ya sea por el subempleo, la masificación de contratos por prestación de servicios o a través de empresas de temporales-, el Sistema de Seguridad Social que nos soñamos con la Constitución del 91 nunca será una realidad.

El problema principal de los Sistemas de Seguridad Social es la relación inversa entre la cantidad de empleos bien remunerados y el número de personas que requieren de sus servicios. No es viable un Sistema de Seguridad Social que dice centrarse en el ser humano si, mientras la expectativa de vida de la población aumenta, no se estimula la creación de empleos formales y bien remunerados.

El régimen de Seguridad Social Colombiano es relativamente joven, aún  no cumple 20 años, pero hace parte de un sistema más complejo: el productivo. Si la economía no crece, (pero no nos referimos a las exportaciones de commodities de la minería, sino a la industria, a los servicios, a la agricultura diversa); y, en consecuencia, si no aumentan los empleos y los salarios altos, derivados de más productividad y competitividad de nuestras empresas, el Sistema de Seguridad Social de cobertura universal y justo nunca llegará a ser adulto.