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34 etnias, en riesgo de extinción
Líderes indígenas señalan que las amenazas siguen, pese a que la Corte ordenó su protección.
Líderes indígenas señalan que las amenazas siguen, pese a que la Corte ordenó su protección. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
06 de abril de 2015
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Han pasado seis años desde que la guerrilla de las Farc cometió uno de los crímenes más dolorosos en la historia de Nariño. Fue la masacre de 27 indígenas Awá, del resguardo Tortugaña Telembí, la que dejó en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades que están en medio del conflicto armado.
Así lo reconoció la Corte Constitucional en el Auto A004 de 2009, con el que le ordenó al Estado tomar medidas para proteger a los grupos étnicos que estaban en riesgo de “ser exterminados cultural o físicamente”.
“Con el auto de la Corte la problemática se hizo visible, pero casi nada ha cambiado”, dice Luis Fernando Arias, consejero Mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Entidades internacionales han respaldado su afirmación. En 2013, Amnistía Internacional le advirtió al Estado que “más de una tercera parte de los pueblos indígenas de Colombia están amenazados con ‘exterminio’”. Un año más tarde, el Observatorio por la Autonomía y los Derechos de los Pueblos Indígenas de Colombia (ADPI) señaló que al menos 34 de las 102 comunidades indígenas que tiene el país podrían desaparecer.
La Corte reconoció a 34 pueblos indígenas en riesgo de extinción, que reúnen a cerca de 35.000 personas. Comunidades como los Wiwa, Hintú, Awá, Nukak Makú y Kamentzá, según el alto tribunal, han ido desapareciendo y perdiendo sus costumbres por factores como el desplazamiento forzado. La Onic ha señalado que los pueblos en riesgo en realidad son 64, es decir, el 62% de los pueblos indígenas en Colombia: “Tenemos casos complicados en regiones como Casanare, con comunidades que han perdido los recursos para subsistir”, dice Arias.
Protección al territorio
Hacen falta por reconocer, según la Onic, comunidades como Tsiripu, Eduria, Pisamira, Piaroa, Wipijiwi, Yaruro, Dujos, Bara, Ocaina, Amorua y Carijona. Después de una serie de diálogos con el Gobierno, la Onic logró que el Ministerio del Interior expidiera el Decreto 2333 de 2014, el cual fija unos mecanismos para la protección de las tierras pertenecientes a los pueblos indígenas. Una de las novedades del decreto fue la creación de “un sistema de coordinación interinstitucional para la unificación de la información predial de los territorios indígenas”. Esto permitirá establecer la ubicación exacta de los territorios a proteger.
Definida la ubicación, el Incoder comenzará a analizar las solicitudes de protección enviadas por las comunidades indígenas. Una vez expedida la resolución de reconocimiento y protección del territorio ancestral, el Incoder establecerá una demarcación del área protegida. Se espera que este año comiencen a verse los resultados de los compromisos que quedaron establecidos en el decreto.
Sobre los grupos étnicos en riesgo de extinción, el Ministerio del Interior le respondió a El COLOMBIANO que “se estima que en la actualidad existen más de 800 solicitudes sin resolver, realizadas por los pueblos indígenas ante el Incoder, sobre la titulación, constitución, saneamiento y ampliación de resguardos indígenas en el país; la mayoría de las cuales lleva más de 16 años en trámite y 828 procesos priorizados por la Comisión Nacional de Territorios, en los cuales no ha existido la diligencia necesaria para avanzar en la protección jurídica de estos territorios indígenas”.
En los pronunciamientos de la Corte Constitucional aparece que, además de los conflictos por las tierras, existen situaciones de pobreza y “débil presencia institucional”. El problema, como lo reconoce el Ministerio, es que “muchos de estos territorios no están priorizados para compra por parte del Estado. Es imperativo requerir el reconocimiento jurídico de la propiedad colectiva de los pueblos indígenas”.
Según los estudios del Ministerio, existen 268 resguardos habitados por un total de 364.934 indígenas (52.130 familias). Esta población habita en un territorio de 149.045 hectáreas “que demandarían ser ampliadas en una superficie no menor a 1.192.628 hectáreas adicionales, con el propósito de asegurar condiciones razonables de vida a las comunidades titulares del dominio de los resguardos”
Antonio Palechor, uno de los voceros del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), explicó que “en lo que se refiere al cumplimiento del auto de la Corte se ha avanzado, pero no se ha cumplido. Las amenazas por parte de los grupos armados y de las bandas criminales continúan. Los decretos no están reglamentados. Todo está en el papel. Para obtener registro en el reconocimiento del Incoder hay que llenar una serie de registros que, por lo menos en el Cauca, a los cabildos les ha costado cumplir”.
En julio, el Cric le presentará una propuesta al Gobierno para reglamentar tres decretos que apuntan a mejorar la calidad de los pueblos indígenas. Si bien estas medidas constituyen un avance, el líder indígena del Cauca, Feliciano Valencia, considera que hace falta un largo camino por recorrer: “En 2009 el Gobierno debió crear una ruta metodológica para atender a 102 pueblos indígenas, según ordenó la Corte. Para las 34 etnias en riesgo de extinción se comprometió a adelantar 34 planes de salvaguarda. Todo esto se quedó en reuniones y conversatorios”.
Hay antecedentes, dice Valencia, que generan escepticismo: “En 1999 se expidió el Decreto 982, que no se ha reglamentado. Los decretos abren posibilidades, solo eso. De ahí a ver acciones concretas, difícil”.
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