viernes
7 y 9
7 y 9
A Daniel Felipe Uribe Caro, quien iba en motocicleta, lo arrolló un vehículo en agosto pasado en la Autopista al Mar 1, vía que comunica a Medellín con el Occidente de Antioquia, pero quien causó el accidente lo abandonó sobre la carretera.
Técnicamente, estos casos se conocen como “accidentes de tránsito de vehículos no identificados”, pero en el lenguaje popular son llamados “carros fantasma”, pues cometen el accidente y se vuelan.
Sin embargo, el de Uribe Caro es solo un ejemplo de lo que pasa en el país cada año. Según la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social (Adres), en 2017 atendieron 99.836 casos de “carros fantasma”.
Esto indica que fueron 7.143 casos más que en 2016, según Adres, lo que le costó al sistema $156.610 millones, pues como no hay responsable, el Estado asumió costos médicos, indemnizaciones por muerte y los auxilios funerarios, según el caso.
“Vemos que el número de afectados por los ‘carros fantasma’ va en aumento. Para el 2016, el Fosyga (hoy Adres) tuvo que costear las atenciones médicas y las indemnizaciones de 92.693 personas. Y para 2017, la cifra creció en un 8 %, llegando a 99.836 afectados en accidentes de tránsito en donde los vehículos se evadieron”, asegura el director de la Adres, Carlos Mario Ramírez, mostrando una especie de radiografía de este fenómeno que se vive en el país.
Además, Ramírez explica que estos rubros asumidos por la Adres tienen que ver con reclamaciones presentadas por los centros médicos que brindaron la atención inicial y por los familiares de las víctimas, quienes debieron asumir los gastos.
Los recursos para asumir estos accidentes provienen del propio Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (Soat), según explica José Norman Salazar, director del Centro de Derecho Médico, quien destaca que “todos los que tenemos vehículos, cuando compramos el Soat, contribuimos para que el sistema pueda asumir estos costos”.
Al respecto, la Adres destaca que cuando esto sucede, el Estado, a través de la Aseguradora, “cubre los gastos médicos de los afectados hasta por 800 salarios mínimos diarios legales vigentes ($20.833.120) y las indemnizaciones por muerte y gastos funerarios por un monto equivalente a 750 salarios mínimos diarios legales vigentes a la fecha del fallecimiento (19.531.050), según explicó Ramírez, tras destacar que Bogotá (18.511) y Atlántico (17.312) son las regiones del país donde más se registraron este tipo de casos.
Es tal el costo que representan este tipo de accidentes que, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que las colisiones de vehículos de motor cuestan entre el 1 % y el 3 % del Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, según expone la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda) en su informe “Costos de la accidentalidad vial en Colombia”, publicado este año.
Además, agrega Fasecolda, “esa cifra se debe a los costos del tratamiento médico y a la pérdida de productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas por sus lesiones, además del tiempo de trabajo o estudio que los familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos”.
Otro dato que resulta llamativo en este fenómeno tiene que ver con que “en el 87,4 % de los accidentes de tránsito atendidos anualmente por el Soat está involucrada una moto”, según Fasecolda.
La preocupación que se mantiene en el país tiene que ver con que, según la Adres, el 37 % de los vehículos que circulan actualmente por el país no cuentan con el Soat, lo que representará un gasto para el sistema de salud, pues es al que le reclaman a las entidades médicas y hospitales que atienden la emergencia para sanear la deuda generada.
En agosto, el director de la Adres había dejado claro que ese porcentaje corresponde a alrededor de “cinco millones de evasores del Soat” y, de estos, “el 77 % corresponde a las motos, que son las que mayores gastos generan”.
Al respecto, Fasecolda ha destacado que la evasión que presenta el no pago del Soat le resta alrededor de $1,2 billones anuales al sistema de salud, lo que, a juicio de del director del Centro de Derecho Médico, se ve reflejado en las dificultades para que el sistema pueda asumir este tipo de casos, en los que se ven afectadas víctimas de “carros fantasmas”, tal cual le sucedió al conductor de la motocicleta hace dos meses.