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Las advertencias de Madrid contra el referendo independentista catalán, previsto para el 1 de octubre, se hicieron realidad ayer con el allanamiento de distintas sedes de la Generalitat de Cataluña, el decomiso de nueve millones de papeletas para la realización de la consulta, y el arresto de hasta 14 funcionarios que estaban encargados de su organización.
La policía española y la Guardia Civil fueron las instituciones encargadas de realizar el operativo en las oficinas del gobierno catalán, algo que según el presidente de dicha comunidad autónoma, Carles Puigdemont, significa que Madrid está tomando de facto el control.
“El Estado español ha suspendido el autogobierno de Cataluña y ha aplicado de facto un estado de excepción. Condenamos sus acciones antidemocráticas”, dijo. Acto seguido hizo un llamado para que los catalanes blinden la iniciativa con marchas, y a que mantengan su disposición a votar el 1 de octubre “para defender la democracia contra un régimen represivo”.
Horas después, 40.000 personas se reunieron frente a la sede de la Generalitat, con banderas catalanas, gritando “¡fuera las fuerzas de ocupación!”.
De esta forma, si ya estaba Cataluña sumida en tensiones por la iniciativa independentista, ahora con la respuesta de Madrid, dicha situación llega a un punto de decisiones cruciales. ¿Seguirá adelante el gobierno independentista? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar el mandatario español, Mariano Rajoy, para frenarlos? EL COLOMBIANO consultó con expertos.
Marta Rovira Martínez, socióloga y docente de la Universidad Autónoma de Barcelona, presenció la marcha independentista y afirmó que a pesar de la dificultad que supone este nuevo suceso, la iniciativa de los soberanistas seguirá en pie hasta la consulta del 1 de octubre.
“Veremos cómo deriva la situación, porque la gente está dispuesta a resistir y a no quedarse quieta ante la detención de políticos por motivos politizados. Entretanto Madrid lo único que ha hecho es crear más tensiones y no supone una salida a esta disputa”, afirmó.
Desde la capital española, Humberto Montero, columnista del diario La Razón, consideró que era lo menos que podría hacer el gobierno de Rajoy ante un incumplimiento de la ley.
“Si quieren tramitar una consulta independentista, deben llevarla ante el Congreso de los Diputados de España. En caso contrario, todas las elecciones de este tipo serán inconstitucionales. No lo hicieron y por tanto se está aplicando la ley. Pero conociendo la dinámica en la que está el gobierno catalán de saltarse leyes, creo que les será ya difícil salir de ella”, dijo.
En el fondo el problema sigue siendo el mismo. Mientras que policía y Guardia Civil españolas hacen todo lo que está a su alcance por frenar la consulta, las autoridades autonómicas (Mossos D’Esquadra), siguen en el medio y podrían no impedir su realización el 1 de octubre.
“El objetivo del gobierno catalán es seguir trabajando en el referendo, nombrando a quienes estarán en las mesas, y esta vez sin dar mayor información para evitar respuesta desde Madrid. Entretanto, los Mossos han recibido una orden de impedir el referendo, pero la impresión que da en las calles es que muchos agentes buscarán quedar al margen de los bandos. Todo dependerá del lugar”, dijo Rovira.
De momento están realizando algunas detenciones en las marchas y quitando volantes del referendo en las calles de Barcelona y otras urbes. No obstante, otra podría ser la situación en nueve días.