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Nueve cargos criminales, 19 posibles fallos judiciales en contra y la eventual devolución de 500 hectáreas de tierra, son los problemas que tienen entre la espada y la pared al ganadero antioqueño Álvaro Mesa Cadavid.
El ciudadano, hermano del diputado de la Asamblea de Antioquia, Rodrigo Mesa, fue detenido por la Policía en Medellín, el pasado jueves, en el marco de una ofensiva “contra los opositores al proceso de restitución de tierras en la subregión de Urabá”.
El general Luis Eduardo Martínez, director de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía, señaló que la Fiscalía y su equipo iniciaron la investigación tras la denuncia publicada en un noticiero, según la cual Mesa se negó a devolverles a sus dueños las tierras que los paramilitares les habían arrebatado.
De acuerdo con las pesquisas, el ganadero de 62 años les compró a los “paras” cientos de hectáreas en la vereda Paquemás del municipio de Turbo, que estos les habían usurpado de forma violenta a los labriegos. “Luego las tituló a su nombre mediante certificados y escrituras falsas”, declaró Martínez.
A partir de la Ley de Restitución de Tierras los afectados iniciaron procesos para recuperar sus predios y los magistrados de los Tribunales de Restitución emitieron 9 sentencias, ordenándole a Mesa la devolución de 200 a 500 hectáreas.
En diciembre de 2014 los campesinos retornaron a la vereda, pero el ganadero les negó el derecho a quedarse.
La investigación policial señala que valiéndose de dos de sus administradores de fincas, Luis Eduardo Úsuga Salas y Óscar Iván Jiménez Reyes, amenazó a esas personas.
Miembros de 27 familias denunciaron que “hombres al servicio de Mesa Cadavid quemaron viviendas, destruyeron los cultivos financiados gracias al programa presidencial de proyectos productivos, les mataron varias cabezas de ganado y levantaron cercas arbitrariamente”, reza el informe policiaco.
Esas informaciones sirvieron para que el juez de garantías expidiera las órdenes de captura. Úsuga y Jiménez fueron detenidos en Turbo, en un operativo donde también fue incautada una escopeta calibre 22 con municiones y seis cartuchos de 9 milímetros.
Las órdenes de arresto para estas tres personas fueron por concierto para delinquir, amenazas, constreñimiento ilegal, invasión de tierras, fraude a resolución judicial, usurpación de bienes, daño en bien ajeno, fraude procesal y falsedad material en documento público.
Las autoridades estiman que, de prosperar las denuncias, contra el ganadero habrían 19 fallos en total ordenándole devolver predios.
“Urabá es uno de los sitios donde más problemas se han presentado en contra de la política de restitución de tierras”, reiteró Martínez, e indicó que este año han capturado a 86 sospechosos en todo el país por oponerse a ese proceso.
Alcelis Coneo Barbosa, subdirectora Nacional de la Unidad de Restitución de Tierras, comentó que “hay un mensaje muy claro: estos procesos de restitución no cohonestan con la irregularidad, todos los ciudadanos estamos llamados a cumplir las decisiones de los jueces”.
Añadió que “al parecer, se presentaron algunas inobservancias frente a decisiones de las autoridades y entradas a predios sin consentimiento. Aquellos que intenten aprovecharse, la Unidad no dudará en trasladar la queja a las autoridades competentes, en este caso la investigación la hizo la Fiscalía”.
Este diario intentó comunicarse con el diputado Rodrigo Mesa para conocer su punto de vista en este caso que involucra a su familiar, pero no hubo respuesta de su parte.