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La Corte Constitucional, juez del Congreso y guardián de la carta magna, está coja. De nueve puestos de magistrados que tiene, cuatro están en manos de encargados y, por lo menos en dos de esos casos, no se ve que en el corto plazo vayan a ser elegidos los titulares.
El tema tiene su relevancia para el país. La Corte Constitucional, creada en la Constitución de 1991, tiene, entre otras funciones, la responsabilidad del control de legalidad a la implementación del acuerdo de paz firmado con la guerrilla de las Farc.
Para el exmagistrado Jaime Córdova Triviño, sin perjuicio de la calidad de los magistrados encargados, “no es saludable para la democracia constitucional y para la misma Corte que existan cuatro encargados de nueve titulares. La Corte está abocada a resolver temas trascendentales, como la ley de amnistía frente al acuerdo de paz, el desarrollo normativo de la Justicia Especial de Paz y el Código de Policía”.
Por mandato legal, a los magistrados de esta alta Corte los nombra el Senado de la República, para períodos individuales de ocho años. Los candidatos a esa posición, salen de ternas que presentan el presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.
El 27 de febrero de 2017, Luis Guillermo Guerrero, como presidente de la Corte Constitucional, le hizo un jalón de orejas al presidente Santos y a la Corte Suprema de Justicia, por su dilación en la entrega de sus candidatos para que el Congreso escogiera los reemplazos de los magistrados salientes: Jorge Iván Palacio, Luis Ernesto Vargas, María Victoria Calle y Aquiles Arrieta, este último fue quien reemplazó al suspendido Jorge Pretelt Chaljub, magistrado que afronta un juicio por, presuntamente, haber exigido 500 millones de pesos a Fidupetrol a cambio de influir ante sus colegas en el trámite de una tutela.
El presidente Santos ya hizo su tarea, el pasado 4 de abril. Para reemplazar a Pretelt, postuló a Isabel Cristina Jaramillo, Cristina Pardo Schlesinger y Natalia Ángel Cabo. Y para el puesto de María Victoria Calle, postuló a Néstor Osuna Patiño, María Margarita Zuleta y Carlos Bernal.
Zuleta, quien viene de ser directora de la Agencia Nacional de Contratación Pública, es vista como una firme candidata a la Corte Constitucional, igual que Zuleta, por el apoyo que tiene de un influyente exasesor del gobierno de Santos en el proceso de paz.
Anunciado está que el próximo 10 de mayo el Senado escogerá, de las ternas enviadas por Santos, a dos de los magistrados de la Corte Constitucional. Los otros dos, que deben salir de las ternas de la Corte Suprema, están embolatados.
En primer lugar, porque la Corte Suprema aún tiene asuntos internos para resolver, entre ellos la elección de su presidente, un cargo que desempeña en forma interina José Francisco Acuña, desde el pasado 30 de enero. Acuña es de la Sala Penal y el titular debería salir de la Sala Laboral, pero allí no han podido ponerse de acuerdo en el nombramiento.
Off the record, un exmagistrado anotó que en esa corporación hay una lucha de poder y que, mientras esto no se solucione, será difícil que cumplan con su obligación de remitir las ternas al Senado para la elección de los magistrados de la Corte Constitucional. A esa dignidad aspiran 60 juristas: 30 pretenden ser el reemplazo de Jorge Iván Palacio Palacio y 30 quieren ocupar el puesto de Luis Ernesto Vargas Silva.
El próximo 27 de abril se reunirá la Sala Plena de la CSJ, con procedimiento y acuerdo de metodología, para integrar las dos ternas que remitirá al Senado de la República .